Estos días de confinamiento han cambiado la manera de ver la vida de muchos ciudadanos. Donde antes teníamos certezas y seguridad, libertad y comodidades, ahora tenemos miedo e incertidumbre. De eso se aprovechan tantas noticias falsas, entre el tremendismo y el populismo pasando por el tinte de ideologías extremas. Corremos el riesgo, como sociedad, de dar pábulo a informaciones que no son tales, a opiniones a veces delirantes y a todo tipo de conspiraciones que un segundo de reflexión juzgaría imposibles. Hay que mantener la cabeza fría y recordar que somos seres racionales en cada whatsapp.

Tampoco algunos políticos ayudan porque en este clima de miedo e inseguridad, aprovechan para lanzar discursos puramente demagógicos, en los que prometen a una parte de la población -"la gente" les llaman cuando se están refiriendo en realidad solo a una parte de la gente- la solución de todos los problemas a costa, casi siempre, de la otra parte de la población, claro. Porque aunque parezca que el Estado todo lo puede, la realidad es que tiene recursos ingentes pero limitados, no son infinitos.

En este clima de miedo e inseguridad, algunos políticos aprovechan para lanzar mensajes demagógicos en los que prometen a una parte de la población -"la gente", les llaman-, la solución a sus problemas a costa de la otra parte de la población

Hemos oído en los discursos de la izquierda más radical, cosas como que los Reales Decretos Leyes de medidas económicas por el COVID-19 tenían que condonar, perdonar -no simplemente aplazar o renegociar- a los acreedores cuotas hipotecarias y alquileres, por ejemplo. O sea, sustraer al acreedor hipotecario o al arrendador una parte de su patrimonio sin más, por Ley. Decidir por Ley sobre el dinero particular de personas y empresas. No sobre el dinero del Estado, sino sobre el privado. Se suele decir que es disparar con pólvora del Rey.

Y cuando se pregunta por la explicación legal de semejante propuesta, de nuevo el populismo simplista. La Constitución Española sólo tiene un artículo y empieza a contar por el 128, los anteriores y los posteriores no son relevantes. "Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" [art. 128].

No se hable más... Nos imaginamos a un Vicepresidente del Gobierno de España andando por las calles rodeado de "la gente" diciendo "exprópiese". Pues "la gente", la que ve en riesgo su riqueza y patrimonio que tanto le ha costado conseguir a través de su trabajo y esfuerzo me ha preguntado si esto es jurídicamente posible, si tienen que tener miedo ante este tipo de propuestas expropiatorias. 

Pues "la gente", la que ve en riesgo su riqueza y patrimonio que tanto le ha costado a través de su trabajo, me ha preguntado si es jurídicamente posible, si deben temer este tipo de propuestas expropiatorias

Porque esto es a nivel individual, pero a nivel colectivo el discurso es mucho más duro, planteándose la nacionalización de la Banca, de las compañías eléctricas, lo que en el fondo supone la expropiación del dinero que los accionistas de esas empresas han invertido. No es posible dentro de nuestro marco normativo. Rotundamente, no.

La Constitución tiene más que un artículo. Todos ellos deben ser reivindicados -no estamos ante un menú a la carta- y deben interpretarse en su conjunto. Ninguno vence a los demás en su aplicación. Y menos cuando los que voy a citar se encuentran dentro de lo que la Constitución denomina "los derechos fundamentales".

El artículo 38 de la Constitución señala que "se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado". Sí, claro, dentro de las exigencias de la economía general, ¡cómo no! Somos un Estado democrático y de Derecho y un Estado Social.

El artículo 33 dice que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización"

Pero sobre todo interesa destacar el artículo 33, donde se reconoce el derecho a la propiedad privada. Se dice que la función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes, es decir, no puede el capricho de un gobernante el que decida el destino de la propiedad privada. Pero, sobre todo, que "nadie podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes".

El Estado no puede privar de sus bienes a los ciudadanos, vamos. En la misma línea el artículo 31 señala que los impuestos no tendrán alcance confiscatorio. Como ven, los discursos populistas que algunos están aprovechando para airear estos días vistiéndolos de fórmulas mágicas en un momento de especial debilidad y vulnerabilidad para centenares de miles de familias, deben ser desmontados con la fuerza de la ley, que es también en los tiempos más inciertos, la máxima garantía de protección de que dispone la ciudadanía. Fíjense si no, en la utilidad del Estado de Alarma que nos está permitiendo, poco a poco, luchar contra la voraz propagación del Covid19.