Opinión
El Real Decreto-Ley 16/2020, en materia de Justicia
Por Edmundo Bal
Los magníficos profesionales que sostienen con su esfuerzo la Justicia tendrán que seguir trabajando con medios prehistóricos, consiguiendo con su voluntad superar la negligencia que durante cuarenta años han demostrado tanto el PP como el PSOE

Ciudadanos votó en contra en el trámite de convalidación de este RDL en el Congreso de los Diputados. Voy a explicar por qué.

En primer lugar, como ya se ha dicho aquí en otros artículos, se opta por el Real Decreto-Ley que constriñe la labor de oposición, dado que la votación es final y sobre el conjunto del texto, sin poder introducir enmiendas. Si el Gobierno, a través del Ministro de Justicia, hubiera previamente negociado su contenido, hubiéramos podido hacer aportaciones. Pero no fue así: simplemente se nos informó el día anterior a su aprobación en el Consejo de Ministros. Unilateralidad del Gobierno, poco respeto hacia el consenso y la unidad que sin embargo tanto le piden a la oposición.

La prórroga no es la solución pero la entrada en vigor era inminente y los problemas creados por la Ley muchísimos  

En segundo lugar, el RDL contiene disposiciones relativas a la corrección de otros RDLs anteriores, que están tramitándose como proyectos de Ley en trámite de enmiendas. Hay que decir que, a pesar de que las formas son muy deficientes, al ampliar las ayudas económicas y sociales de colectivos que las necesitan, en esta cuestión no habría habido objeción más allá de considerar que el Gobierno se ha quedado corto en las ayudas. Hubiera sido necesario ser más ambicioso sin duda.

En tercer lugar, se prorroga la entrada en vigor de la Ley del Registro Civil que lleva ya diez años sin entrar en vigor porque el PP y el PSOE no saben cómo organizar definitivamente los registros civiles. La prórroga no es la solución pero la entrada en vigor era inminente y los problemas creados por la Ley muchísimos. Los funcionarios en los registros civiles de todos los pueblos de España llevan estos 10 años viviendo en la agonía de no saber qué va a ser de su trabajo y sus vidas.

En cuarto lugar se establecen medidas poco ambiciosas en los ámbitos de los Juzgados de lo Mercantil y la jurisdicción social ante la avalancha de procesos que se prevén por las consecuencias económicas de la pandemia. También en el ámbito de derecho de familia. Son reformas bastante pobres, con importantes carencias, pero no nos detendremos en ellas porque no es el momento. Pero sí podemos decir ya aquí que este RDL es mera propaganda, no un conjunto de medidas completas y eficaces para resolver problemas (que es lo que se espera de la norma con rango de Ley) sino un mero spot publicitario para colgarse el Ministro una medalla y tener su minuto de gloria en el telediario.

El Consejo General de la Abogacía Española ya lo advirtió por escrito: esta medida es ineficaz, es contraproducente y lesiona el derecho a la defensa de los Abogados 

La medida estrella de este RDL es la habilitación de 20 días del mes de agosto, del día 11 al 31, con dos efectos: poder celebrar vistas (sean telemáticas o presenciales) y corriendo los plazos procesales para interponer recursos, formular alegaciones, etc.

La justificación gubernamental es completamente ridícula. La extraordinaria y urgente necesidad de este RDL por preverse una lógica avalancha de asuntos que colapse una justicia ya colapsada no se va a solucionar habilitando 20 días del mes de agosto. Suena a chiste.

Porque además en esos días del mes de agosto no se van a poder reunir todas las personas que concurren a las vistas judiciales en las distintas jurisdicciones: abogados, procuradores, graduados sociales, partes procesales, testigos, peritos, policías, etc. Lo que va a ocurrir es que estas vistas se van a suspender, creando aún más tapón en los Juzgados.

El Consejo General de la Abogacía Española ya lo advirtió por escrito: esta medida es ineficaz, es contraproducente y lesiona el derecho a la defensa de los Abogados. El Tribunal Constitucional se declaró también rebeldía señalando que ellos en agosto no habilitarían los plazos. Todos los profesionales públicos y privados de la Justicia expresaron su irritación por una medida adoptada sin consulta y consenso...

Para el profesional individual que no tiene empleados, el pequeño y el mediano despacho de abogados en los que los profesionales llevan personalmente, bajo su responsabilidad, sin delegar en nadie sus propios asuntos, supone, sin más, una expropiación sin indemnización por RDL de su derecho a las vacaciones, a la conciliación de la vida personal y laboral. Bien te señalen una vista telemática o personal, bien te notifiquen una sentencia que tengas que recurrir y no tengas el expediente digitalizado (que es lo más frecuente en este grupo de profesionales y el Juzgado tampoco se lo proporciona) cógete el coche, deja a tu familia en la playa, vete a tu despacho, haz la vista o el recurso y vuélvete.

No se puede legislar desde la moqueta del despacho, hay que haber ido a muchos Juzgados, tener los pies en la tierra y el corazón dentro de la toga, llevar mucho tiempo en esto para saber que el problema principal de la Justicia es la falta de inversión. El ministro de Justicia lo niega, dice que hay que huir de soluciones incrementalistas, que hay que organizar mejor la Justicia -y es verdad que hay que organizarse mejor, pero no basta con eso-. Es difícil estar más ajeno a la realidad cuando todos los protagonistas están de acuerdo en que hay que invertir en Justicia. El Ministro parece que está poniendo la venda antes que la herida porque ya se imagina que Presupuesto en Justicia no va a haber.

Los magníficos profesionales que sostienen con su esfuerzo la Justicia tendrán que seguir trabajando con medios prehistóricos, consiguiendo con su voluntad superar la negligencia que durante cuarenta años han demostrado tanto el PP como el PSOE. La Justicia siempre ha sido la hermana pobre de los Presupuestos. Pero en ese esfuerzo de no rendirnos hemos estado muchos.

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