
La amnistÃa hace desparecer el delito: los que un dÃa cometieron gravÃsimos delitos, fueron juzgados y condenados por los tribunales de Justicia, se convierten, de la noche a la mañana, en ciudadanos inocentes |
En el pacto polÃtico suscrito entre el Partido Sanchista Socialista y ERC para que esta formación se abstuviera en la sesión de investidura, ambas formaciones afirmaban y aceptaban que la solución del problema catalán pasa por la necesaria "desjudicialización" del conflicto polÃtico entre España y Cataluña.
En el debate de investidura Pedro Sánchez fue requerido en varias ocasiones por Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, para que explicara qué significaba esta "desjudicialización" de la polÃtica, porque la frase, además de producir escalofrÃos, resulta sorprendente y nos lleva a preguntarnos qué es lo que cree que puede hacer un Gobierno -poder ejecutivo- cuando la Justicia se pone en marcha y abre procedimientos judiciales para la investigación y persecución de los delitos cometidos.
Presionar a los jueces no es posible porque además de suponer una vulneración del principio fundamental de división de poderes, consagrado en nuestra Constitución, es un delito tipificado en el Código Penal. Otra posibilidad serÃa la derogación del delito de sedición reformando el Código Penal, de modo que la destipificación del delito se aplicara retroactivamente y ello beneficiara a los condenados por la sentencia del ‘procés'. Algo, precisamente, en el sentido contrario a lo que Sánchez prometió a los españoles en campaña. Parece poco probable que un Código Penal europeo no vaya a tipificar y castigar el delito de sedición, puesto que todos los códigos europeos lo contemplan y se trata de un delito contra el orden público, que garantiza la seguridad ciudadana. En cualquier caso, la aplicación retroactiva de la eventual destipificación del delito de sedición solo beneficiarÃa a los condenados en cuanto a esta condena, pero no a las condenas por malversación de caudales públicos y desobediencia, siendo imposible por pura lógica la derogación de estos tipos penales. No parece razonable ni siquiera para un gobierno tan irracional como el que tenemos.
Pero el Gobierno sà cuenta con un instrumento de su exclusiva competencia que podrÃa ser usado para lograr esa pretendida e infame "desjudicialización" de la polÃtica: el indulto. Muchas son las ocasiones en que desde Ciudadanos hemos preguntado al Gobierno si indultarÃa a los condenados tras una más que previsible sentencia de condena, y el Gobierno ha callado y ha eludido las respuestas directas, lo que nos puede llevar a pensar que, efectivamente, ésta puede ser la solución "polÃtica" que piensa dar al "conflicto polÃtico". El indulto de tan graves delitos nos parecerÃa sencillamente indecente, pero es que además parece que no es suficiente para ERC.
El indulto es una institución penal en virtud de la cual una conducta que ha sido juzgada como injusta y culpable por sentencia firme permite que el Gobierno conmute la pena por razones de polÃtica criminal, en contra de lo que representa la estricta separación de poderes. El Ejecutivo "perdona" el delito, pero el delito existe y sigue siendo delito. El delincuente sigue siendo un convicto condenado, de modo que el delito no se borra del mundo del Derecho: sólo desaparece la pena y no hay indemnización alguna por la parte de pena que ya se ha cumplido. Y si se han causado daños a terceros y hay responsabilidades civiles (en este caso, las hay por el delito de malversación), hay que indemnizarlas, a pesar del indulto.
Por este motivo, porque tras el indulto los delincuentes siguen siendo delincuentes, la vÃa del indulto no es suficiente para aquellos que ayudaron a Sánchez a ser presidente. El portavoz de ERC despejó todas nuestras dudas durante el debate de investidura: solo la amnistÃa es posible y sin amnistÃa no habrá Gobierno.
A diferencia del indulto, la amnistÃa sà hace desparecer el delito: los que un dÃa cometieron gravÃsimos delitos, fueron juzgados y condenados por los tribunales de Justicia, se convierten, de la noche a la mañana, en ciudadanos inocentes, sin antecedentes penales, ni consecuencia alguna derivada de aquella conducta, ni penal, ni civil. Como si tales delitos no se hubieran cometido nunca.
Desde el sentido común resulta inadmisible, por inmoral, que puedan existir semejantes privilegios, por la quiebra que suponen no solo del principio de igualdad sino además del principio de separación de poderes.
La Constitución Española, en su artÃculo 62.i señala que corresponde al Rey el ejercicio del derecho de gracia e indulto, sin que en ningún caso se puedan autorizar indultos generales. El Rey ejerce este derecho a propuesta del Gobierno, evidentemente, y con el refrendo del Presidente del Gobierno. Nada se dice en la Constitución sobre las amnistÃas.
Un sector doctrinal muy relevante (que cuenta con personas como Enrique Gimbernat por ejemplo), sostiene que la amnistÃa es inconstitucional porque si la Constitución prohÃbe los indultos generales con mayor razón resultan prohibidas las amnistÃas: ¿cómo va a permitir nuestra Constitución que se dicten amnistÃas en favor de una clase de personas y un tipo de delitos, si se prohÃben los indultos generales, cuyos efectos sobre los condenados son más suaves que en el caso de la amnistÃa? En mi opinión, este argumento es demoledor.
El lunes 13 nos levantamos con la noticia de que Dolores Delgado, exministra de Justicia del PSOE, será propuesta como Fiscal General del Estado por Pedro Sánchez. ¿Era esto a lo que se referÃa Sánchez durante su investidura cuando hablaba de desjudicializar la polÃtica? Más bien parece todo lo contrario: la politización absoluta de la Justicia. Se trata de un nombramiento que atenta contra los más elementales principios de imparcialidad, independencia técnica y no vinculación polÃtica que deben presidir la actuación de la FiscalÃa en el ejercicio de la acción penal, en defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y el interés general de todos los españoles, como disponen los artÃculos 124 de la Constitución y los del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Lo único que nos queda esperar del señor Sánchez es que intente por ley o decreto ley hacer senador a su caballo, como el emperador CalÃgula. Tiempo al tiempo.
Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas.