En el pacto político suscrito entre el Partido Sanchista Socialista y ERC para que esta formación se abstuviera en la sesión de investidura, ambas formaciones afirmaban y aceptaban que la solución del problema catalán pasa por la necesaria "desjudicialización" del conflicto político entre España y Cataluña.

En el debate de investidura Pedro Sánchez fue requerido en varias ocasiones por Inés Arrimadas, portavoz de Ciudadanos, para que explicara qué significaba esta "desjudicialización" de la política, porque la frase, además de producir escalofríos, resulta sorprendente y nos lleva a preguntarnos qué es lo que cree que puede hacer un Gobierno -poder ejecutivo- cuando la Justicia se pone en marcha y abre procedimientos judiciales para la investigación y persecución de los delitos cometidos.

Presionar a los jueces no es posible porque además de suponer una vulneración del principio fundamental de división de poderes, consagrado en nuestra Constitución, es un delito tipificado en el Código Penal. Otra posibilidad sería la derogación del delito de sedición reformando el Código Penal, de modo que la destipificación del delito se aplicara retroactivamente y ello beneficiara a los condenados por la sentencia del ‘procés'. Algo, precisamente, en el sentido contrario a lo que Sánchez prometió a los españoles en campaña. Parece poco probable que un Código Penal europeo no vaya a tipificar y castigar el delito de sedición, puesto que todos los códigos europeos lo contemplan y se trata de un delito contra el orden público, que garantiza la seguridad ciudadana. En cualquier caso, la aplicación retroactiva de la eventual destipificación del delito de sedición solo beneficiaría a los condenados en cuanto a esta condena, pero no a las condenas por malversación de caudales públicos y desobediencia, siendo imposible por pura lógica la derogación de estos tipos penales. No parece razonable ni siquiera para un gobierno tan irracional como el que tenemos.

Pero el Gobierno sí cuenta con un instrumento de su exclusiva competencia que podría ser usado para lograr esa pretendida e infame "desjudicialización" de la política: el indulto. Muchas son las ocasiones en que desde Ciudadanos hemos preguntado al Gobierno si indultaría a los condenados tras una más que previsible sentencia de condena, y el Gobierno ha callado y ha eludido las respuestas directas, lo que nos puede llevar a pensar que, efectivamente, ésta puede ser la solución "política" que piensa dar al "conflicto político". El indulto de tan graves delitos nos parecería sencillamente indecente, pero es que además parece que no es suficiente para ERC.

El indulto es una institución penal en virtud de la cual una conducta que ha sido juzgada como injusta y culpable por sentencia firme permite que el Gobierno conmute la pena por razones de política criminal, en contra de lo que representa la estricta separación de poderes. El Ejecutivo "perdona" el delito, pero el delito existe y sigue siendo delito. El delincuente sigue siendo un convicto condenado, de modo que el delito no se borra del mundo del Derecho: sólo desaparece la pena y no hay indemnización alguna por la parte de pena que ya se ha cumplido. Y si se han causado daños a terceros y hay responsabilidades civiles (en este caso, las hay por el delito de malversación), hay que indemnizarlas, a pesar del indulto.

Por este motivo, porque tras el indulto los delincuentes siguen siendo delincuentes, la vía del indulto no es suficiente para aquellos que ayudaron a Sánchez a ser presidente. El portavoz de ERC despejó todas nuestras dudas durante el debate de investidura: solo la amnistía es posible y sin amnistía no habrá Gobierno.

Tras el indulto los delincuentes siguen siendo delincuentes, la vía del indulto no es suficiente para aquellos que ayudaron a Sánchez a ser presidente

A diferencia del indulto, la amnistía sí hace desparecer el delito: los que un día cometieron gravísimos delitos, fueron juzgados y condenados por los tribunales de Justicia, se convierten, de la noche a la mañana, en ciudadanos inocentes, sin antecedentes penales, ni consecuencia alguna derivada de aquella conducta, ni penal, ni civil. Como si tales delitos no se hubieran cometido nunca.

Desde el sentido común resulta inadmisible, por inmoral, que puedan existir semejantes privilegios, por la quiebra que suponen no solo del principio de igualdad sino además del principio de separación de poderes.

La Constitución Española, en su artículo 62.i señala que corresponde al Rey el ejercicio del derecho de gracia e indulto, sin que en ningún caso se puedan autorizar indultos generales. El Rey ejerce este derecho a propuesta del Gobierno, evidentemente, y con el refrendo del Presidente del Gobierno. Nada se dice en la Constitución sobre las amnistías.

Un sector doctrinal muy relevante (que cuenta con personas como Enrique Gimbernat por ejemplo), sostiene que la amnistía es inconstitucional porque si la Constitución prohíbe los indultos generales con mayor razón resultan prohibidas las amnistías: ¿cómo va a permitir nuestra Constitución que se dicten amnistías en favor de una clase de personas y un tipo de delitos, si se prohíben los indultos generales, cuyos efectos sobre los condenados son más suaves que en el caso de la amnistía? En mi opinión, este argumento es demoledor.

 Â¿Cómo va a permitir nuestra Constitución que se dicten amnistías en favor de una clase de personas y un tipo de delitos, si se prohíben los indultos generales, cuyos efectos sobre los condenados son más suaves que en el caso de la amnistía? 

El lunes 13 nos levantamos con la noticia de que Dolores Delgado, exministra de Justicia del PSOE, será propuesta como Fiscal General del Estado por Pedro Sánchez. ¿Era esto a lo que se refería Sánchez durante su investidura cuando hablaba de desjudicializar la política? Más bien parece todo lo contrario: la politización absoluta de la Justicia. Se trata de un nombramiento que atenta contra los más elementales principios de imparcialidad, independencia técnica y no vinculación política que deben presidir la actuación de la Fiscalía en el ejercicio de la acción penal, en defensa de la legalidad, los derechos fundamentales y el interés general de todos los españoles, como disponen los artículos 124 de la Constitución y los del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Lo único que nos queda esperar del señor Sánchez es que intente por ley o decreto ley hacer senador a su caballo, como el emperador Calígula. Tiempo al tiempo.