El Tribunal General de la Unión Europea ha decidido retirarle la inmunidad parlamentaria al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y a los exconsellers y eurodiputados Clara Ponsatí y Toni Comín. Para el Gobierno de Pedro Sánchez, la sentencia de la Justicia europea es una suerte de bendición que le distancia del independentismo, pero en Cataluña representa más una forma de seguir ganando aire a las puertas de la campaña.

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Con la decisión del TGUE, los recursos interpuestos por los dirigentes independentistas en 2021 son desechados y el instructor Pablo Llarena podrá reactivar las euroórdenes, aunque la defensa de los prófugos aclara que el fallo aún puede ser recurrido en casación en Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), es decir, no hay riesgo de detención inminente para Puigdemont y Comín.

La exconsellera de Educación de la Generalitat, Clara Ponsatí.

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El caso de Ponsatí es diferente, porque tras la reforma al Código Penal pactada entre el Gobierno de coalición y ERC, la exconseller solo ha quedado procesada por desobediencia, un delito no penado con cárcel. "Cataluña quiere mirar al futuro y no a los representantes de la época más negra. Puigdemont se fugó con un gobierno del PP, la incompetencia del PP que no falte, y ahora con este gobierno está más cerca que rinda cuentas ante la justicia", dijo hoy Félix Bolaños.

Aunque el independentismo catalán venda el fallo como parte de una persecución política que comienza en Madrid y continúa en Luxemburgo, el margen de maniobra es reducido

Aunque el independentismo catalán venda el fallo como parte de una persecución política que comienza en Madrid y continúa en Luxemburgo, el margen de maniobra es reducido. El procés ha naufragado y los referentes separatistas se encuentran deambulando por Europa, donde cada vez les cuesta más explicar por qué evaden a la justicia española. Puertas adentro, la sociedad catalana parece estar pasando de página, o al menos no se produjo un apoyo masivo a sus formaciones el 28M.

Pere Aragonès volvió a agitar las aguas en Twitter, pero ya era un gesto vacío. "Ante la represión, seguimos defendiendo que organizar un referéndum no es delito, sino un derecho democrático para todos los pueblos", escribió el presidente catalán, quien sabe bien que no habrá consulta por falta de espalda política y la presión de la urgencia de la gestión. La sentencia solo puede aportar en un ámbito: el frente electoral al que aspiran los republicanos y los posconvergentes.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

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Esa alianza informal había sido sugerida por el número uno de la Generalitat luego de que se conocieran los resultados de las municipales, y pronto Laura Borràs dio luz verde a la propuesta. Los dos partidos estaban negociando la conformación de los ayuntamientos y Junts estaba a punto de hacerse con Barcelona, gracias al apoyo de ERC, que se quitó del lado del PSC y los comunes para privilegiar el independentismo por sobre un ejecutivo municipal de izquierda.

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Cerrado ese proceso, la reconciliación ofertada por Aragonès a sus exsocios del Govern ha quedado congelada y sin unidad no habrá nueva consulta soberanista. ERC no atraviesa tampoco su mejor momento. Según la encuesta del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) de la Generalitat de cara a las generales, el PSC sería el primer partido con entre 16 y 18 escaños en el Congreso, ERC obtendría entre ocho y diez diputados y Junts, entre siete y nueve.