Rogelio Frigerio denunció que heredó una provincia en bancarrota. Entre Ríos fue una de las jurisdicciones que mostró un mayor deterioro de las cuentas públicas. 

Si bien esta dinámica responde en mayor medida al aumento excesivo del gasto público que imprimió la gestión Bordet, comportamiento típico en un año electoral.  

En términos de liquidez, medida por los depósitos provinciales en el sistema financiero local, se observa que el stock de la provincia registró una caída real interanual del 65% durante 2023, ubicándose 54 puntos porcentuales por debajo del promedio de las 24 Jurisdicciones,  presentando la peor dinámica de todo el país. 

Una forma complementaria de analizar la caída del nivel de liquidez es identificar qué porcentaje de la nómina salarial mensual podría ser financiada aplicando el stock de depósitos, es decir, qué cobertura salarial otorgan los saldos disponibles de la provincia. En este marco, puede observarse que tras promediar argenes cercanos a 4 veces durante 2022, el ratio presenta un marcado deterioro a lo largo de 2023, acelerándose en la segunda mitad del año, dejando a la nueva administración una cobertura de apenas 1,1 nóminas salariales.

Respecto a la recaudación, Entre Ríos presentó una caída real del 7.7%,  ubicándose 6.3 puntos porcentuales por debajo del promedio de las provincias, y presentando así, nuevamente, el peor registro del país. 

En este caso tampoco debe soslayarse la caída del nivel de actividad y la sequía que afectó a la región agrícola. Tal es así que Córdoba y PBA completan el podio de las peores performances. 

Si bien podría señalarse como positivo el crecimiento del gasto de capital, esto no logó revertir que Entre Ríos siguiera ubicándose entre las provincias con menores niveles de inversión pública, observándose que, al cierre del primer semestre de 2023 (último dato disponible), la provincia destinaba apenas el 6% del gasto primario a erogaciones de capital, frente al 13% del promedio de las 24 jurisdicciones, ubicándose como el tercer peor distrito del país. El déficit de inversión en infraestructura pública, que permite apalancar el desarrollo y crecimiento del sector privado, es otra de las herencias que deberá revertir, en el corto o mediano plazo, la nueva gestión de gobierno.

En resumen, la foto de cierre de 2023 permite identificar un fuerte deterioro en el balance fiscal de la Provincia de Entre Ríos, que en 2024 contará el agravante del recorte en las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional, la merma en la coparticipación federal, por la recesión y las reformas en Ganancias, y una mayor demande de gasto social derivada de la inercia inflacionaria. 

En el plano financiero, por primera vez desde la emisión de 2017, la provincia deberá enfrentar un doble pago de capital, lo cual implicará un gasto de USD130 millones anuales, cuya primera mitad vencía a los pocos días del cambio de mandato y llamativamente pudo ser cubierta en tiempo y forma, pese a que el Fondo de Reserva constituido a tal fin apenas cubría el 40% del total a vencer. 

En este escenario desafiante, las nuevas autoridades deberán llevar adelante una eficiente gestión del gasto público, a la vez que deberán explorar diversas alternativas para apuntalar el flujo de ingresos públicos, como así también de financiamiento, para lograr navegar las complejas aguas que promete para las provincias este año.