Cuando la vicepresidenta Victoria Villarruel abra el próximo 23 de febrero la sesión en el Senado para la cual convocó este viernes, se habrán cumplido más de 60 días desde que Javier Milei anunció el envío del DNU 70/23 al Congreso. 

Sin embargo, la queja de la oposición es que tampoco se le podría dar tratamiento en ese marco porque la cita solo contempla la formalización de la designación de autoridades que votó el pleno de la Cámara Alta el pasado 13 de diciembre, cuando Villarruel logró una mayoría de 39 legisladores contra el peronismo para correrlo de las presidencias de las comisiones importantes y reducir su participación.

LPO consultó en despachos del peronismo y el radicalismo sobre la posibilidad de que en ambas bancadas empujen para que se discuta el mega DNU o se apruebe la ley contra el lavado que exige el GAFI pero las respuestas fueron negativas. "A lo sumo se plantearían cuestiones de privilegio", explicaron desde el entorno de un senador kirchnerista.

En el interbloque liderado por José Mayans y Juliana Di Tullio hacen cuentas y estiman que el rechazo a esa iniciativa de Milei supera con comodidad los 37 votos pero hay senadores que advierten que no todos los colegas suyos que se manifiestan en contra están dispuestos a dar quórum. Así, el peronismo junta 33 votos, más los de Carlos Camau Espínola, Edgardo Kueider y Mónica Silva, la mitad de la cámara.

Hay dudas sobre la inclinación de la neuquina Lucila Crexell y los misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut. Como informó LPO, sobran valientes que cuestionan la herramienta, por su forma o su contenido, pero tal vez no sean suficientes los que se sienten a sus bancas o permanezcan en ellas para sepultarla.

De hecho, hasta en el bloque PRO admitieron ante este medio que había legisladores que no podían votar a favor del DNU pero anhelaban que el tema no llegara a recinto para no tener que rechazarlo. Sobre esos titubeos pilotea la situación Villarruel para mantener el recinto cerrado con llave, tal como reprocha el peronismo.

La UCR también atraviesa su propia deliberación interna. Tras la cadena nacional de la que se valió el Presidente para anunciar el DNU, Martín Lousteau y Maximiliano Abad propusieron una ley espejo al decreto e, inclusive, la santafecina Carolina Losada presentó un proyecto específico con ese propósito. El desgaste producido durante enero con la ley ómnibus en la Cámara de Diputados habría mermado la voluntad de un sector del radicalismo en ese sentido y ya no abundan correligionarios ansiosos por apoyarlo.

No deja de ser sintomático que la diputada Pamela Verasay haya divulgado un comunicado aduciendo que "el rechazo completo al DNU huele a capricho". "Quedarnos con el mismo discurso que el kirchnerismo no solo es errado sino que también va en contra de las demandas que plantearon nuestros votantes", argumentó.

El pronunciamiento de Verasay debe leerse, no obstante, como una respuesta a las últimas intervenciones públicas de Lousteau, con críticas cada vez más fuertes a Milei. La diputada mendocina fue una de las dirigentas radicales más indignadas con la reunión con intendentes que organizó el presidente de la UCR, por Zoom, este miércoles por la noche, dejando afuera a las autoridades del partido que responden a los gobernadores.

Otro de los temas que contó con el despliegue y los aportes de senadores radicales y postergaría Villarruel es el de la ley que combate el lavado de activos, tal como exige el Grupo de Acción Financiera Internacional. El gobierno tenía premura por lograr la aprobación en recinto ante la inminente visita de una misión del GAFI pero la bronca de Milei contra el Poder Legislativo y el temor de la Vicepresidenta a sesionar y correr el riesgo de que el peronismo fuerce el debate sobre el DNU dieron por tierra con las gestiones que involucraron hasta al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Librarona, quien llamó a legisladores de la UCR para pedirles que dejaran de lado sus objeciones o elaboraran proyectos que modificaran la norma en ordinarias.

Como sea, el escenario podría admitir la calificación de "parálisis institucional" que utiliza el peronismo. Fuentes parlamentarias recordaban que, en 2001, la oposición tuvo que apelar a un escribano para abrir el recinto y sesionar. Lejos de aquellos tiempos, en la bancada de Mayans suponen que a Villarruel "ya no le queda otra que convocar" para el tratamiento del DNU.