La senadora del Frente de Todos Juliana Di Tullio, presidenta del bloque kirchnerista Unidad Ciudadana, presentó un proyecto de ley que propone controles antidóping a los funcionarios de los tres poderes del Estado, con la posiiblidad de suspenderlos si resultan positivos hasta que se recuperen.

"La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia", afirmó Di Tullio.

La iniciativa generó sospechas entre legisladores y personal de la Cámara alta sobre si la senadora conoce alguna situación de consumo entre sus pares. Por lo pronto, consiguió la firma del jefe del Frente de Todos José Mayans, de la vice Anabel Fernández Sagasti y de Oscar Parrilli, todos de trato cotidiano con Cristina Kirchner. 

La situación que estamos viviendo con el narcotráfico nos obliga como funcionarios a comprometernos en serio. No podemos decir una cosa y hacer otra, el pueblo nos está pidiendo coherencia.

El proyecto establece la realización obligatoria de un examen de detección de metabólicos de drogas ilegales en orina al menos una vez al año y de manera aleatoria, a cargo de la Secretaría de Políticas Integrales sobre drogas, que depende de la Jefatura de Gabinete de Ministros.

Debería hacerse el análisis el presidente y vice de turno, los ministros y secretarios y subsecretarios de Estado; los legisladores, secetarios y prosecretarios legislativos, que son funcionarios elegidos por cada cámara para el manejo administrativo y parlamentario. También los magistrados de todos los niveles y cargos judiciales hasta el grado de prosecretario administrativo.  

Si algún examen detectara el consumo de alguna "droga ilegal", el proyecto no establece la explusión del  funcionario sino una "suspensión y/o licencias hasta su recuperación, respetándose las garantías constitucionales del debido proceso". Un dato nada menor: no establece que la información deba ser confidencial.