El presidente Javier Milei podría llevarse una sorpresa cuando los funcionarios de su entorno terminen de confeccionar el decreto que le prometieron para terminar con los fideicomisos, bajo el propósito de alcanzar un ahorro de 2 mil millones de dólares.

Según un informe del Instituto Consenso Federal (ICS) al que accedió LPO en exclusiva, "de los 29 Fondos Fiduciarios que están efectivamente activos dependiendo del Sector Público Nacional, 21 fueron creados por ley del Congreso y sólo pueden ser eliminados por ley". Y aunque hay 7 que se crearon por decreto y podrían dejarse sin efecto por la misma vía", el Presidente podría toparse con obstáculo difícil frente al Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, creado por la resolución Nº 657 de la Secretaría de Energía en 1999 pero modificado por una ley de 2001 para otorgarle un financiamiento adicioanl.

El ex diputado y director del ICS, Alejandro "Topo" Rodríguez, explicó que "la realidad es que hay 6 fondos que pueden ser dados de baja por decreto", y estimó que el ahorro fiscal podría ser apenas por la mitad de lo que apuntan en Casa Rosada: 1000 millones de dólares.

La media docena de fideicomisos que podrían liquidarse por decreto serían el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (Decreto N° 286/1995), cuya función es financiar programas de reforma fiscal y financiera de las provincias; el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica (Decreto N° 1381/2001), destinado a obras de agua y pago de compensaciones tarifarias; el Fondo Fiduciario de Capital Social - FONCAP (Decreto N° 675/1997), centrado en el apoyo a microempresas en todo el país; el Programa Crédito Argentino del Bicentenario para la vivienda única familiar - PROCREAR (Decreto DNU N° 902/2012); el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Seguridad Aeroportuaria (Decreto DNU N° 1334/2014); y el Fondo Fiduciario para la Cobertura Universal de Salud (Decreto DNU N° 908/2016), creado para la modernización, equipamiento y fortalecimiento del sistema de salud pública.

Otro fideicomiso para el que Milei necesitaría del Congreso es el del Sistema de Infraestructura de Transporte, formalizado por el decreto N° 976/2001. Su función es financiar proyectos para el desarrollo de la infraestructura vial nacional y el pago de compensaciones al sistema de transporte automotor de pasajeros.

Rodríguez detalló que "en el Anexo del proyecto de Ley de Presupuesto 2024 ingresado al Congreso de la Nación en 2023 pero que nunca fue tratado, ese fondo fiduciario fue informado con recursos por un total de 837.460 millones para este año". "Eso equivale hoy a 1000 millones de dólares, tomando el dólar oficial a 830 pesos", precisó.

El problema para el Poder Ejecutivo es que ese fideicomiso se nutre con el 28,5 por ciento de la recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, un aporte que se estableció por ley. "Cada vez que alguien paga por un litro de Gas Oil en una estación de servicio de cualquier lugar del país, está aportando a ese Fondo", dijo el ex legislador, y agregó: "si Milei eliminara el Fondo por decreto, tendría un problema con el destino de esos recursos con asignación específica: usarlos para otra cosa sería un delito".

Para colmo, la recaudación del impuesto se duplicó entre enero de 2023 e igual mes de este año, pasando de 23 mil millones de pesos a 46 mil millones según datos de la AFIP.