Los gobernadores del norte grande anticiparon que no respaldarán la ley de humedales que promueve el Frente de Todos en Diputados y tendría dictamen este jueves. 

A través de un comunicado, los 10 mandatarios, 8 del Frente de Todos, consideraron que una ley de humedales debe darle el control de los inventarios a las provincias y no debe paralizar una producción, dos críticas de las cámaras mineras y rurales al proyecto del diputado oficialista Leonardo Grosso.

También cuestionaron la definición amplia de humedales, que excedería los "naturales", y reprocharon a Juan Cabandie no haber incorporado el proyecto del consejo federal de medio ambiente (Cofema).

Cómo explicó LPO, este martes el gobernador de Catamarca Raúl Jalil pidió no votar esa ley y la dejó con escasas chances de reunir una mayoría en el recinto. 

Jalil es uno de los gobernadores del norte grande, junto a Gildo Insfrán (Formosa), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Ricardo Quintela (La Rioja), Raúl Jalil (Catamarca), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Valdés (Corrientes), Jorge Capitanich (Chaco), el radical Gerardo Morales y el salteño Gustavo Sáenz, cercano a Sergio Massa. 

La minería y el campo presionan para cajonear la ley de humedales y suman aliados oficialistas

"Los gobernadores del Norte Grande compartimos la importancia de sancionar una ley de humedales, después de tantos años de debate", empieza el comunicado, pero luego pone reparos al texto final de la ley.

"Ratificamos que el dominio originario de los recursos naturales les corresponde a las provincias y no hay ninguna provincia que abdique de la responsabilidad de la conservación de sus humedales y los servicios ecosistémicos que prestan. Es nuestra responsabilidad conservar y encontrar un equilibrio que garantice el desarrollo sostenible, sosteniendo las actividades productivas, que son estratégicas en nuestra región". 

"De otra manera se favorecerán procesos de inequidad territorial, poniendo en riesgo actividades económicas que son fundamentales para el bienestar de los argentinos y para la transición climática". 

Los mandatarios agregan que "ninguna ley debe establecer definiciones y disposiciones que signifiquen la prohibición a las actividades productivas realizadas en forma sustentable que hoy generan trabajo, ingresos y oportunidades de desarrollo local a nuestras provincias".

Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias 

Y piden que se incluyan los humedales naturales, "no en los derivados de la acción antrópica". Este último reclamo coincide con el del proyecto de los diputados de la UCR Ricardo Buryaile y Jorge Vara, quienes este martes organizaron la reunión de la comisión de agricultura para citar a camaras productivas y empresarias que se oponen a la ley.

"Debe respetarse en tal sentido, que corresponde a las provincias la potestad de realizar sus inventarios y deben ser ellas las que en coordinación con Nación elaboren el inventario nacional. Lo mismo debe suceder con los ordenamientos territoriales de humedales", continúan los gobernadores.

"Ninguna ley debe establecer moratorias que generen una paralización a las actividades productivas, ni a las actuales ni a los proyectos en desarrollo, ya que todos los proyectos que tengan lugar en humedales deben atravesar los correspondientes procesos de evaluación de impacto ambiental establecidos por las provincias".

A su vez, reclaman que el fondo de humedales no sea inferior al 0,3 % del presupuesto y garanticen que las provincias puedan cumplir con las disposiciones de la ley. 

"La distribución de los recursos de ese Fondo a las provincias debe realizarse con criterios objetivos, claros y justos. Asimismo, deben llegar a las jurisdicciones en la etapa inicial de aplicación, lo cual no obsta que posteriormente las jurisdicciones deban rendir cuenta de su uso y cumplir con condiciones. Los condicionamientos iniciales a la transferencia de fondos, ralentizarán los procesos en las provincias".

Los mandarlos dejan claro que no aceptan ninguna autoridad nacional recorriendo sus territorios para chequear si protegen los humedales. 

"Cualquier órgano consultivo que se incluya en una ley debe garantizar la participación de todos los sectores directamente involucrados en la gestión de humedales". 

"Debe ser de carácter consultivo, no reemplazará ni suplirá, burocratizará la toma de decisiones por parte de las autoridades. Ni deben representar estructuras administrativas adicionales", concluyen.