Los gobernadores peronistas instruyeron a sus diputados a no firmar la ley de humedales y Juntos por el Cambio logró así el dictamen de mayoría, que empodera a las provincias para la creación del inventario  y le otorga la autoridad de aplicación al Ministerio de Agricultura.

De todos modos, el Frente de Todos sostuvo su dictamen y el escenario quedó abierto, porque ningún proyecto tiene los votos garantizados en el recinto y por ahora no hay una sesión prevista para tratarlos. Pero hay tiempo hasta el 30 de diciembre e inclusive durante todo 2023, por lo que las negociaciones para lograr un consenso comenzarán en estos días. Los oficialistas que promueven la ley quedaron conformes y confían en lograr un texto de consenso que ignore a los gobernadores de su espacio. 

El debate es por una ley que establezca una protección mínima a los humedales, considerados ecosistemas esenciales para sostener la biodiversidad o garantizar fuentes para la la vida como el agua. También actúan como barrera protectora frente a inundaciones, sequías y otros desastres naturales.

Para que no se extingan, la ley en debate requiere una definición precisa de un humedal, un método para identificarlos y un mecanismo para protegerlos. La tarea debe coordinarse entre la Nación, autorizada por la Constitución para legislar sobre presupuestos mínimos ambientales; y las provincias, dueñas de los recursos naturales.  

Las cámaras mineras, hidrocarburíferas y agropecuarias miran con lupa esta legislación porque consideran que sus inversiones están en riesgo si se detectan humedales en el entorno. Y presionan a los gobernadores para limar la letra chica o bloquear los debates. 

Ley de humedales: Juntos por el Cambio y los gobernadores del norte boicotearon el dictamen 

Con ese escenario, el plenario de comisiones de Diputados tuvo un dictamen de mayoría elaborado por Juntos por el Cambio y Córdoba Federal, que alcanzó 57 firmas. Diez menos consiguió el proyecto del oficialista Leonardo Grosso, acompañado por Graciela Camaño (compañera de interbloque de los cordobeses), pero no por los representantes oficialistas de Santiago del Estero, Salta, La Rioja, Catamarca, San Juan y Formosa. 

Tampoco se sumaron los mendocinos del FdT, mientras que sí firmó el chaqueño Juan Pedrini, cercano al gobernador Jorge Capitanich.  

Los dictámenes tienen la misma definición de humedales, pero el de JxC le da más poder a las provincias en el relevamiento y un resarcimiento a los productores de las zonas identificadas. El oficialismo aplica más protección y beneficia a poblaciones indígenas. Los diputados cercanos a los gobernadores no firmaron ninguno. 

"No me imagino a Cristina pidiéndole permiso a Repsol para estatizar YPF. No me imagino a Perón pidiéndole permiso a los terratenientes para establecer el estatuto del peón rural y tampoco a (Raúl) Alfonsín pidiéndole permiso a los militares para avanzar con el juicio a la juntas", increpó a todo el plenario Florencia Lampreabe, de La Cámpora, la primera oradora en la reunión que se llevó a cabo en el Anexo C de la Cámara de Diputados.

No hubo diputados oficialistas que hablaran en contra de la ley y algunos pidieron ser reemplazados para no votar, como el sanjuanino José Luis Gioja. Su coterráneo Walberto Allende reunió el miércoles a la comisión de minería para escuchar a empresarios que se oponen a proteger a los humedales. 

Maximiliano Ferraro. 

LPO Juan Carlos Casas.

 En JxC también hubo una mini grieta: el correntino Jorge Vara, el jujeño Jorge Rizzotti y el entrerriano Pedro Galimberti firmaron en disidencia. No quedaron conformes con la definición de humedales, que es igual en ambos proyectos. 

Se consideran como tales zonas con "presencia temporaria o permanente de agua superficial o subsuperficial, que causa flujos biogeoquímicos propios y diferentes a los ambientes terrestres y acuáticos".  Pero también donde hay "plantas hidrófitas, y/o suelos hídricos o sustratos con rasgos de hidromorfismo". En otro artículo de su proyecto, el JxC hace una salvedad con la zonas anegadas o inundadas. 

La diferencia está en el inventario y el control, porque el dictamen opositor le asigna la autoridad de aplicación al Ministro de Ambiente pero también al de Economía con su área de Agricultura y  "la participación de equipos técnicos, de organismos científicos y de gestión y de las Autoridades locales de las jurisdicciones".

También le da intervención a las provincias en el relevamiento a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), que integraría un Comité Federal de aplicación junto a otros organismos públicos para seguir de cerca el inventario. Participaría además la camara minera.

Y la oposición avanza en un lucro cesante a las actividades productivas que puedan ser perjudicadas para adaptarse a la protección de humedales. 

Por caso, crea un fondo fiduciario para los Humedales con el 0,05% del presupuesto nacional y asigna un 70% a los titulares de los predios donde sean localizados. El resto se derivará a las autoridades competentes de las provincias.

Ricardo Buryaile. 

LPO Juan Carlos Casas

"Pretendimos buscar un equilibrio lógico y razonable, con lineamientos para encauzar las tensiones sociales, económicas y ambientales. Es mentira que no queremos una ley de humedales", presentó el dictamen mayoritario Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica.

El texto de Grosso le da el rol de autoridad de aplicación al Ministerio de Ambiente o el organismo creado a tal efecto por el gobierno de turno, con una coordinación interjurisdiccional. 

Crea un fondo mucho más cuantioso, con el 0.3 del presupuesto (similar a la ley de bosques), que destina a implementar el inventario y sólo una porción pequeña a compensar a las jurisdicciones que conservan humedales. 

Hay más restricciones a las tareas en zonas de humedales, a través de un estudio de impacto ambiental que controle la incorporación de especies exóticas o prácticas extractivistas, entre otras tareas. Y se aplica el "principio in dubio pro natura", para que en caso de controversias deberán resolverse para la "conservación del medio ambiente". Además, se protege especialmente a pueblos indígenas y comunidades locales.  

"Tenemos un amplio acuerdo para sancionarla, sólo hay que resolver los diferencias, el articulado, el finito como le decimos. Nada termina acá", celebró Grosso cuando pasó a la firma los dictamen. 

Pero la gran duda es qué harán los gobernadores que bloquearon las firmas oficialistas que faltaron. Los opositores de esas provincias no quieren quedar enfrentados a los productores locales. 

"Quiero escuchar a esas provincias que no quieren acompañar, aun siendo parte del oficialismo. No se puede dejar de escucharlas", reclamó el radical Ricardo Buryaile, presidente de la Comisión de Agricultura. Por ahora no hay fecha para volver a reunir las comisiones. La próxima cita es en el recinto.