Los senadores de Juntos por el Cambio anunciaron que no acompañarán las leyes de blanqueo presentadas por sus pares del Frente de Todos, que tienen como destino recaudar dólares para pagarle al FMI, porque no discriminan el origen del dinero y tienen una penalidad baja.

"Tiene la clara intención de desviar la atención pública de la grave crisis política que corroe al Frente de Todos y su incapacidad para afrontar los temas urgentes que afectan a millones de argentinos", sostuvieron los senadores en un comunicado del interbloque, presidido por Alfredo Cornejo. 

Las iniciativas empezaría a debatirse el miércoles en comisiones y podrían llegar al recinto en una o dos semanas. La vocera presidencial la respaldó, pero luego los senadores cercanos al presidente anticiparon modificaciones.  

 En declaraciones radiales, Oscar Parrilli, sostuvo que está abierto a cambios. "Le dijimos a la oposición que si tenían alguna recomendación para el proyecto nos lo hagan saber, es algo que no está cerrado todavía, pero ellos respondieron con chicanas". 

Los senadores peronistas proponen abrir el secreto bancario y crear un impuesto a los bienes en el exterior 

Los senadores de Juntos no lo aprobarán. Señalaron que el proyecto cuantifica entre 250 mil y 270 mil millones de dólares los bienes no declarados en el exterior,  "los que supuestamente podrían ser recuperados por el accionar de los departamentos especializados de la AFIP, la Unidad de Información Financiera, así como los convenios de intercambio de información que ha firmado la Argentina con otros países. Sin embargo, para ello no hace falta una nueva Ley".   

"Esta iniciativa que impulsa el oficialismo es un blanqueo encubierto disfrazado de populismo, porque parte del 20% en lugar del 35% que establecen las normas actuales. Si a esto se suma el 30% de lo recaudado para la figura del ‘colaborador', los ingresos al fondo se reducirían al 14%".

Un dato no menor es que las leyes levantan el secreto bancario, por lo que los evasores serán escrachados por el Congreso y el Poder Ejecutivo. Pero es cierto que la iniciativa no deja de ser un tirón de orejas a la AFIP por su inacción.  

"Si se pretende combatir la evasión, que el oficialismo instruya a sus legisladores para que acompañen la ley de Extinción de Dominio, que permitiría recuperar la propiedad de los bienes derivados de delitos", consideraron.

La extinción de dominio es un proyecto que habilita el decomiso de los bienes incautados en casos de corrupción, se aprobó en 2018 en el Senado, pero nunca pasó por Diputados, entre otras cosas porque había radicales que no coincidían.