Ahora proponen que el Estado intervenga Vicentín

El default del consorcio Vicentín, uno de los principales jugadores del complejo agroexportador del país, arrastra consecuencias, por ahora, difíciles de calcular. Sobre todo en la provincia de Santa Fe donde posee sus principales activos.

En el gobierno nacional observan con preocupación los acontecimientos y ya empezaron a analizar alternativas. La que más repercusión pública generó fue la propuesta del ex intendente de San Antonio de Areco, Paco Durañona, quien sugirió acciones judiciales para que el Estado se quede con la mayoría accionaria.

Es que a partir de la caída, se supo que Vicentín tenía una deuda con el Banco Nación que supera los 18 mil millones de pesos y otros varios con el Provincia de Buenos Aires y el Hipotecario.

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Un informe elaborado por Claudio Lozano, actual presidente del Nación, indica que el gigante logró refinanciar sucesivamente el pasivo con la entidad sin realizar las cancelaciones previas tal como exige el Banco Central.

En el gobierno sospechan que el vínculo personal entre Mauricio Macri y Alberto Padoán fue clave para que Vicentín haya podido estirar la capacidad crediticia sorteando las regulaciones para Grandes Empresas.

Padoán es la figura central del consorcio y presidió la Bolsa de Comercio de Rosario durante años, renunciando pocos días antes que estallase el escándalo. La causa de los cuadernos lo obligó a desfilar por Comodoro Py para que aclare presuntos pagos de dádivas durante el gobierno de Cristina.

Pero los principales aportes de fondos para campaña los hizo a Juntos por el Cambio. Tres empresas del consorcio le entregaron más de 13 millones de pesos, una cifra que triplicaba el límite permitido por la ley de financiamiento político que impulsó el mismo macrismo.

Ahora, el gobierno de Fernández deberá tomar decisiones para preservar las fuentes de trabajo de miles de familias y las acreencias de acopiadores y productores para evitar el efecto cascada en toda la cadena productiva.

Una alternativa, que alentó el mismo presidente en una entrevista a C5N, es la posibilidad que el Estado se haga de la mayoría accionaria del grupo en compensación a la deuda con el Nación:

"Lo vamos a ver. Sabemos que son un operador del mercado de granos importante y nadie quiere que se pierdan las fuentes de trabajo", declaró Ferández. Para ello, en el gobierno están siguiendo muy de cerca lo que sucede con Molino Cañuelas de la familia Navilli, otro de los grandes del mercado granario y el principal procesador de trigo del país que también enfrenta un futuro incierto.

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Para sortear la quiebra, los dueños están negociando con los bancos acreedores transferirles el 80% del paquete accionario como forma de cancelación de la deuda que ronda los 760 millones de dólares.

"Lo que estamos proponiendo se encuadra dentro de la ley de concursos y son instrumentos muy utilizados entre privados", aclaró Durañona en diálogo con La Política Online y explicó que lo que tendría que hacer de manera inmediata el Estado es presentar una denuncia en el fuero federal para que se designe un veedor o declare la intervención para evitar el vaciamiento o la licuación de la deuda.

"Es necesaria la intervención de la sociedad, a través de la justicia, para que se ocupe del proceso concursal y se cuide a los clientes persiguiendo el principio fundamental de continuidad de la empresa y protección de las fuentes laborales", indicó el senador de Provincia de Buenos Aires.

En ese sentido, Durañona trazó un paralelismo con el caso Molino Cañuelas: "así como la empresa cede gran parte de su porción accionaria para saldar su deuda a banco privados, Vicentín podría seguir el mismo camino porque no solo le debe al Banco Nación sino también al Provincia y al Hipotecario donde el Estado forma parte de su composición".

Lo más urgente sería poner en resguardo todo el capital del holding y definir un proceso de acuerdo preventivo o directamente el inicio del concurso, afirmó el dirigente y allí, evaluar la opción de absorción del paquete mayoritario de acciones de parte del Estado e iniciar un proceso de reactivación. Por estas horas estaría ingresando una denuncia penal contra Padoán y dirigentes de Cambiemos.

"De esta manera se garantiza que si se destinan partidas para empezar a ponerla en funcionamiento se dirijan a tal fin y no se desvíen a destinos inciertos", sugirió Durañona quien ahora prefiere evitar hablar de expropiación o estatización "para que no se ideologice la discusión sino que se encuentren salidas encuadradas totalmente en la ley vigente".

Sin embargo, no desconoce la oportunidad para que el Estado intervenga en una rama estratégica de la producción nacional que está totalmente controlada por privados, locales y extranjeros a partir de la desaparición de la Junta Nacional de Granos.

En cuanto al gobierno de Santa Fe, indicaron voceros de la Casa Gris que siguen el tema muy atentamente; "el gobernador conoce muy bien todos los detalles del caso pero no hay una definición. Está esperando la evolución y viendo la salida que intenta este grupo empresario así que la provincia está mirando atentamente el proceso y sobre todo, con más rigor, los damnificados".

Vicentín no solo es el principal empleador del norte santafesino sino también es el contribuyente de la provincia que más aporta en Ingresos Brutos. La caída generaría un impacto profundo en las cuentas locales en medio del ajuste y la pelea con la oposición para la aprobación de la emergencia económica que ahora pasó a llamarse "Ley de necesidad pública".

En cuanto al plan de estatización, aclararon que es una decisión que excede a la provincia y que "es un horizonte que no está siendo considerado", al menos por el momento.