Esta vez Donald Trump se enfrenta a un escenario nuevo y no es tan claro que pueda controlarlo a su antojo. La acusación contra el ex presidente en Georgia se basa en una ley distinta a todas las que hasta ahora lo tienen bajo investigación. La ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Chantajes (RICO por sus siglas en inglés) es durísima y puede representar un peligro real para Trump. Promulgada por primera vez en 1980 para ayudar a acabar con las pandillas y el crimen organizado, la ley RICO de Georgia podría convertirse en un cisne negro para la campaña de un candidato que hasta el momento se fortalece en la interna republicana con cada acusación.

Los expertos dicen que los cargos son más fáciles de probar que un caso de conspiración común y podrían ayudar a los fiscales a avanzar mucho más rápido. Las condenas de pena de prisión oscilan entre los 5 y los 20 años. Pero la mayor de las diferencias está en el nivel en el que Trump es juzgado por un caso que está ligado al de su intento de anular las elecciones presidenciales de 2020 que terminó con el asalto al Capitolio. 

Dado que en Georgia se lo acusa por un delito estatal, Trump no tendría la facilidad de eludir la condena por medio de un indulto federal como el que él mismo se pretende otorgar. En caso de decidir hacerlo, el gobernador de Georgia tampoco podría perdonarlo debido a que el Estado que hoy gobiernan los republicanos sólo le concede ese poder a una junta de cinco miembros. Al margen, tal como contó LPO, el gobernador republicano Brian Kemp es uno de los adversarios más duros de Trump en el GOP. Por todo eso, Trump intentará que un juzgado federal le arrebate el caso a Georiga. 

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La ley RICO de Georgia permite a los fiscales arrestar a cualquiera que haya participado en una "empresa criminal" al cometer al menos dos delitos subyacentes y cubre una gama más amplia de conductas que la ley federal sancionada en 1970 en el que se inspiró. Además, puede incluir entre los delitos a juzgar acciones producidas fuera del estado.

Más de 30 estados han implementado sus propias versiones de la ley federal RICO y el modelo adoptado por Georgia tiene un alcance más amplio que la mayoría. Mientras los estatutos de la RICO federal enumeran 35 crímenes que pueden clasificarse como evidencia de asociación ilícita o extorsión, las leyes RICO de Georgia contemplan 65 delitos en su lista.

Dado que en Georgia se lo acusa por un delito estatal, Trump no tendría la facilidad de eludir la condena por medio de un indulto federal como el que él mismo se pretende otorgar si vuelve a la Casa Blanca.  

A diferencia de los cargos de conspiración, los fiscales que presentan un caso que es pasible de condena bajo la ley RICO no tienen que demostrar que los acusados acordaron explícitamente cometer cada delito juntos, una característica que facilita condenar a los jefes por las acciones realizadas por sus subordinados.

De acuerdo a sus promotores, ese tipo de características es la que garantiza su eficacia. Cuantos más personas señaladas como cómplices corran peligro legal, más posibilidades tienen los fiscales de encontrar a alguien dispuesto a arrepentirse y testificar.

AP

Las penas bajo la ley RICO de Georgia incluyen condenas de cárcel de entre cinco y 20 años, o multas de hasta US$250.000. Además, pueden servir para persuadir a los subalternos a llegar a un acuerdo con la fiscalía a cambio de una sentencia reducida.

En el caso de Trump, hay 19 acusados, y durante su conferencia de prensa posterior a la acusación, Willis insistió en que tenía la intención de juzgarlos juntos. Es la primera vez que un expresidente de Estados Unidos enfrenta cargos imputados en el pasado para condenar a jefes mafiosos como John Gotti y Vincent Gigante.

La fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, es una fuerte defensora de este tipo de acusaciones y ganó reconocimiento durante el proceso de uno de los casos más famosos en la historia de Atlanta. En esa oportunidad, Willis utilizó la ley para enjuiciar a un grupo de maestros y administradores de escuelas públicas que estaban acusados de conspirar para inflar los puntajes de las pruebas de sus estudiantes.

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Willis inició el expediente contra Trump después de que el diario The Washington Post difundiera la grabación de una llamada de teléfono del 2 de enero de 2021 entre Trump y el secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, en la que el entonces presidente le reclamaba al funcionario de Kemp que encontrara los "11 mil 780 votos" necesarios para derrotar a Biden en las presidenciales.

El caso puede tener resonancia federal. De hecho, Peter Baker escribió en New York Times que "el país debe prepararse para lo que seguramente se describirá como el juicio del siglo".

"La razón por la que soy fanática de RICO es porque creo que los que componen el jurado son muy, muy inteligentes", dijo Willis en una rueda de prensa. "Ellos quieren saber qué sucedió. Quieren poder tomar una decisión precisa sobre la vida de alguien. Así que RICO es una herramienta que permite a la fiscalía y a las autoridades contar la historia completa", agregó.

Bajo la ley RICO de Georgia, los fiscales no tienen que demostrar que los acusados acordaron explícitamente cometer cada delito juntos. Eso facilita condenar a los jefes por las acciones de sus subordinados. 

En mayo de 2022, Willis usó el estatuto para acusar a 28 personas acusadas de ser parte de la pandilla Young Slime Life, incluidos los raperos Young Thug y Gunna. Más de seis meses después de que comenzó el juicio, se convocó a más de 2,000 posibles jurados a la corte, pero aún no se ha seleccionado un jurado, en parte debido a la duración prevista del juicio.

Fani Willis está recibiendo mucha ayuda del abogado de Georgia, John Floyd, un experto reconocido a nivel nacional en leyes contra el crimen organizado que literalmente escribió el libro sobre los estatutos estatales de RICO.

Floyd es miembro de la firma Bondurant, Mixson & Elmore, con sede en Atlanta y se unió al equipo de Willis en 2021. Comenzó a prestar asistencia a los fiscales estatales a fines de la década de 1990, cuando ayudó a condenar a ex investigadores del Colegio Médico de Georgia por desviar millones de dólares a sus propias cuentas bancarias. Willis y Floyd procesaron con éxito a 11 de los 12 acusados de extorsión y otros delitos en relación con un escándalo de trampas en las escuelas públicas de Atlanta.