Con una nueva ley, el gobernador de Texas, Greg Abbott, transformó en culpable de un delito estatal grave a cada inmigrante que cruza la frontera desde México hacia Estados Unidos sin autorización legal.
Aprobada a mediados de noviembre por la legislatura estatal, la ley SB4 le permitirá al más duro de los gobernadores republicanos penar con hasta 20 años de prisión a todo inmigrante que haya recibido la aprobación para permanecer en territorio estadounidense. Se trata de un delito menor de Clase B que tendrá una pena inicial de hasta 6 meses de cárcel, pero que en el caso de los reincidentes se convierte en un delito grave de segundo grado y carga con una pena que oscila según el caso entre los 2 y los 20 años de prisión.
La ley generó el inmediato repudio de las organizaciones que defienden a los migrantes y es probable que termine en un enfrentamiento legal con el gobierno federal demócrata.
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A partir de marzo, los oficiales de la policÃa de Texas podrán arrestar a cualquier persona que ellos consideren sospechosa de haber cruzado los lÃmites del RÃo Grande de manera ilegal y ordenar su expulsión inmediata del estado y sin orden judicial. La misma ley aumenta la sentencia mÃnima de 2 a 10 años a quienes promueven el tráfico de inmigrantes o diseñan operaciones para mantenerlos escondidos.
Además, gracias a la ley SB3, el gobernador que cumple su tercer mandato consecutivo tendrá a su disposición más fondos para avanzar con la construcción del muro que levantó en la frontera. Abbott suele jactarse de que Texas es el primer y único estado en la historia de la nación que construye su propio muro fronterizo. Ahora, la nueva ley le autorizará $1000 millones más para el vallado anti-migrantes.
Desde Brownsville, en el Valle del RÃo Grande, en el sur del Estado más grande y más rojo del paÃs, Abbott promulgó tres proyectos de ley contra la inmigración ilegal en la frontera con México. "Firmaré tres leyes hoy para proteger mejor a Texas y Estados Unidos del abandono fronterizo de Biden", dijo Abbott y denunció una vez más la connivencia de la administración demócrata con los cárteles de la droga.
Enemigo declarado de la polÃtica migratoria de Joe Biden, Abbott hizo un gesto poco frecuente a fines de noviembre cuando abandonó su presidencia en la disputa interna republicana y recibió a Donald Trump en Edinburg, en el sur de Texas.
Tal como contó LPO, Abbott siempre buscó manter cierta equidistancia con respecto a Trump y dejó al vicegobernador Dan Patrick ocupará el lugar del más obediente con el ex presidente entre los republicanos de Texas. Cada vez que Trump visitó Texas, Patrick y el procurador trumpista Ken Paxton fueron sus anfitriones orgullosos. Más aún, como relevó este portal en exclusiva en noviembre de 2022, después de acceder a su tercer mandato, Abbott decidió bajarse temprano de la pelea presidencial y apuntalar una nueva candidatura estadual para convertirse en el gobernador de Texas más reelegido de la historia.
Una de las leyes promulgadas asigna $1.54 mil millones para continuar la construcción de barreras a lo largo de la frontera de 1,200 millas y destina hasta $40 millones para que los policÃas estatales patrullen Colony Ridge, una urbanización cerca de Houston que la extrema derecha considera un imán para inmigrantes indocumentados.
El muro de Abbott lleva más de tres años en construcción. Reelecto a fines de 2022 para su tercer mandato, el gobernador destinó al menos $1.5 mil millones desde septiembre de 2021 para que empresas contratistas cercanas a su campaña construyan unas 40 millas de barrera fronteriza. Según The Texas Tribune, hasta agosto pasado, Texas habÃa levantado 16 millas de barreras de acero en los condados sureños de Starr, Cameron, Val Verde y Webb.
Como respuesta, las organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de los migrantes ya se preparan para ir a la batalla legal. Organizaciones de derechos de los inmigrantes, demócratas y ex jueces de inmigración dijeron que la SB 4 que convierte el cruce ilegal de la frontera en un delito estatal es inconstitucional porque la aplicación de la ley de inmigración es una responsabilidad federal.
Los tribunales federales, incluida la Corte Suprema de Estados Unidos, han dictaminado que las leyes de inmigración sólo pueden ser aplicadas por el gobierno federal. Pero algunos republicanos de Texas han dicho que esperan que la nueva ley devuelva el tema ante una Corte Suprema de Estados Unidos que es más conservadora desde que se unieron a ella tres personas designadas por Trump.
La nueva ley enfrenta un posible obstáculo si el gobierno mexicano se niega a aceptar a ciertos inmigrantes cuando son deportados. Profesores y un ex funcionario de inmigración mexicano han dicho que México no tiene la obligación de aceptar inmigrantes no mexicanos deportados por Texas.
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