Mientras Donald Trump se acaba de declarar inocente ante la acusación de Georgia de conspirar ilegalmente para anular el resultado de las elecciones estatales de 2020, desde Nueva York una de sus enemigas históricas decidió revelar nuevos datos sobre las supuestas irregularidades financieras del ex presidente.
Trump se libra de aparecer en la corte de Georgia de momento. Estaba previsto que el republicano de 77 años fuera procesado en persona ante el juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, el 6 de septiembre, pero ahora no tendrá que comparecer.
Son tantas las causas abiertas en su contra que el republicano mejor posicionado para llegar a la Casa Blanca tiene asegurado que se hable de él sin hacer campaña. La información más reciente la acaba de hacer pública la fiscal general de Nueva York, una de las primeras voces en perseguir judicialmente al ex presidente.
En los documentos judiciales que presentó este miércoles, James reveló que, durante nada menos que una década, Trump exageró "groseramente" su patrimonio neto en los formularios de declaración financiera y llegó a manipular sus cuentas en hasta 2.200 millones de dólares en un solo año.
Las nuevas afirmaciones se produjeron en documentos en los que la oficina de James pidió al juez que se pronunciara sobre partes de su demanda de 250 millones de dólares contra el expresidente, su empresa, la Organización Trump, y sus hijos Eric y Donald Jr. por un presunto fraude "asombroso".
Al supuestamente mentir en los formularios durante una década, Trump recibió términos de préstamos y seguros más favorables, con lo que cosechó "cientos de millones de dólares en ahorros y ganancias mal habidos". Asà lo afirma el expediente de la Corte Suprema de Manhattan.
Su patrimonio neto era en realidad entre 17 y 39% -entre 812 millones y 2.200 millones de dólares- menor de lo que afirmaba en las declaraciones anuales de situación financiera desde 2011 hasta 2021, dijo la oficina de la fiscal general en los documentos judiciales.
Para tomar una decisión sobre el único reclamo de fraude, el juez de la Corte Suprema de Manhattan, Arthur Engoron, que supervisa el caso, solo necesita determinar si las declaraciones de situación financiera fueron engañosas y si Trump usó repetidamente los formularios para transacciones financieras, dijo la fiscal general.
Trump siempre ha sido un especialista en contraatacar. Su respuesta más recurrente a las acusaciones es la de tacharlas de caza de brujas y su forma de hacer polÃtica siempre ha incluido una combinación de acusaciones infundadas y alarmismo racial. Si las preguntas racistas sobre el lugar de nacimiento del presidente Barack Obama marcaron su entrada a la polÃtica, ahora -cuando enfrenta cuatro acusaciones penales y otras tres investigaciones o casos civiles- sus ataques a fiscales, jueces y otras personas asociadas con el proceso profundizan esas tácticas.
James fue una de las primeras en poner en apuros legales al ex presidente tras abandonar el despacho oval y, desde entonces, la confrontación entre ellos nunca cedió. Lo mismo se ha repetido con Fani Willis, la fiscal de Atlanta que lidera el caso de subversión electoral de Trump.
Asà como llegó a decir que James era "una radical" y una "racista", Trump se refirió a Willis como "rabiosa" y criada por una familia "llena de odio". "Dicen que hay una joven, una joven racista en Atlanta, muy racista", afirmó Trump en referencia a la fiscal de 52 años. "Supongo que dicen que ella iba detrás de cierta pandilla y terminó teniendo una aventura con el jefe de la pandilla o con un pandillero. Y esta es una persona que quiere acusarme", apuntó sin ofrecer pruebas de su lasciva acusación. Willis lo ha calificado de despectivo y falso.
Trump llamó al fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, quien lo está procesando por supuestamente pagar dinero para que silenciara a una estrella de cine para adultos, un racista, un animal y un matón, y lo describió como un tÃtere de George Soros. Además, ha caracterizado al juez Juan Merchán, juez interino de la Corte Suprema del Estado de Nueva York que supervisó el caso del dinero secreto, y a la jueza Tanya Chutkan, jurista federal en Washington, D.C., que supervisó el caso del 6 de enero, como infractores irreparables de las reglas con parcialidad.
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