El procurador del Tesoro, Carlos Balbín, aclaró a LPO que no está en su competencia ratificar o no lo concluido por el estudio Cleary respecto del posible acuerdo con los fondos buitre, tal como reclamaban los diputados de la oposición al oficialismo.

El jefe de los abogados del Estado señaló que de todas formas “no se trata de un dictamen”, sino apenas de una respuesta a una serie de preguntas que Diego Bossio realizó a título personal al Poder Ejecutivo respecto del proyecto para derogar la Ley Cerrojo y modificar la de Pago Soberano, que mañana se trata en Diputados.

Una de las consultas del diputado del PJ al Ejecutivo estaba dirigida puntualmente a Balbín, y fue ésa la que el procurador respondió, manteniendo aún el misterio de su posición sobre el caso.

Bossio y en general toda la oposición le pidió a Balbín que ratifique o no la conclusión a la que llegó el estudio Cleary -que representa al país en el juicio con los holdouts-, respecto del casi nulo peligro legal de que bonistas que entraron a los canjes de 2005 y 2010 puedan litigar con la Argentina, exigiendo las mismas condiciones a las que llegaron los bonistas encabezados por Paul Singer con el gobierno de Macri.

“No me corresponde ratificar o no lo que dice el estudio externo de la Argentina”, dijo Balbín a LPO. “Le opinión es del representante legal del país en el exterior, designado por decreto, y yo no intervengo ahí”, dijo el procurador de extracción radical, aunque adelantó que el miércoles estará en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, en donde ampliará su visión.

El reclamo lo lideró el bloque Peronista, y se sumaron Darío Giustozzi (bloque social Cristiano) y también el Frente para la Victoria, que no apoyará la ley para pagarle a los holdouts. 

Tras el pedido frustrado de los diputados a Balbín, los senadores opositores encabezados por Miguel Angel Pichetto presionaron más y exigieron que asista a la reunión de comisión de esta semana, cosa que confirmó el procurador en diálogo con este medio.

Allí el procurador dará su opinión sobre el caso, y hasta daría una valoración sobre lo declarado por el estudio Cleary, al que ahora se le sumó el estudio Cravath debido a la disconformidad que provocó el primero durante todo este proceso, cosa que no le impidió llevarse cuantiosos honorarios.

Los abogados de la Argentina creen que los bonistas que entraron a los primeros canjes no tendrían respaldo jurídico para reclamar nuevas compensaciones, básicamente al haber vencido la clausura RUFO.

Lo que ocurre, sin embargo, es que hay todavía cerca de un 15% de holdouts que decidieron no acordar con Macri, y seguirán litigando a la Argentina. Representaría un daño económico menor a si el 93% de los llamados holdin reclamasen nuevas compensaciones, pero su chances judiciales son mayores.