La nueva presidenta de la Corte, Norma Piña Hernández, ha tenido un sello característico durante la administración de Andrés Manuel López Obrador pues su votación ha ido marcadamente en contra de los proyectos económicos claves que han llegado al máximo tribunal.

La ministra, que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCNJ) bajo la administración de Enrique Peña Nieto, ha atendido y, en algunos casos, ha mostrado su oposición a casos como la Ley a la Industria Eléctrica (LIE), el padrón de telefonía y también temas relacionados con la austeridad, claves para la 4T y a los que ella se ha opuesto tajantemente.

En materia energética, uno de los pilares para este gobierno, la ministra sostuvo hasta el final su voto en contra de que la LIE fuera declarada constitucional. El caso llegó a través del Congreso, que pidió fuera analizada como inconstitucionalidad.

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Fue en abril cuando fue votada en la corte y con cuatro votos a favor, obtuvo luz verde. Piña Hernández fue una de las que se opuso y su argumento se centró en defender las energías renovables: aseguró que la modificación del orden de despacho, en donde se le da prioridad a las centrales legadas propiedad del Estado, pueden utilizar combustibles fósiles, lo que no privilegia las energías limpias.

Además, en su argumento la ministra también consideró que la modificación en la orden del despacho es violatoria del principio de libre competencia, por lo cual es inconstitucional.

Recordar que esta ley fue impulsada luego de que el congreso no apoyara la reforma eléctrica de López Obrador, la cual daba mayor fortaleza a CFE y PEMEX y con la que el presidente buscaba oponerse a la reforma energética de Peña.

En otros casos la ministra no solo votó, sino que también redactó proyectos contrarios a los designios desde Palacio Nacional. Por ejemplo, en el caso de declarar inconstitucional el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut).

En febrero pasado la nueva presidenta de la Corte presentó el proyecto que fue votado en abril y en que, por mayoría de votos, se dio marcha atrás a esta iniciativa que el gobierno defendía como una estrategia para prevenir delitos vía celulares, pero que la ministra y especialistas críticos a esta estrategia, aseguraban que era "violatoria de los derechos humanos a la protección de datos e información de los ciudadanos".

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Y a inicios de 2022 también presentó un proyecto para dar marcha atrás a la prohibición de que funcionarios públicos puedan trabajar en el sector privado por diez años, luego de haber salido del gobierno, una medida que López Obrador tomó de frene a casos como el de Felipe Calderón, a quien acusa de haber beneficiado a empresas energéticas españolas para luego irse a trabajar con estas mismas.

Previo a la votación de este lunes en donde se votó para la sucesión del ahora ex presidente ministro, Arturo Zaldívar, López Obrador envió muy duras críticas desde su mañanera contra la Corte, que acusó de estar "eclipsada por el dinero" y seguir defendiendo al poder económico sobre la justicia social.