La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley para expropiar la ex sede del boliche "República Cromañón", donde el 30 de diciembre de 2004 se produjo un incendio que provocó la muerte de al menos 194 personas, en su mayoría jóvenes que habían ido a escuchar a la banda Callejeros.

El proyecto fue pedido por los familiares de las víctimas, que siguieron la sesión desde el palco y se sorprendieron cuando antes de la votación los diputados de Juntos por el Cambio no toleraron el discurso de la kirchnerista Paula Penacca y se turnaron para responderle.

"En 2004 estábamos empezando a levantar, después de otra tragedia como la de diciembre de 2001, cuando muchos chicos se habían ido del país", recordó la diputada referenciada en La Cámpora. "Como ahora", se escuchó desde el sector de JxC .

Yo participé del proceso en la Legislatura, cuando el bloque de la diputada (Penacca) protegía a Aníbal Ibarra. A los chicos no los mató el neoliberalismo: los mató la corrupción de Aníbal Ibarra, que pertenece al Gobierno que hoy gobierna.

Pennaca no lo toleró. "Le respondo a los diputados que quieren hacer un uso político: ahora también, porque hace unos años se impuso un gobierno neoliberal que también expulsó a la juventud", cerró su discurso y ocasionó un griterío en el principal frente opositor, donde todos querían hablar.

Como ya había pasado su turno, pudieron hacerlo porque no marcaron su voto y al aclararlo a viva voz acompañaban la aclaración con una respuesta a la diputada kirchnerista.

"Hay que tener memoria de lo que fue Cromañón y entender que la corrupción mata", gritó Graciela Ocaña, molesta porque no la dejaban hablar.

La diputada Graciela Ocaña.

LPOJuan Casas

La presidenta de la Cámara Cecilia Moreau tuvo que esperar que se aclararan todos los votos para dar por aprobada la ley, en un clima de tensión para lo que fue el único proyecto con firmas de todos los bloques.

La ley expropia la ex sede de Cromagñón y el predio de las inmediaciones en el que está el santuario de las víctimas. Establece que "se creará una muestra permanente que reflejará la historia de lo allí ocurrido, y se organizarán actividades culturales e informativas".

Y obliga a conservar "los elementos testimoniales de la masacre, que hacen a su valor histórico cultural y configuran la memoria histórica que se debe preservar". Y "se deberán garantizar las acciones de conservación preventiva, curativa y de restauración dentro del predio".

"El Estado debe hacerse cargo no solo de la reparación de los daños, sino también de una obligación que viene imponiéndose de manera internacional que es la reparación simbólica", explicó Hernán Pérez Araujo, del Frente de Todos, quien coordinó el debate en las comisiones.

La camporista Paula Penacca.

LPO/ Juan Carlos Casas.