En el reciente informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa, el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, puso en la mira a varios jueces de locales que interfirieron con el debido proceso penal en la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.

El gobierno tiene especial interés por llevar a prisión a tres juzgadores en especial, Samuel Ventura Ramos, titular del Juzgado Primero de Distrito de Procesos Federales en el estado de Tamaulipas; Enrique Beltrán Santes, actual Juzgado del Segundo Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México y a la magistrada jubilada, Lambertina Galeana Marín, quien durante los hechos de 2014, se desarrollaba como la primera mujer Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero.

A Ventura Ramos se le acusa de la liberación gradual de 77 responsables por la desaparición de los estudiantes, ya que supuestamente fueron torturados por diferentes autoridades, pero no reportó por cuáles autoridades y tampoco dio parte al Ministerio Público.

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También ha ignorado la evidencia recabada a través de la cooperación internacional. Desecho pruebas, obtenidas por la DEA contra la radio operadora del C4 de Iguala la noche y madrugada del 26 y 27 de septiembre de 2014. Cabe recordar que el fue el juez que liberó, en 2019, al "GIL", Gilardo López Astudillo, líder de la organización criminal Guerreros Unidos, cuya participación en el crimen fue esencial.

Por otro lado, Beltrán Santes se encuentra en la mira por el desconocimiento sobre el desahogo de testigos con reserva de identidad. Exigió al Colectivo Nacional de Sobrevivientes del Caso Ayotzinapa que mostraran públicamente sus credenciales para votar, rostro y voz sin distorsiones para que sus declaraciones fueran válidas.

Con 45 años de carrera en el sistema legal, Lambertina Galeana Marín ordenó la destrucción de vídeos capturados por seis cámaras afuera del Palacio de Iguala, los cuales eran esenciales para la investigación, pues fue justamente en frente del recinto donde se detuvieron camiones para levantar a parte de los estudiantes, "eran imágenes borrosas que no tenían utilidad", declaró Galeana.

El operador del gobierno para llevarlos ante la justicia, es el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pero se ha topado con pared por dos razones, por un lado, los citados impartidores de justicia ejercieron en lugares donde Morena aún no tiene el músculo ni los jueces que tiene en otras demarcaciones, Toluca, Tamaulipas y Chilpancingo.

Por otro lado son jueces, del orden de justicia local, por lo que solo los gobiernos de los estados pueden despedirlos, el tabasqueño también se encuentra atado de manos ante la SCJN, pues el presidente de la máxima de justicia mexicana no tiene mucha injerencia en los ámbitos estatales y no le puede "pedir ese favor", por lo que removerlos y juzgarlos será muy complicado.