La denuncia del gobierno de Bolivia contra el ex presidente Mauricio Macri por el envío de material para las fuerzas militares y policiales en pleno golpe de estado contra Evo Morales sigue creciendo.

En forma paralela y casi sincronizada, los funcionarios argentinos y bolivianos vienen confirmando las acusaciones empujados por la decisión política de Alberto Fernández y Luis Arce de incoporar el tema como prioridad en la agenda bilateral.

En Bolivia, la última novedad vino del comandante de la Policía Boliviana, Jhonny Aguilera, que confirmó que el armamento se encuentra en los depósitos de la institución de seguridad.

Bolivia denuncia a Macri por enviar armas en apoyo al golpe contra Evo

El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, informó que la carta original figura en los archivos de la Fuerzas Armadas Bolivianas y el actual embajador argentino, Ariel Basteiro, certificó el ingreso de la nota 89/19 del Departamento IV de logística de la FAB, fechada el 13 de noviembre y tiene sello de entrada a la legación nacional el 15.

Por su parte, en Argentina el ministro de Justicia, Martín Soria, que sostuvo que "el Código Penal argentino les queda chico a Macri y compañía. No solamente se los investiga por las fechorías que hicieron en nuestro territorio y las penurias en las que sumergieron a todos los argentinos, sino también en otros países, por delitos graves". "Macri cargó las armas de la dictadura boliviana", acusó Soria.

En diálogo con LPO, el canciller boliviano Rogelio Mayta explicó que "nosotros hemos realizado la denuncia porque son hechos que no podíamos callar u ocultar. Nuestra intención es que esto sirva para que se esclarezcan los hechos, hay demasiadas cosas turbias y en medio todo eso se han cometido delitos de lesa humanidad y masacres".

"Creemos que el pueblo boliviano merece conocer la verdad de los hechos y todos tenemos que tener el valor de enfrentar esto que ha dividido a la sociedad boliviana", agregó el funcionario.

Hay demasiadas cosas turbias y en medio todo eso se han cometido delitos de lesa humanidad y masacres

A su vez, Mayta planteó que "las víctimas de las masacres, las personas torturadas y perseguidas, los que se han visto limitados en la posibilidad de expresarse por temor a ser considerados sediciosos, merecen justicia". "Estos procesos son complicados por los poderes fácticos que han sido protagonista", aclaró.

El canciller boliviano considera que "la única forma para llegar al camino es empezar a transitar y eso es lo que estamos haciendo hace un tiempo con una causa sobre la ruptura del orden constitucional. También, hay otra investigación que esta llevando a cabo la CIDH sobre las violaciones a los derechos humanos". "Queremos que se sepa la verdad y se haga justicia", enfatizó.

La justicia argentina analiza dos causas en el marco de estos hechos, uno de ellos es por el delito de contrabando y tiene denunciados a ex funcionarios como Patricia Bulrrich, Jorge Faurie y Oscar Aguad y produjo el retiro de los directivos de Gendarmería involucrados en los hechos.

La figura de "contrabando" busca dilucidar si 70.000 cartuchos anti-tumultos, 100 spray de gas pimienta y 661 granadas de mano de gas hostigamiento que supuestamente fueron utilizados para entrenamiento de los gendarmes, fueron enviados ilegalmente.

Sobre la posibilidad de iniciar una causa contra Mauricio Macri y sus funcionarios en Bolivia, Mayta señaló que "eventualmente la justicia deberá decidir esa situación. Un criterio de sentido común es que si hubo un grado de apoyo que pueda implicar responsabilidad penal, deberían ser juzgados en Bolivia".

Mayta habló de "corresponsabilidad en la violación a los derechos humanos porque ese material bélico ha sido traído para reprimir la protesta social y aplastar al movimiento popular en lo que para ellos fue un campo de batalla con uso de armas letales".

Un criterio de sentido común es que si hubo un grado de apoyo que pueda implicar responsabilidad penal, deberían ser juzgados en Bolivia

El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia sostuvo que "el avance de la causa es fundamental dentro del proceso de reconciliación que estamos llevando. Hubo una fractura extrema de la sociedad que estamos tratando de sanar. Para eso, un paso necesario es conocer la verdad".

Para el Gobierno boliviano, la relación entre el material enviado por el macrismo y la represión posterior está más que clara. Mayta detalló: "Lo que demuestra la carta y otros elementos probatorios es que ese material llegó a Bolivia desde Argentina y fue a la Fuerza Aérea. Eso llegó el 13 de noviembre y el 14, Jeanine Añez emitió un decreto supremo en donde dispone la represión militar de la protesta social y, adicionalmente, exonera de responsabilidad penal a los miembros de la Fuerzas Armadas que participen. Luego, el 15 se produce la represión en Sacaba, el 19 pasa lo de Senkata y unos días antes del 19 llegaron otros pertrechos de Ecuador". "Eso da los elementos para el despliegue de las fuerzas militares y policiales que generó escenarios de violencia extrema", aseguró.

De esta manera, el funcionario boliviano vinculó directamente al gobierno de Macri con la represión en Bolivia. "¿Hubo complicidad de Macri en la represión?", preguntó LPO. "La palabra complice tiene una connotación jurídica, prefiero utilizar el término colaboración para que Añez y compañía pudiesen desplegar la estrategia de consolidación del gobierno basada en el terrorismo de estado puro y duro que implicó masacres, torturas, detenciones ilegales y violaciones de derechos y garantías procesales", respondió el canciller.

Por último, Rogelio Mayta hizo mención a la articulación regional para apoyar al gobierno de facto y manifestó que "es algo que se debe rebelar, está en la oscuridad pero esa instancia se articuló desde las altas esferas de poder, personajes con capacidad de llegada e interlocución al mas alto nivel de todos los gobiernos para que llegue rápido". "¿Estados Unidos?", re-preguntó LPO. La respuesta del responsable de la diplomacia boliviana fue un "Si", seco y rotundo.

El macrismo insiste en que la denuncia es falsa y busca perjudicar a Juntos por el Cambio en las próximas elecciones mientras que el Frente de Todos puso a la primer a línea del gabinete a robustecer un tema que creen que puede traerse importantes complicaciones judiciales al expresidente y los suyos.