La ley de etiquetado frontal que obliga a las empresas alimenticias a informar los nutrientes críticos está congelada en Diputados, donde en noviembre la cancillería pidió desecharla porque complicaba la normativa del Mercosur y Argentina ejerce la presidencia pro tempore hasta julio.

En el Congreso corre la versión de que será cajoneada definitivamente y reemplazada por una resolución del Poder Ejecutivo, en lo que también es un nuevo capítulo de peleas por economías regionales que complica la armonía en los bloques oficialistas. 

El encargado de informar los problemas bilaterales que traía la ley fue el secretario de Relaciones Económicas Internacionales Jorge Neme, quien en aquel plenario de comisiones advirtió que arriesgaba una exportación de alimentos envasados por 1500 millones de dólares a Brasil, donde la regulación es más flexible.

El proyecto aprobado en el Senado obliga a los fabricantes a colocar etiquetas octogonales que ocupen el 5% del tamaño del envase y el detalle de "los excesos" en azúcares, sodio, grasas saturadas, grasas totales y calorías, con parámetros de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que considera el consumo de estos componentes el motivo de enfermedades evitables. Pero en Brasil la información puede estar tamaño lupa y con estándares menos exigentes. 

Aquel planteo de Neme sorprendió a oficialistas y opositores que habían escuchado el respaldo al proyecto de la secretaria de Comercio Interior Paula Español, del subsecretario de Agricultura familiar Marcelo Aló y del secretario de Calidad en Salud Arnaldo Medina. 

Los ministerios de Agricultura, Salud y Desarrollo Productivo avalaron la ley que aprobó el Senado en octubre, que obliga a exhibir los nutrientes críticos en una etiqueta del 5% del envase. Pero la cancillería pidió que haya una resolución más flexible para armonizar con Brasil. 

Las tres carteras habían colaborado con la ley cuando se aprobó en el Senado, pero la cancillería no había sido consultada, en Diputados hizo saber que no estaba de acuerdo y consiguió congelar el proyecto hasta nuevo aviso. 

Hubo una nueva reunión informativa de comisiones en febrero, pero luego se postergó la siguiente y en el Congreso ya hablan de un inminente reemplazo por una resolución del Gobierno. Sería a través de la Comisión Nacional de Alimentos (Conal) y con el respaldo de los tres ministerios que en octubre promovieron el texto aprobado en el Senado. 

La Cancillería pide no sancionar la ley de etiquetado de alimentos hasta armonizarla con Brasil

Una versión que llegó a oídos de algunos diputados opositores que trabajan el tema dice que se anunciaría el 14 de abril y armonizará las condiciones con Brasil. Consultados por LPO, voceros de las tres dependencias se negaron a dar detalles pero en una de ellas confirmaron que "en estos días habrá novedades".

La diputada radical Brenda Austin, que trabaja en esta regulación hace años y creía que esta vez sería ley, la dio por caída y pidió explicaciones. "Hace años trabajamos desde el Congreso y la sociedad para contar con una Ley de #EtiquetadoFrontal de Alimentos para garantizar el derecho a la salud y una alimentación adecuada. Hoy el Gobierno decide darle la espalda a este reclamo y frenar la Ley. ¿Por qué?".

 Y anticipó que la resolución oficial desecharía dos capítulos de la ley del Senado: la regulación de la publicidad oficial de alimentos ultraprocesados y de la venta de golosinas en los colegios. Pero además, como no sería una norma aprobada en el Congreso, podría reformarse en cualquier momento. "Otra vez, el Frente de Todos no va de frente", ironizó la cordobesa.

Neme, justamente, había destacado que los países vecinos no legislaban sobre temas alimentarios y lo dejaban en manos del Gobierno, para no alterar las relaciones diplomáticas con los países vecinos. Al parecer, Argentina iría por el mismo camino. La oposición sostiene que bien se puede diferenciar las líneas de producción para el mercado local y regional para de ese modo proteger la salud de los propios. Pero en el Gobierno creen que no sería tan fácil lograrlo.  

Fuentes de la bancada oficialista interesadas en el etiquetado aseguraron que la norma no está caída y los plenarios retomarán luego de la aprobación de Ganancias. "A nosotros no nos informaron de ninguna resolución", aseguraron, pero lo cierto es que a cuatro meses de llegada a Diputados, la ley sigue sin dar señales de vida. 

Paula Español 

Télam

Su aprobación fue empujada en el Senado por Anabel Fernández Sagasti, vicejefa del bloque oficialista y mano derecha de Cristina Kirchner, que esta vez actuó en tándem con el radical Julio Cobos. Ambos son de Mendoza, que podría beneficiarse si las azúcares industriales son reemplazadas por variantes producidas con mosto, el desecho de la uva. 

Se trató de otro capítulo de las ya habituales disputas de economías regionales que el Gobierno tiene problemas en contener. De hecho, para calmar a los senadores por Tucumán, donde hay 15 de los 21 ingenios azucareros del país, en la misma sesión que aprobó el etiquetado se hizo lo propio con la prórroga de los beneficios a los biocombustibles hasta 2024, para garantizar su producción de bioetanol a base de azúcar. Fue avalada por unanimidad.  

Tan apresurada e inconsulta fue esa prórroga que Alberto Fernández ni siquiera la incluyó en las sesiones extraordinarias y los diputados del Frente de Todos trabajan en otra regulación junto al flamante secretario de energía Darío Martínez, que beneficiaría a los productores de bioetanol a base de azúcar, pero le quitaría privilegios a los que lo elaboran con maíz o hacen biodiesel con aceite de soja.  

La pelea entre tucumanos y mendocinos frena la ley de etiquetado

El diputado rosarino Marcos Cleri, del Frente de Todos,  difundió detalles de lo que sería la nueva regulación, aun cuando en su provincia se encuentran las principales plantas de biodiesel, a cuyos principales dueños acusó de evasión fiscal. De hecho, la prórroga en el Senado la promovieron los dos representantes del Frente de Todos por Santa Fe: María de los Ángeles Sacnun y Roberto Mirabella. 

Tanta es la tensión entre las Cámaras por estos desencuentros que en la reunión constitutiva de la Comisión de Agricultura los senadores del Frente de Todos anticiparon que pedirán explicaciones a Massa. "La ley le había dado esperanzas muy fuertes a las provincias", se lamentó el jefe José Mayans.

Y Adolfo Rodríguez Saá, presidente de la Comisión, aludió a "un lobby petrolero" que podría ocasionar un "enorme atraso para el país". Jorge Taiana, cercano a Cristina Kirchner, pidió una "reunión urgente" para saber qué pasó. "Tenemos que ver qué están pensando ellos para evitar sorpresas y tener mayor posibilidad de diálogo", consideró. Sus colegas de Cambiemos asintieron.