Alberto Fernández le hizo un duro reproche a los diputados por cajonear la ley de reforma judicial aprobada en agosto en el Senado, que nunca empezó siquiera a debatirse en un plenario de comisiones a un mes de finalizar el período ordinario para hacerlo. Desde diciembre, sólo es posible si lo pide el presidente por decreto. 

"Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal. Que acá, en la provincia de Buenos Aires, busca que tengamos herramientas para juzgar al crimen organizado rápidamente", dijo el presidente, durante un acto en Avellaneda junto al gobernador Axel Kicillof. 

"La reforma no busca que yo ponga jueces amigos ni los traslade de un lugar a otro, ni los ponga como subrogantes del juzgado que me conviene, busca que tengamos jueces dignos, éticos, moralmente irreprochables, técnicamente preparados para que la ciudadanía tenga la Justicia que se merece", recordó.

Sus frases se hicieron sentir entre los grupos de chat de los diputados del Frente de Todos, que había casi olvidado un proyecto que se aprobó en agosto en el Senado y para ese entonces no contaba con respaldo suficiente para ser sancionado en Diputados, por la resistencia de los bloques chicos. 

El Senado aprobó la reforma judicial sin la cláusula de Parrilli sobre los medios 

De todos modos, la aparición de Fernández podría darle impulso porque una de las razones del cajoneo habría sido la poca participación de la ministra de Justicia Marcela Losardo en la defensa pública de una iniciativa que escribió ella y luego tuvo retoques del Senado.

Sergio Massa tuvo una buena noticia el viernes, con la salida de Cambiemos del riojano Felipe Álvarez, que hará dupla con el santacruceño Antonio Carambia, aliado rebelde hasta hace unos meses. 

Junto a los 6 del bloque de José Luis Ramón (con la salida oficial de la tucumana Beatriz Ávila), el aporte de la neuquina Alma Sapag y los 118 del Frente de Todos, todavía faltarían dos votos para la mayoría simple. El retorno de José Ignacio de Mendiguren del BICE no alcanzaría. Y entre los 11 del interbloque federal todavía no hay quien quiera ayudar. 

Sigo esperando que la Cámara de Diputados se digne a tratar la reforma que he propuesto para la Justicia Federal. Que busca que tengamos herramientas para juzgar al crimen organizado rápidamente 

Fuentes de la Cámara baja aseguraron a LPO que la agenda era tratar el proyecto después de aprobar en una sesión presencial el impuesto a la riqueza, pero la presión presidencial aceleraría los tiempos. La semana próxima empezaría el debate en un plenario de las comisiones de Justicia, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.

Massa había prometido 6 semanas de debate en comisión, lo que a esta fecha lo obligaría a extenderlo casi hasta navidad, un cronograma impensado. Cambiemos ya anticipó que, como con el presupuesto, pedirá que se trate en una sesión presencial. 

El proyecto

La ley, que ni siquiera es considerada una reforma por Cristina Kirchner, fusiona los tribunales criminales y correcciones con los penales económicos de Comodoro Py, donde suma 23 juzgados hasta alcanzar 46, encargados de investigar las causas por corrupción. 

Tendrán además 17 tribunales orales: los doce existentes de ambos fueros y otros cinco que crea la ley. Las causas seguirán en sus jueces naturales pero en la oposición creen que podrán manipular las incómodas para el Gobierno cuando escale a instancias superiores.

En las comisiones, los senadores del oficialismo eliminaron la fusión de los fueros civiles, comerciales con el Contencioso administrativo, como proponía el proyecto original. Se creó a cambio un Tribunal de resolución de conflictos de competencia entre esas oficinas. 

LPO / Juan Carlos Casas

Uno los capítulos más polémicos, y tal vez uno de los primeros en judicializarse, es el sistema especial de subrogancias que habrá para cubrir por un año los nuevos juzgados. En el dictamen se reincorporó el examen escrito a los postulantes (el proyecto no lo tenía) y uno de los cambios de este jueves fue que para pasar las siguientes instancias deberá haberse obtenido un 60% de calificación en esa prueba. 

También se crean juzgados en el interior, un apartado que fue retocado por los senadores hasta minutos antes de votar, con la creación de cámaras de apelación en todas las provincias que no tenían y un sinfín de juzgados, aun cuando la reforma del código procesal penal le dará menos poder ante los fiscales. 

La senadora del PRO Laura Rodríguez Machado calculaba la inversión del proyecto en 6000 millones, pero lo debió multiplicar con los retoques finales. En el Gobierno remarcan que en tal caso la justicia federal genera un ahorro al detectar acciones de lavado de dinero, entre otros delitos; y que las oficinas se abrirán en forma gradual.

"El sabor amargo tiene que ver con el hecho de imponer y doblar la apuesta. Los números los tienen, pero esperemos que cuando se discuta en Diputados puedan encontrar ese parate que necesita la Argentina para reflexionar por dónde van las prioridades", confió el senador Luis Naidenoff, jefe de Cambiemos, antes que cerrara el debate en el Senado. Por ahora, ocurrió lo que deseaba.