La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados presidida por Carlos Heller inició este miércoles el debate sobre el impuesto a la riqueza que presentó junto a Máximo Kirchner, un aporte por única vez a los patrimonios valuados en al menos 200 millones de pesos con asignaciones específicas como la compra de insumos médicos, subsidios a pymes y a barrios populares. 

Pero no hubo dictamen porque antes el lunes habrá una exposición de la presidenta de la AFIP Mercedes Marcó del Pont sobre uno de los cambios al proyecto original: la "intención", según palabras de Heller, de "captar a residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas en el país". 

Se trata de un reclamo de los dueños de las empresas más importantes del país, como Bancos o supermercados, que sin este retoque deberían hacer el aporte y quedarían excluidos sus colegas de las multinacionales. 

Máximo busca dictamen para el impuesto a la riqueza y tendría los votos para que sea ley

Así las cosas, pagaría Jorge Brito, del Banco Macro, o el sojero Roberto Urquia; pero no sus colegas del Santader o Cargill. O Alfredo Coto, dueño de las cadenas de supermercados a su nombre; pero no los franceces de Carrefour. 

Y lo evadirían empresarios que armaron compañías fantasmas en Uruguay como Mercado Libre, de Marcos Galperín. De todos modos, la medida aún está en estudio y el radical Ricardo Buryaile advirtió que podría colisionar con los tratados bilaterales con otros países. 

Heller ratificó que el aporte será por única vez pero obligatorio, alcanzará a 10 mil personas y no a 12 mil y no variará en la recaudación prevista de 3.000 millones de dólares. "Estamos hablando de las declaraciones de bienes a valor fiscal", minimizó el ex vicepresidente de Boca. Marcó del Pont deberá dimensionar cuanto patrimonio puede estar escondido. 

La ley sería sancionada con respaldo de los aliados y los diputados cercanos a Roberto Lavagna y Juan Schiaretti, pero Cambiemos decidió no apoyar, aunque un sector quiere presentar un dictamen propio y favorable, por temor a represalias. La caza en los extranjeros con inversiones en el país encendió a los primeros.  

"Descanso en la inteligencia del lector para medir el costo-beneficio de la decisión", se indignó por twitter Luciano Laspina, del PRO. El radical Luis Pastori alertó que algunas propiedades acumularán un gravamen del 7.5% y verán afectado el principio de "consumir su propia renta".

"Tenemos la intención de captar a residentes en el exterior por sus tenencias accionarias en empresas en el país". 

Avaló el reclamo de la UIA sobre una posible inconstitucionalidad de la ley por tomar el año fiscal retroactivo y advirtió por una presunta violación al principio de igualdad ante la ley entre quienes tienen más y menos de 200 millones de pesos en su patrimonio. 

"Estamos asemejando un campo a un departamento o un activo financiero. Estamos gravando activos productivos y lo que tenemos que gravar, llegado el caso, es la exteriorización de la riqueza", aportó Buryaile e inició una serie de discursos cambiemistas en contra de la ley. 

"En Entre Ríos tenemos ejemplo de hoteles que la están pasando mal y los dueños de esas cadenas tienen patrimonios mayores a 200 millones y serán alcanzados. Con las nuevas normas impositivas, en la que los balances tuvieron que ser actualizadas, habrá actividades y personas humanas que van a tener que pagar. Esto de grandes empresas no tiene nada. Puede ser pan para hoy y hambre para mañana", siguió el radical Atilio De Benedetti. 

"Alguien que tiene 200 millones de pesos, va a tener 196, no le va a cambiar la vida a nadie", lo cruzó Heller. "Las pymes no pagan; pagan las personas", aclaró el oficialista Hugo Romero. "Lo tengo claro, pero en mi provincia las familias constituyen pymes y van a estar alcanzados", respondió De Benedetti.

"Este debate se dio en España, Italia, Suiza, India, Perú y Brasil, entre varios otros países, con distintas características y niveles de avances. Es difícil oponerse a un aporte que rescata conceptos que se están discutiendo en todo el mundo. Nadie de esas 12 mil personas va a ver afectado su standard de vida. Esas 12 mil personas con muy poquito pueden ayudar a muchos y muchas que tienen grandes necesidades", aportó Fernanda Vallejos, del Frente de Todos.

"Podríamos trabajar en una ley de esfuerzo compartido, que quienes más tienen paguen más. Los jueces hoy no pagan ganancias. Que alguien me desmienta que Cristina Kirchner hizo una presentación para no pagar Ganancias", la cruzó el radical Facundo Suárez Lastra. Su correligionario José Cano pidió una coparticipación total de la recaudación.

El proyecto grava patrimonios desde 200 millones con alícuotas que partirán del 2% y subirán a 2.25% a quienes tengan 300 millones (que serían la mayoría), 2.5% a 400; 2.75% a 600; 3% a 800; 3.25% a un 1500; y 3.5% a 3000. Quienes posean más, aportarán un 3.5%.

El gravamen se duplicará en todos los casos si los bienes están en el exterior, pero podrán ser repatriados en un plazo de 60 días desde la publicación de la presente ley en el Boletín Oficial. Aunque sólo serán reconocidos si los activos que tragan son igual o superior al 30% de sus tenencias financieras en el exterior.

Tendrá cinco destinos específicos. Un 20% a la compra y/o elaboración de equipamiento médico, elementos de protección, medicamentos, vacunas y todo otro insumo crítico para la prevención y asistencia sanitaria, que era el origen de la idea iba a ser el único destino.

Otro 20% para subsidios a las Pymes y el mismo porcentaje para un programa integral de becas Progresar, gestionado en el ámbito del Ministerio de Educación con el objetivo de sostener a los chicos en sistema escolar. En los tres casos, el Gobierno está obligado a coparticipar los fondos con las provincias.

Un 15% será para los habitantes de los barrios populares identificados en el registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), con el plan de mejorar la salud y las condiciones habitacionales de sus habitantes.

Y un 25% para programas de exploración, desarrollo y producción de gas natural de YPF S.A. "Integración Energética Argentina S.A. deberá reinvertir las utilidades provenientes de los mencionados proyectos, en nuevos proyectos de gas natural durante un plazo no inferior a diez años a contar desde el inicio de vigencia del presente régimen", señala el proyecto.

Según un informe distribuido entre los diputados del oficialismo durante el Gobierno de Macri, "se dejaron de cobrar impuestos a personas y a empresas de mayores patrimonios por el equivalente acumulado de 7 puntos del PBI" y con este impuesto se recuperará una parte. Y significará sólo el 34% de la inversión realizada por el Estado en la pandemia.

Heller no ocultó su fastidio por la resistencia de un sector Cambiemos. "Los diputados el Tea Party, en Estados Unidos, juran que nunca votarán una ley de creación de impuesto o tasa. Lo entiendo, porque defienden determinados intereses", comparó. 

"Estamos hablando de un aporte extraordinario en una situación extraordinaria. Tratamos de buscar la mejor ecuación. No hay ninguna ley que afecte intereses que no genere amparos. Pero este poder es el legislativo y habrá que ver si Poder Judicial dice que no es constitucional una ley que afecta al 0.2% de la personas y tiene el apoyo del 70% de la opinión pública. Si quieren en la próxima reunión le traigo una lista de cosas de la Constitución que no se cumplen, como repartir acciones de las empresas con los empleados", cerró.