El procurador Eduardo Casal confirmó que este viernes jurarán los representantes del Poder Ejecutivo y del Senado en el juzgado de enjuiciamiento, después de una intimación del kirchnerismo con presentar una denuncia penal si seguía demorando el trámite. Aunque en el Gobierno sospechan que dejó un resquicio para que sean declaradas ilegales en una causa iniciada por Elisa Carrió. 

La amenaza al jefe de fiscales la propició en la última sesión el senador del Frente de Todos Martín Doñate, quien además preside la bicameral de monitoreo del Ministerio Púbico que investiga denuncias por su manejo financiero, su supuesta discrecionalidad en los procesos contra los fiscales y la tarea de la Secretaría de Análisis Integral del Terrorismo Internacional (Siat), entre otras denuncias.

Denuncian que Casal no completa el tribunal de enjuiciamiento de la Procuración para que no lo echen

Casal se venía negando a tomarle juramento a Héctor Recalde y César Grau, elegidos por el Gobierno y el Senado para integrar el jury, y a sus suplentes Pablo Barbuto y Heliana Gualtieri. Como había anticipado LPO, con ellos, al kirchnerismo le faltaría un voto para suspenderlo por presunta usurpación de cargo cuando renunció su antecesora Alejandra Gils Carbó. Para llegar, apuntan a que vuelvan a sortearse los fiscales que forman parte del jury. 

Pero no podía quedar en esa situación si no juraban los nuevos elegidos, ahora citados para el viernes, justo cuando la senadora María de los Ángeles Sacnun había convocado a la comisión de Asuntos Constitucionales para que este miércoles debate el planteo de Doñate. 

El acta de Casal en la que confirmó la jura explica la demora en presentaciones realizadas por el diputado de la Coalición Cívica Juan Manuel López y el abogado Marcelo D Alessandro para revisar el proceso de nombramiento del Senado. 

Pero señala que la Asesoría Jurídica de la Procuración concluyó en que la elección de la Cámara alta "se reputa válido y con plenos efectos mientras no sea declarado ilegal por un órgano competente". Al kirchnerismo le sorprendió esta oración y por eso mantendría la denuncia penal contra Casal por el manejo de los tiempos. 

Sospechan que un organismo competente podría ser el fiscal Carlos Rívolo, a quien al juez federal Sebastián Casanello le giró una denuncia presentada por Elisa Carrió, que consideró "nula" la elección de Grau y pidió sumar a esa causa su rechazo a la revisión de los traslados de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli, que intervienen en la causa de los cuadernos.

Como relató LPO, ninguno quiso defender su actual destino ante la Comisión, motivo suficiente para que el oficialismo firme dictámenes en contra y cuando se reúna al Senado los obligue a retornar a sus oficinas  originales. 

El protocolo de sesiones remotas vence el domingo, por lo que se especula que sesione el viernes, pero no está confirmado aún. Los magistrados reclamaron, por ahora sin éxito, un pronunciamiento a favor de la Corte antes que llegue la causa a ese tribunales por sucesivas apelaciones. 

Lo que más ruido hacía en el oficialismo es que Rívolo, como presidente de la Asociación de Fiscales, impulsó la impugnación del nombramiento de Grau y ahora deberá ser quien defina su legitimidad como magistrado. No sólo eso: Carrió le reclamó además, revisar la legalidad de la sesión que prorrogó la modalidad remota para votar. Confía mucho en él.