La Administración General de Ingresos Públicos (AFIP) denunció penalmente a la cerealera Vicentin y a sus responsables por el uso de facturas apócrifas para acceder a reintegros de IVA por exportaciones por un monto de $110 millones, informó hoy el organismo público.

De esta manera, la exportadora, que arrastra un default de $100.000 millones, fue denunciada por la AFIP "por aprovechamiento indebido de beneficios fiscales" ante el Juzgado Federal de Reconquista,  ciudad el juez civil y comercial Fabián Lorenzini la que también se tramita el juicio de quiebra que tiene al Banco Nación como principal acreedor, con 18500 millones de pesos.  

"La maniobra fraudulenta fue detectada durante una fiscalización realizada por la AFIP sobre los reintegros de IVA por exportaciones de granos que fueron solicitados por Vicentin entre 2016 y 2019", explicó hoy el organismo en un comunicado. Agregó que "la operatoria denunciada consistía en utilizar, registrar y presentar facturas apócrifas millonarias generadas por 54 presuntos proveedores".

Según la AFIP, la fiscalización del organismo constató irregularidades en las empresas y personas humanas que emitían las facturas utilizadas por Vicentín, para solicitar reintegros por una suma que asciende hasta los $111,6 millones entre 2016 y 2019.El organismo "pudo determinar, entre otros elementos, que las sociedades utilizadas no poseían plantas de acopio de granos, no tenían capacidad económica ni financiera y no podían justificar el origen de la mercadería".Las tareas de control del organismo permitieron constatar que los comprobantes presentados para justificar los reintegros "eran falsos, en tanto no denotaban actividad real", y que los 54 supuestos proveedores de Vicentin fueron "incluidos en la base de usinas de comprobantes apócrifos"."Durante las tareas de fiscalización, Vicentin y sus representantes tuvieron oportunidad de verificar la legitimidad de los reintegros pero omitieron presentar explicaciones, indicar medidas de prueba o efectuar otro descargo sobre los hechos denunciados", concluyó el ente recaudador. 

El viernes el juez Lorenzini ordenó una auditoría forense de la empresa, porque aún no presentó todavía su balance de 2019. En Comodoro Py el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita llevan adelante la denuncia en base al primer informe elaborado por Claudio Lozano, actual director del Banco Nación, sobre la deuda con el organismo.

El Gobierno desistió de la intervención en la cerealera con un decreto de necesidad y urgencia que se iba a tratar en la última sesión del Senado, pero fue quitado del temario por la muerte del CEO Sergio Nardelli. De todos modos, está firme y la empresa está controlada por el resto de los directores.