El juez de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, procesó a los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia durante el macrismo, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por el espionaje ilegal al Instituto Patria y la vivienda de Cristina Kirchner.

El magistrado los embargó por dos millones de pesos y les prohibió la salida del país, una noticia de mucha relevancia dado que LPO reveló el lunes que Arribas planeaba instalarse en Brasil.

Como explicó este medio, el ex funcionario ya mandó a su familia a San Pablo, donde vivían antes de que Macri asumiera la presidencia. La esposa del ex titular de la AFI y la hija salieron este lunes desde Aeroparque en un avión privado, algo que Arribas planeaba hacer cuando se aclarara su situación judicial.

Arribas mandó a la familia a San Pablo y planea exiliarse

Augé también procesó al ex jefe de contrainteligencia de la AFI, Martín Coste. A todos los acusa por espionaje ilegal y falsificación de documentos públicos.

El juez sostuvo que en lo que va de la investigación se pudo acreditar que "al menos desde mayo y hasta diciembre de 2018" Arribas y Majdalani "impartieron órdenes" al procesado ex jefe de Operaciones Especiales, Alan Ruiz, para que coordinara "un grupo conformado por agentes orgánicos e inorgánicos del área de Contrainteligencia, quienes se dedicaron a realizar tareas de inteligencia y espionaje ilegal".

Las maniobras de inteligencia ilegal habrían consistido "en llevar a cabo vigilancias, observaciones, obtener información, producir inteligencia, almacenar datos y generar informes sobre distintas personas, por el solo hecho de su pertenencia político partidario, social, sindical y/o cultural".

Por su parte, Martín Coste, quien asumió como director de Contrainteligencia en junio de 2018, "conociendo que se llevaban a cabo dichas prácticas de inteligencia ilegal por parte de personal que se encontraba funcionalmente bajo su mando, es decir, dentro de la esfera de su competencia, no actuó conforme a sus deberes, que le imponían hacer cesar dichas actividades ilícitas", sostuvo el juez en su resolución.

Los procesamientos fueron dispuestos a instancias de los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, quienes habían señalado en su dictamen que, de acuerdo con lo investigado, el espionaje ilegal tenía por objetivo detectar la supuesta entrada de bolsos o mochilas con dinero al domicilio de Cristina Kirchner o al Instituto Patria, y no el de vigilar los perímetros de ambos domicilios ante supuestas amenazas de atentado, en el marco de las cumbres internacionales que se realizaron en Buenos Aires en 2018.

Augé relató además que después de llevar a cabo esas maniobras y tras ser descubiertos, Ruiz, Coste, Majdalani y Arribas, "entre otros funcionarios, intentaron darle apariencia de legalidad a esas actividades prohibidas y para ello elaboraron, rubricaron y utilizaron documentos ideológicamente falsos simulando que aquella actividad había sido realizada en cumplimiento de órdenes recibidas en causas judiciales".