El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, le advirtió al gobierno que el máximo tribunal fallará sobre el DNU 70/23 si la política no define su validez "en un plazo razonable". 

Durante una charla que brindó en el Rotary Club de Buenos Aires, el magistrado repondió a preguntas del auditorio, entre los que se contaban socios de la institución y la abogada María Eugenia Talerico.

Hacia el final de su disertación, enfocada en la "Filosofía política y económica de la Constitución Nacional", le preguntaron sobre el problema de abordar en estrados judiciales las controversas que se generan en la política. "Apostamos a que estas cuestiones se resuelvan en ámbitos parlamentarios", dijo el titular del Consejo de la Magistratura, y agregó: "hay que darle tiempo a la política".

Sin embargo, no se quedó en esa afirmación. "Si los temas no se resuelven en un plazo razonable, lo hará la Justicia", aclaró.

Aunque no hizo mención al decreto anunciado por Javier Milei el 20 de diciembre pasado, su respuesta se interpretó como un aviso tanto al Congreso como a la Casa Rosada. De hecho, su presentación se produjo un día después que los diputados del kirchnerismo, la izquierda, el socialismo y un sector del radicalismo organizaran una jornada para que un grupo de juristas expusieran sus argumentos contra el DNU.

Como viene informando LPO, los opositores en la Cámara Baja están cada vez más cerca de llegar a los 129 votos necesarios para derogarlo. Cuentan para eso con 99 legisladores del peronismo, 5 del FIT, una decena de la UCR que amaga con acrecentarse y cerca de 12 pichettistas.

A ese pelotón se podrían sumar representantes de otros espacios pero casi ninguno se anima a dar el primer paso. Un legislador que no está dispuesto a enterrar el decreto explicó a este medio que, para que caiga el decreto, la sesión no debería ser convocada o impulsada por el kirchnerismo.

En ese contexto, Rosatti admitió públicamente la posibilidad de que opine la Corte, donde crece la incomodidad por la postulación de Ariel Lijo y la jubilación de prepo contra Juan Carlos Maqueda que impulsó el Presidente al impulsar a Manuel García-Mansilla.