El oficialismo de Diputados postergó al menos una semana el dictamen del proyecto de ley de moratoria fiscal enviado por Alberto Fernández, para negociar algunos cambios propuestos por la oposición y coordinarlos con los senadores.

Lo anunció Carlos Heller, presidente de la comisión de Presupuesto, que se había convocado para dictaminar, pero restringió la reunión a la exposición de cada bloque. Habrá otra el martes próximo y si le cierran los números se aprobaría al día siguiente en el recinto virtual.

Se esperaba ese trámite para esta semana pero no fue posible, porque los bloques aliados, referenciados en los partidos provinciales, pidieron modificaciones y si no las consiguen en comisión, podrían reclamarlas en el recinto y complicar la votación en particular del articulado. Fue el que ocurrió con la ley de responsabilidad social y reactivación productiva, en diciembre, aprobada con una redacción apresurada que trajo problemas. 

Se suma, además, la necesidad de coordinar con los senadores del Frente de Todos para que el proyecto no retorne con correcciones. Y no faltarán reclamos de los propios diputados, aunque en la comisión, el único fue el de Fernanda Vallejos, que solicitó añadir a las organizaciones comunitarias como contribuyentes. La respaldó Paula Olivetto, de la Coalición Cívica. 

El proyecto de moratoria contempla un plan de pago para deudas vencidas hasta el 30 de junio, con una primera cuota el 16 de noviembre y planes de hasta 96 o 120 según el tamaño del contribuyente. Para las obligaciones de seguridad social habrá entre 48 y 60. No se cobran multas y el interés será fijo mensual del 2% hasta enero, y a partir de ahí una tasa variable. 

Se podrá utilizar las devoluciones aprobadas y pendientes de pago y la única restricción será para las empresas grandes: no están habilitadas a girar dividendos, realizar operaciones con títulos para eludir la normativa cambiaria ni acceder al mercado de divisas para realizar pagos a entidades vinculadas. 

Pueden ingresar en los beneficios particulares y empresas de todos los tamaños e inclusive las que están en procesos de quiebra. Y el Gobierno se reserva la facultad de renovar la moratoria si lo considera necesario.  

La propuesta que deberá escuchar Heller es la que anunció el misionero Diego Sartori, que junto a dos coterráneos integra el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, presidido por el mendocino José Luis Ramón y clave para que el Frente de Todos llegue al quórum: tiene 8 de los 10 votos que necesitan, entre ellos al rionegrino Luis Di Giácomo, cercano al gobierno de su provincia. 

Reclaman extender la adhesión de la moratoria hasta el 31 de diciembre, crear facilidades de pago a las obras sociales y ART, que fueron excluidas; y otorgar incentivos a los contribuyentes cumplidores mediante diferimiento de aportes previsionales e importes impositivos.

Este último reclamo es coincidente en toda la oposición y Heller advirtió que no será fácil contemplarlo. "Suena bien, pero en el último blanqueo costó 59.800 millones de pesos, casi 60 mil menos que lo que ingresaron a las arcas como consecuencia del beneficio que se dio. No sea cosa que lo que buscamos por un lado lo estemos perdiendo por otro". 

No existe ningún argumento jurídico ni económico para incluir a empresas que ya no están en actividad. No estamos tratando de discutir cómo salvar a los que están vivos, sino revivir a los muertos.  

Sí le interesó la propuesta del radical Hugo Romero, de reponer los punitorios a contribuyentes que pagaron con demora, pero cumplieron. El oficialismo debería llegar al quórum con la neuquina Alma Sapag y los cuatro diputados de Córdoba Federal, el bloque del gobernador Juan Schiaretti, que no hicieron ningún reclamo.

Cambiemos aprovechó la semana de espera para ampliar su lista de demandas. La principal es excluir del beneficio a las empresas en quiebra que ya no realizan su actividad, lo que consideran un traje a medida de Oil Combustibles, la compañía de Cristóbal López, el dueño de C5N.

El diputado Luciano Laspina, del PRO, anunció que su interbloque envió a la AFIP una nota para que reclamen datos sobre la quiebra de Oil. Piden saber en qué estado está el trámite de advenimiento, la respuesta a los jueces, un informe "respecto a la conveniencia o inconveniencia para las arcas del Estado de la incorporación de los quebrados sin continuidad de actividades entre los beneficiarios de la moratoria" y "un listado de los expedientes judiciales susceptibles de ser alcanzados por el beneficio mencionado y los montos involucrados".

"Es una amnistía y queremos tener claro si hay un beneficiario y a qué responde. No existe ningún argumento jurídico ni económico para incluir a empresas que ya no están en actividad. No estamos tratando de discutir cómo salvar a los que están vivos, sino revivir a los muertos". 

Una hora después el oficialista Darío Martínez aludió a Oil Combustibles, sin nombrarla. "Hay que ver quiénes fueron los funcionarios que exigieron dejar de pagar el plan de pago de esa empresa. Y si esa decisión tuvo fundamento. No lo digo yo: lo dijo un peritaje de la Corte Suprema de Justicia. Este no es traje a medida. Ni un decreto que favorece a amigos y parientes".

Apuntó que "hay 4600 empresas en quiebra, son 24 mil millones de deuda y un recupero promedio del 3.58% si no vuelven a funcionar. Si se recuperan hay un 62.46% de posibilidades recaudar", cifras que ya había expuesto la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. 

Marcó Del Pont ratificó que las empresas en quiebra entrarán en la moratoria 

No fueron las únicas propuestas de Cambiemos. El radical Luis Pastori pidió excluir a las empresas de combustibles y apuestas, los rubros que incursionaba López; extender hasta el 31 de noviembre el inicio de las cuotas, empezar a pagarlas hasta febrero y mantener el interés fijo del 2% hasta diciembre de 2021. El proyecto lo corta en febrero.

También reclamó limitar al 5% del capital reclamado los honorarios fiscales, un tope del pago a cuenta para las pymes y mipymes y eliminar la habilitación al Gobierno para renovar la moratoria. El lavagnista Jorge Sarghini, que comparte el interloque con los cordobeses, amplió su proyecto presentado con Graciela Camaño: además de eliminar el beneficio a las empresas quebradas hace lo propio con las de apuestas online y exige que los beneficiarios desistan de acciones judiciales.

El oficialismo, por ahora, no aceptó nada. "No me conforma lo que dijo la directora de la AFIP, sobre que hay que salvar a las empresas para recaudar. Tampoco creo que sea un traje a medida. Es un traje de muchas medidas", sostuvo. 

"Los argentinos están pendientes de este debate para ver si el Congreso está a la altura de la circunstancias y entiende que todos necesitan la mano tendida del Estado para volver a crecer y que les permita encuadrarse dentro de la ley. Esto no es un traje a medida de una empresa en particular en cuanto a combustibles, ya que desde la AFIP informaron que son 39 las empresas que están en una situación problemática", respondió Marcelo Casaretto, del frente de Todos. El debate seguirá una semana más. Como mínimo.