La estrategia de seguridad respecto a México de la administración de Barack Obama será un frente de batalla en la campaña presidencial que se aproxima en EU. El equipo de campaña se dispone a cuestionar a Joe Biden por las operaciones del plan llamado "Rápido y furioso" (2006-2011), que elaboró el entonces fiscal general del país vecino Eric Holder.

Ese plan consistía en que vendedores legales de armas de EU pudieran proporcionar material a grupos narcos en México y que al seguir dichas armas se pudieran lograr arrestos. Se vendieron 2000 armas y solo se recuperaron 710. El escándalo se desató en 2010 cuando fue asesinado el guardia fronterizo Brian Terry con una de las armas de dicho plan. Por lo menos 150 civiles mexicanos fueron asesinados por estas armas.

La presión creció en el Congreso en Washington DC. Holder se negó a testificar ante los congresistas y Obama usó por primera vez el llamado "executive privilege" que le permitió ocultar información referida a esos operativos y evitar que Holder tuviera que aclarar el rol del Departamento de Justicia.

Biden fue un enfático defensor de estas determinaciones y ahora - diez años más tarde - Trump pretende exponer esas postura como parte de la estrategia para desacreditar el conocimiento del ex vicepresidente respecto al plano de la seguridad con México.

La contraparte mexicana de este relato es Genaro García Luna, que fue arrestado por el FBI y se encuentra en una prisión en Nueva York por las acusaciones en su contra de Joaquín Guzmán Loera.

El costado electoral de esta determinación es mejorar el handicap en los estados del sur, donde ciertas acciones delictivas se asocian directamente con los carteles mexicanos o con la inmigración ilegal. Trump lo necesita porque en estados donde hace cuatro años iba al frente con comodidad, como Texas, ahora se encuentra empatado en desventaja como es el caso de Nuevo México.