La jueza de Nueva York Loretta Preska pospuso la resolución del juicio por la estatización de YPF impulsado por el fondo buitre Burford hasta que pasen las elecciones presidenciales del 27 de octubre. 

"A la luz de las próximas elecciones en la República Argentina, la Corte aplaza las fechas de información sobre la Moción para destituir por ‘foro no conveniente' hasta que haya una idea más clara de qué administración tendrá el poder de hablar por la República", escribió Preska en una orden imprevista presentada este martes.

"En consecuencia, el tiempo de Petersen Energía Inversore y Eton Park capital Management para presentar los documentos de oposición se extiende hasta el 7 de diciembre; y el tiempo para que la República dé respuesta se extiende hasta el 7 de enero de 2020", concluye la resolución tomada por la magistrada.

La jueza Preska postergó para diciembre la resolución sobre un planteo de Burford y para enero uno de Argentina. Reclama 3000 millones de dólares. 

El 30 de agosto la defensa Argentina completó ante ese juzgado la argumentación del "forum non conveniens" (foro no conveniente), sobre lo resuelto en la primera audiencia que se realizó julio pasado en los tribunales de Nueva York.

En ese momento la defensa argentina consideró un revés para el fondo Burford que la jueza no desestimara la argumentación argentina que pretende que el caso pase a la jurisdicción nacional. Antes, el Gobierno había sufrido cuando por recomendación de Donald Trump la Corte Suprema de Justicia de su país desestimó un pedido para cambiar el juicio de jurisdicción y delegó el poder en el juzgado de Preska.

Burford Capital reclama 3.000 millones de dólares luego de haber comprado los derechos para litigar por las compañías del Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, una de las accionistas de YPF al momento de su expropiación en 2012. Dos años después el Estado sólo le pagó su parte a Repsol. 

Los Eskenazi le habían comprado acciones en 2008 con el compromiso de pagarlas con el giro de dividendos, pero tras la estatización quebró y el administración del concurso le vendió el derecho a litigar en Madrid a Burfod. 

El fondo buitre tiene la esperanza de hacer valer el artículo 7 del Estatuto de YPF, que obligaba al Estado a ofrecer el mismo monto a todos los accionistas si compraba más del 15%. Pagó 15 millones de euros. Y pide 3000.