El Gobierno logró un dictamen en Diputados de la ley que inhabilita a los candidatos con condenas por corrupción, en un plenario de comisiones que sólo fue posible por el quórum que facilitaron los peronistas de todas las vertientes, unidos en los comicios del domingo en el Frente Todos.
Pero no fueron sólo a aplaudir: kirchneristas y massitas se aliaron con un dictamen propio, que amplía la proscripción a otros delitos como tráfico de drogas, contrabando, lavado de activos y de dinero, evasión, apropiación indebida de tributos, evasión de recursos de la seguridad social y delitos tributarios, entre otros. El oficialismo no está de acuerdo pero no tiene mayoría para imponer su texto en el recinto.
La contraofensiva peronista fue ideada el fin de semana por Cristina Álvarez Rodríguez, una de las líderes del bloque conducido por Agustín Rossi, tras la tensión que había provocado en la oposición la insistencia de Cambiemos para debatir esta ley unos días antes de las primarias.
"Nunca pensé que íbamos a juntarnos todos a cerrar la campaña", bromeó Graciela Camaño, candidata a reelegir por Consenso Federal, la fuerza de Roberto Lavagna. Recordó que una norma similar tuvo dictamen en noviembre de 2017 y nunca llegó al recinto porque no estuvo en la agenda del oficialismo.
"Si la hubiéramos tratado, no habría condenados por corrupción que fueran candidatos", remató la ex jefa del frente renovador, cuyos diputados avalaron aquel dictamen junto al oficialismo y esta tarde se sumaron al del kirchnerismo, a través de Vanesa Massetani y Raúl Pérez.
Pablo Kosiner, candidato a renovar en la lista de Lavagna y su coterráneo Juan Manuel Urtubey, se aisló con un dictamen propio, que incorporó más delitos que el Gobierno y menos que el resto del peronismo. "Se juntaron 90 mil firmas para una ley de emergencia en violencia de género y nunca se trató. Deberían abrir la comisión de Presupuesto y tratar los temas que le interesan a la gente", protestó.
Pero Cambiemos tomó el tema para debatir en la campaña y ayer recibió 255 mil firmas de la ONG Change.com para presionar a la oposición a dar la cara. La convocatoria estuvo motorizada por el economista Gustavo Segré, quien reside en Brasil, donde esta ley impidió que fuera candidato Lula Ignacio Da Silva. Se la llama "ficha limpia".
Esta tarde intentó imponer el dictamen consensuado en su bloque para proscribir solamente a los condenados por corrupción en segunda instancia, aunque algunos oficialistas exigían que sea en primera, antes de la apelación. No hubo consenso para sumar otros delitos como violencia de género, pedidos por varias legisladoras.
Sólo consiguieron firmas de sus diputados y ante el inesperado despacho de la oposición se encontrará en una encrucijada si lo lleva al recinto, porque si la oposición reúne la mayoría, como es posible, podrían aprobar el proyecto en general y modificarlo a gusto en el debate en particular. Ya lo han hecho otras veces.
"El artículo 36 de la Constitución es claro y no permite llevar esta restricción a delitos dolosos", sostuvo la macrista Sllvia Lospennato. "Siempre se frenó esta ley por la presunción de inocencia, que en realidad es salvable, porque existe la prisión preventiva. Lo que hacemos es reglamentar la presunción de inocencia", explicó Pablo Tonelli, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.
"Estamos discutiendo esta ley porque en Argentina las condenas de corrupción llevan en promedio 14 años. Tengamos la capacidad de salir de la coyuntura, pensar la norma que necesita Argentina para las personas que han cometido delitos de corrupción no puedan ser candidatos", respondió la radical Brenda Austin.
"Lamento que muchos se olviden de principios elementales de la Constitución, el proyecto le baja considerablemente el precio al principio de inocencia. Condena es sentencia firme. No hay vueltas. Lo que tenemos que resolver en tal caso es la demora de la justicia", había protestado la kirchnerista María Emilia Soria.
