El Senado volvió a aprobar este miércoles en comisión un dictamen de la ley de financiamiento político que contempla la bancarización de los aportes de campaña, la habilitación a recibir aportes privados y un cupo de publicidad para los medios digitales de producción nacional.

El despacho se firmó en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Asuntos Constitucionales y reemplazó el que se había consensuado en noviembre y estaba en condiciones de aprobarse en el recinto.

En una sesión fugaz, este mediodía los líderes del PJ y Cambiemos acordaron con sus pares desestimar esa versión y realizar varios cambios en un plenario para aprobarlo el 10 de abril.

No son modificaciones sustanciales: el texto final mantiene la autorización a recibir aportes de personas jurídicas de hasta el 2% de los gastos permitidos, mientras que la Cámara Electoral definirá el tope de ayuda posible de este sector, hasta ahora inhabilitado a contribuir. El 30% de los aportes totales de los partidos deberán destinarse a capacitación. 

El debate reabierto será por la inhabilitación de los sindicatos a contribuir en las campañas, incorporada en el dictamen de noviembre y cuestionada por el sindicalista Guillermo Pereyra, de Neuquén. Pedirá modificar ese inciso en la sesión, el peronismo acompañaría, pero Cambiemos sostendrá el rechazo y la votación será pareja.

El senador neuquino Guillermo Pereyra.

El peronista Guillermo Snopek, en tanto, propone prohibir "contribuciones o donaciones de personas humanas o jurídicas que se encuentren imputadas en un proceso penal en trámite". Un tema sensible, porque muchos empresarios de la construcción tienen cuenta pendientes en la justicia y quieren ayudar a candidatos presidenciales sin correr riesgos.

El kirchnerismo no participó del debate en comisión y rechazaría la ley, por no aceptar la incorporación de aportes privados. El dictamen de rechazo lo presentó Magdalena Odarda, rionegrina y del Frente Progresista, pero aliada de Cristina en casi todas las votaciones. Mientras que José Mayans y Mario País, compañeros de Pichetto pero cercanos a la ex presidenta, objetaron una decena de artículos y votarían en contra.

La novedad incorporada la semana pasada es que el 60% de la publicidad digital de campaña fondeada con "recursos públicos" deberá ser destinada a "sitios periodísticos digitales", el 35% de alcance nacional y el 25% provincial. Se trata de un pedido que hicieron al Senado y a la Casa Rosada Adepa y la Asociación de Periodismo Digital (APD) y fue bien receptado por todas las fuerzas políticas.

Europa obliga a Google, Facebook y YouTube a pagar a los medios por su contenido

El objetivo es evitar que las multinacionales Google y Facebook, que contratan una mínima dotación de personal en el país y en el caso de la firma de Zuckerberg ni siquiera pagan impuestos, se lleven el grueso del presupuesto público. Con un agravante: ambas plataformas son el vehículo por el que se distribuyen las fake news que distorsionan los sistemas democráticos y las votaciones. Se trata de una legislación de avanzada y que podría replicarse en otros países. De hecho, este martes el Parlamento Europeo en una votación histórica sancionó una norma que obliga a estos gigantes, que concentran el 80 % de la publicidad mundial, a pagar a los medios europeos por el contenido de ellos que distribuyen.

Además, a pedido de la Cámara Nacional Electoral, el proyecto la habilita a crear un "registro de las cuentas de redes sociales, sitios de internet y demás canales digitales de comunicación de los precandidatos, candidatos, agrupaciones políticas y máximas autoridades partidarias". Intentará combatir las fake news.

Esta regulación de las plataformas digitales no terminó de quedar definida, porque las senadoras Olga Brizuela y Doria (UCR) y María Fiore (Interbloque federal) recordaron que sólo aceptan pagos por tarjetas de crédito y las agrupaciones no tienen como facturarlo.

"Hay que pedirlas en Irlanda", bromeó Alfredo Luenzo, del PJ, uno de los promotores del aporte a los medios digitales. "Hay que aclarar que sean de producción propia, no un repetidor de contenido", diferenció el periodista de profesión. Seguirán discutiendo en el recinto. Pero habría ley.