El fiscal Sebastián Scalera volvió a pedir este martes la detención del gremialista Pablo Moyano, lo llamó a indagatoria y recusó al juez Luis Carzoglio, quien había rechazado una solicitud similar.

Scalera insistió en que existió una asociación ilícita liderada por Moyano que se dedicó a "defraudar al club Independiente mediante la gestión, obtención, impresión oculta y reventa de entradas y protocolos de acceso a los espectáculos deportivos".

De acuerdo con el funcionario, el funcionamiento de esa estructura no podía escapar de la responsabilidad y conocimiento como principal autoridad de la institución deportiva, Hugo Moyano.

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Como explicó este medio, Scalera es un fiscal con vínculos con Elisa Carrió y con el procurador bonaerense Julio Conte Grand.

Las explosivas acusaciones que hizo Carzoglio la semana pasada, luego de anunciar que no detendría a Moyano en una improvisada conferencia de prensa en la puerta de su juzgado, provocaron una rápida reacción del procurador de María Eugenia Vidal, que deslizó que impulsará su juicio político.

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Se trata de una estrategia casi habitual del macrismo, que ha denunciado recurrentemente a jueces, fiscales y camaristas que dictaron fallos en contra de los intereses oficiales. En este caso, la amenaza del juicio político a Carzoglio alimenta las especulaciones sobre una maniobra del Gobierno contra Hugo y Pablo Moyano, una polémica que a la Casa Rosada le sirve para correr del eje de la discusión pública la crisis económica.