La ley de extinción de dominio, que habilita al Gobierno a expropiar bienes originados por delitos como la corrupción, volvió a trabarse en el Senado tras un intento fallido de Federico Pinedo por imponer un dictamen sin mayoría propia en el plenario de comisiones.

Lo detuvo el Justicialismo, el kirchnerismo y también su compañero del PRO Ernesto Martínez, que ante la falta de consenso pidió no firmar ningún despacho hasta que no haya una negociación fructífera.

"La ley aprobada en Diputados hace dos años es un mamarracho y si la modificamos por mayoría simple la podrían ratificar. Negociemos un proyecto mejor. Háganme cargo a mí", propuso el cordobés ante la mirada de asombro de Pinedo.

Lejos de esa estrategia, el presidente provisional estaba dispuesto a que haya varios dictámenes y jugar a suerte y verdad en el recinto, donde tendría su tribuna para acusar a la oposición de cajonear la ley por dos años y proteger a los corruptos. 

Es que aquella media sanción surgió con las imágenes frescas de José López arrojando bolsos de dinero a un convento y para la oposición carece de garantías mínimas. "Se parece a un organismo de la dictadura", llegó a decirle a Germán Garavano el jefe del Justicialismo Miguel Pichetto, víctima de un feroz ataque de los trolls por demorar la ley. 

El año pasado intentó negociar un texto alternativo pero claudicó al no haber certezas de su sanción en Diputados. Tampoco la tienen ahora pero, como dijo Martínez, si la ley es aprobada con dos tercios la Cámara vecina necesitaría esa mayoría para ratificar la versión original. Y no sería fácil que la consiguieran.

Pinedo quería apurar un dictamen y debatir a todo o nada en el recinto, pero su compañero Ernesto Martínez pidió negociar 15 días para llegar a un acuerdo. El kirchnerismo se sumó: propone expropiar bienes ante delitos financieros. 

Por si algo le faltaba a esta polémica se sumó el kirchnerismo, que propuso incorporar a la expropiación los bienes producidos o equivalentes a delitos financieros, como manejo de información privilegiada y de cuentas offshore, que involucran a funcionarios del Gobierno. "También a quienes entreguen dádivas y han sido corruptores", sugirió la santafesina María de los Ángeles Sacnun.

A Pichetto y Rodolfo Urtubey no les pareció mal la idea pero Pinedo la rechazó de inmediato. "Esta ley baja el umbral de garantías de los ciudadanos y por lo tanto es para atacar delitos complejos: narcotráfico terrorismo, trata y corrupción", se atajó.

LPOJuan Casas

Subsanado el tema de las garantías constitucionales, hasta esta mañana la única controversia era sobre la ruta judicial. Pinedo insiste en que la extinción de dominio (o sea la apropiación de bienes por parte del Estado) debe ser mediante una acción civil, que pueda requerir un fiscal en cualquier momento.

Como ya habían anunciado en conferencia de prensa, Pichetto y su par Rodolfo Urtubey proponen para ese trámite una acción civil dentro del proceso penal, aplicable a partir de la primera sentencia y con intervención del procurador del Tesoro.

"Se dictaría una sentencia civil que extingue titularidad y el bien pasa a una agencia de bienes del Estado", precisó Pichetto, que estuvo asesorado por Ricardo Gil Lavedra.

Pinedo no tenía orden de negociar. "Es importante extinguir el dominio aún antes de la sentencia penal y por eso proponemos una sentencia civil y que cualquier fiscal lo solicite".

"O sea, cuando llega la confirmación del tribunal de alzada, queda habilitado el fiscal para iniciar en sede civil la extinción y los procedimientos se simplifican y se abrevian".

Pero Martínez propuso por las suyas tomarse un tiempo para negociar, Pichetto asintió y Pinedo no tuvo más remedio que ceder porque los dictámenes no tienen validad si más de la mitad de los miembros de las comisiones se van sin firmar ninguno. "Nos volvemos a reunir el 7", propuso el entrerriano Pedro Guastavino, a cargo de coordinar el debate.

Juan Carlos Casas.

A río revuelto se sumó una polémica por la intervención o no del Ministerio Público Fiscal. Pichetto y Urtubey lo excluyeron e incorporaron al procurador del Tesoro, por tratarse de una expropiación, pero Cambiemos y el kirchnerismo no ven mal que actúen la procuración. 

"El año pasado decíamos que debía intervenir la procuración y lo seguimos pensando", chicaneó la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti. Hace 365 días la jefa de fiscales aún era Alejandra Gils Carbó y el PRO la quería lejos de cualquier decisión de envergadura.

"Todos sabemos que el anterior procurador del Tesoro hizo un dictamen que al Gobierno no le gustó y lo echaron, porque depende del presidente. No está bien que un proyecto como este dependa del Poder Ejecutivo. Le pido a mi bloque que evaluemos esto. Tenemos que decir las cosas de frente", desafió el formoseño José Mayans, que integra la bancada de Pichetto. Avaló además sumar delitos financieros para investigar "el escándalo del Banco Central". Quedan 15 días de negociación.  Como mínimo.