"Íbamos a buscar la plata de los intereses que le debía al gordo", sostuvo este jueves Juan Ruffino, uno de los imputados por el asesinato de Hugo Oldani sobre el motivo del asalto que terminó en el fatal hecho.

Estas palabras fueron expresadas ante la jueza Susana Luna, durante una audiencia en la que Ruffino intentó zafar (sin suerte) de su prisión preventiva.

Lo curioso es que el "gordo" mencionado es nada menos que el también fallecido David Perona, uno de los cabecillas de la red de juego clandestino más grande de la provincia que murió por coronavirus mientras esperaba a ser juzgado.

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En la audiencia, Ruffino afirmó que conoció a Perona "hace dos años y medio en el casino (de Santa Fe)", y lo describió como "un hombre de tez blanca, obeso y con muchas cadenas de oro". También dijo que era una persona que "viajaba mucho a Rosario", y que cuando se iba "le dejaba a su cuidado bolsos con dinero".

Fue en este marco, según lo publicado por Aire Digital, que Ruffino recordó el momento en que Perona le pidió "que vaya a cambiarle dinero por dólares a la galería Rivadavia", dándole "un bolso con siete millones de pesos".

Lo llamativo es que dicha galería es la misma en la que se encontraba Turismo Oldani, lugar del asesinato de Hugo Oldani y presunta sede de la cueva financiera que este empresario manejó durante años junto a familiares y empleados.

Lo que dio a entender Ruffino, entonces, es que el asalto al financista no fue casual (algo que ya se preveía), sino que se dio en el marco de un "cobro" por una deuda que Oldani habría mantenido con David Perona.

 Ruffino recordó el momento en que Perona le pidió "que vaya a cambiarle dinero por dólares a la galería Rivadavia", dándole "un bolso con siete millones de pesos" 

De ser así, la presunta cueva financiera instalada en la galería Rivadavia se encargaba de lavar activos provenientes de la red de juego clandestino que tiene en la mira a funcionarios políticos y judiciales de alto rango.

Todo eso es lo que está por verse, y su esclarecimiento dependerá del avance en las investigaciones.

Con respecto a la causa de lavados de activo, el juez federal Marcelo Bailaque dispuso esta semana el procesamiento de los diez imputados, entre ellos a la hija del empresario, Virginia Oldani y a su empleada, María José Calle, por supuesta "intermediación financiera no autorizada", y ordenó embargar los bienes de todos ellos por medio millón de pesos a cada uno.

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También está comprometida la fiscal Cristina Ferraro, apartada de la causa por haber permitido que se violase la escena del crimen horas después del asesinato.

En cuanto a Ruffino, seguirá enfrentando una posible pena de prisión perpetua mientras se investiga su grado de conocimiento sobre los nexos entre Oldani y Perona.