El gobernador Perotti ganó un round importante en la densa pelea que mantiene con buena parte del sistema polÃtico y judicial de Santa Fe, para intentar avanzar en una suerte de Mani Pulite que exponga los vÃnculos con el narcotráfico.
Luego de resistir la decisión, el Fiscal General de Santa Fe, Jorge Baclini, habilitó al ex ministro de Seguridad, Marcelo SaÃn, para que se ponga al frente de la Oficina de Investigaciones, un organismo clave en el que Sain podrÃa continuar con la tarea que empezó como ministro. El procurador santafesino levantó la licencia sin goce de sueldo que pidió al momento de ser nombrado al frente de la cartera.
De esta manera, SaÃn queda en condiciones de retornar el lunes mismo al cargo que habÃa ganado por concurso durante el gobierno del socialista Miguel Lifschitz. Como reveló LPO, los socialistas ahora querÃan trabar la asunción de Sain en ese cargo crÃtico, temerosos que algunas de las investigaciones expongan vÃnculos con el narcotráfico.
Antes de su renuncia, senadores del peronismo enfrentado a Perotti y la oposición habÃan impulsado dos leyes en contra del entonces ministro de las cuales una determinaba la incompatibilidad de cargos entre dos Poderes del Estado y lo obligaban a SaÃn a renunciar a la oficina que ahora va a ocupar.
Como la renuncia no se concretó, los socialistas JoaquÃn Blanco y Pablo FarÃas avanzaron en varias estrategias para bloquear la vuelta. Por un lado, habÃan impulsado una investigación penal preparatoria (IPP) contra el ex funcionario ante la AuditorÃa General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación por la "comisión de faltas graves", por las declaraciones y audios ofensivos que se filtraron a la prensa. Además, reflotaron un pedido de Juicio PolÃtico que habÃa presentado la Coalición CÃvica que pretendÃan que se hiciera extensivo al cargo en la Oficina de Investigaciones.
Sin embargo, Baclini desestimó las denuncias y dio instrucciones para habilitarlo para que asuma al frente de la Oficina de Investigaciones. Un paso que genera profunda preocupación en la oposición y el peronismo enfrentado a Perotti que lidera el senador Armando Traferri, dado que SaÃn fue el principal impulsor de causas sensibles que sacudieron los cimientos del poder polÃtico económico y judicial de la provincia y temen que ahora profundice esas causas desde la dependencia creada para tal fin.
En el gobierno consideran al regreso del ex ministro como un triunfo polÃtico de Perotti, que habÃa aceptado su renuncia a regañadientes. Ahora, analizan que con Jorge Lagna al frente del Ministerio de Seguridad, quien tiene mayor muñeca polÃtica, y SaÃn en la Oficina de Investigaciones, donde podrá desplegar todo su potencial como especialista, puede ofrecer avances significativos en la lucha contra las mafias.
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A su vez, la decisión de Baclini de habilitarlo nuevamente al ex ministro no fue sencilla. SaÃn también cosechó resistencias en la Corte Suprema de Santa Fe, sobre todo con su ex presidente, Rafael Gutiérrez, con estrechos vÃnculos al senador Armando Traferri y la vicegobernadora Alejandra Rodenas. Su hijo, Rafael Esteban, es el secretario parlamentario de la Cámara Alta.
Pero la situación de Baclini no es tampoco la más cómoda. Durante su gestión al frente del Ministerio Público de la Acusación (MPA), desde 2017, los escándalos que salpicaron a fiscales bajo su mando no fueron pocos y temÃa que le activen un Juicio PolÃtico.
Si bien, el caso más resonante fue la del juego clandestino, que derivó en la prisión del jefe regional del MPA de Rosario Patricio Serjal y del fiscal Ponce Asahad por brindarle protección judicial a la red que lideraba Leonardo Peiti, la investigación afectó a varios funcionarios de la dependencia.
DÃas atrás, la Legislatura de Santa Fe suspendió al fiscal adjunto de Reconquista Rodrigo González por no haber activado la investigación sobre la actuación de la red de Peiti en la ciudad del norte provincial. Bajo sospecha, también quedó su colega de San Lorenzo, Melisa Serena.
En conversaciones por Telegram con el secretario del detenido Ponce Asahad, Serena reconoce que "son temas que jamás se han tocado en San Lorenzo pese a que se sabe", y agrega "¿Qué pretende el pelotudo de SaÃn, que nos pongamos a investigar esas causas para ir en contra de Traferri? El senador Armando Traferri ya habÃa sido señalado como uno de los organizadores de la banda pero su investigación no prosperó porque la Cámara Alta impidió el desafuero.
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A su vez, la fiscal de Rosario Natalia Benvenutto, cercana al ex fiscal regional Patricio Serjal, también fue puesta bajo la lupa por no impulsar una investigación al padre de Leonardo Peiti, quien comenzó décadas atrás con la administración de casinos ilegales por todo Santa Fe.
Esta misma causa complicó al fiscal de Rafaela, MartÃn Castellanos, por haber demorado los procedimientos que afectaban a su región. Cuando se conoció públicamente que Castellanos iba a ser investigado por estas dilaciones, apuró una serie de allanamientos que dieron con la detención de David Perona, conocido en la ciudad como "el rey del juego clandestino". Perona falleció pocas semanas después de su encarcelamiento.
Otro caso de alto impacto fue el crimen del empresario Hugo Oldani quien escondÃa una cueva financiera detrás de una casa de turismo y su asesinato destapó vÃnculos con el poder polÃtico y judicial en la ciudad capital de Santa Fe.
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Las irregularidades de parte de la fiscal Cristina Ferraro, al frente de la Unidad Especial de Homicidios obligó al entonces ministro SaÃn a denunciarla ante la justicia federal por encubrimiento de lavado de activos, cuando autorizó a familiares de Oldani a retirar una gran cantidad de dólares y pesos en la misma madrugada en que mataron al dueño de la firma, sin hacer protección de pruebas.
En el mismo expediente quedó comprometido otro fiscal, Gonzalo Iglesias, cuando imputó como autor intelectual del asesinato de Oldani al bioquÃmico Alfredo Sadonio. Después se supo que los indicios con los que ordenó el procesamiento del profesional habÃan sido fraguados.
A estos casos de fuerte impacto público se le suman los del fiscal Mauro Blanco por presuntos vÃnculos con el narcotráfico en Venado Tuerto en una investigación que impulsa la justicia bonaerense. En Rosario, otro fiscal, Adrián Spelta, estuvo bajo investigación de la Comisión Bicameral de la Legislatura por haber beneficiado con prisión domiciliaria a Emanuel "Ema Pimpi" Sandoval, un peligroso narco que fue asesinado cuando cumplÃa la pena en una mansión de la zona norte de la ciudad, propiedad del hermano de un juez.
Es evidente que los escándalos que enredaron a fiscales del Ministerio Público Fiscal fueron numerosos y ninguno liviano. Algunos funcionarios del gobierno de Perotti consideran que el procurador Baclini tuvo una mirada negligente o desaprensiva sobre cada uno de los hechos cuando debieron haber derivado en investigaciones y reformas profundas del nuevo sistema penal acusatorio.
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