La Asociación Médica de Rosario -AMR- se puso al frente del reclamo al sector financiador privado por la actualización de los honorarios médicos "en concordancia con los ajustes que las empresas que lo conforman ya han realizado en respuesta a las medidas económicas tomadas por el gobierno nacional", sostienen desde la entidad gremial.

Asimismo, volvieron a insistir con el acortamiento en los plazos de cobro que no deben exceder los 30 días de realizada la prestación: "con el impacto de la alta inflación en los ingresos, no podemos cobrar a 60 o 90 días porque perdemos mucha capacidad adquisitiva", admitió un profesional.

Respecto de la actualización de los honorarios, desde la Asociación Médica señalan que es justificado y que "no hay razones para que se demore en esta ocasión ni ante eventuales incrementos que se produzcan en el corto o mediano plazo; ya que las y los profesionales de la Salud no podemos ser la variable de ajuste del sistema".

Por otra parte, "seguimos sosteniendo que la solución a este problema pasa por generar valores de referencia ajustables -de acuerdo al proyecto de ley provincial presentado por el Colegio de Médicos en noviembre pasado´'- y que sea la AMR la encargada de gestionar el cobro de todos los honorarios de consultas médicas.

Por otro lado, respecto a los anuncios del gobierno nacional destacaron que los mismos "nos interpelan como entidad que representa a las médicas y los médicos, con una coherente conducta democrática a través de nuestra historia. Por eso, seguimos ratificando que la Salud es un derecho de la ciudadanía y no un bien de mercado".

"Con este sentido reiteramos nuestra voluntad de participación en las discusiones sobre el sistema y sus posibles cambios, que creemos firmemente deben ser el resultado de consensos entre quienes lo conforman y representan genuinamente al conjunto de la sociedad, para garantizar la plena vigencia del estado de derecho", señalaron desde el gremio que conduce Dardo Dorato.

Según la Asociación Médica de Rosario, la desregulación de la salud planteada en el proyecto de ley ómnibus que impulsa el oficialismo, "viene a completar un ciclo iniciado en 1993" y aseguran que, como consecuencia, "habrá una caída de la cobertura, tanto en la seguridad social como en las prepagas, situación que se agravará por la prescindencia del Estado, lo que hará que el acceso a la salud esté limitado a la capacidad de pago de las personas".

"En consecuencia se generará una situación de inequidad, acentuada también por las dificultades de acceso a medicamentos por su encarecimiento sostenido, que ratifica nuestras afirmaciones: la salud dejará de ser un derecho para ser un bien más de mercado", concluyeron.