El ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, fue imputado este martes como jefe de una asociación ilícita que se dedicó a espiar a políticos y empresarios a través de perfilamientos y uso indebido de la información reservada, en una causa que se inició con el allanamiento a las oficinas del Ministerio donde se secuestraron teléfonos, carpetas y otros dispositivos electrónicos con la sospecha de que se había montado un sistema de espionaje ilegal.

Según la acusación, los funcionarios del Ministerio montaron una estructura estable "para cometer diversos delitos contra la administración pública y personas humanas y jurídicas" y estuvo presidida por Marcelo Sain (Ministro de Seguridad y Director del Organismo de Investigaciones), Esteban Germán Montenegro (Secretario de Seguridad Pública), Nadia Schujman (secretaria de Control Institucional) junto con Diego Alfredo Rodríguez (Subsecretario de Control Institucional), Pablo Álvarez (Subsecretario de Investigación Criminal), Débora Cotichini (Jefa de Departamento de Inteligencia), Milagros Bernard y María Agustina Moulins, ambas contratadas en distintas dependencias de la cartera.

En ese marco, se acusó a Sain de solicitarle a sus dependientes "tareas ilegales de inteligencia y recopilación de datos" con "fines políticos partidarios, para hostigar o intimidar a rivales políticos o funcionarios, empresarios y profesionales con los que disentía públicamente", como con el dueño del multimedio La Capital y Televisión Litoral, Gustavo Scaglione quien se presentó como querellante en la causa. 

"Al menos a partir del 30 de diciembre de 2019, la asociación ilícita se dedicó a obtener información, producir inteligencia y almacenar datos sobre Maximiliano Pullaro y su entorno familiar y político, por el sólo hecho de su pertenencia político-partidaria", señalaron los fiscales e indicaron que se recolectó información de manera ilegal de empresas presuntamente vinculadas al ex ministro radical "en el marco de una disputa política con el diputado nacional Roberto Mirabella".

Además, en la acusación se menciona que Sain le pidió a su equipo información sobre los hermanos Julián y Lucas Galdeano, el primero diputado provincial del radicalismo que impulsó la candidatura de Carolina Losada y el segundo, actualmente al frente del Colegio de Abogados de Rosario. También hicieron "perfilamientos" de abogados reconocidos por defender narcotraficantes. Para ello, se utilizaban datos recabados en redes sociales, organismos oficiales y servicios de datos online como CUITonline, Sudamericadata y NOSIS.

"Todos estos informes reúnen, sistematizan, contextualizan, valoran y cotejan la información personal obtenida de las fuentes referidas tanto de las personas mencionadas como de su entorno personal, laboral y familiar", reiteraron los fiscales santafesinos Ezequiel Hernández y Federico Grinberg. A su vez, mucha de esa información, habría sido entregada a periodistas reconocidos de Santa Fe y Buenos Aires para su difusión para motorizar una campaña de desprestigio, agregaron.

Entre los espiados, también se refiere al líder de la poderosa UPCN de ciudad de Santa Fe, Jorge Molina, a quien se hizo el perfilamiento de familia y allegados personales y políticos. En la acusación, se detalla un pedido expreso para detectar si había un vínculo cercano entre el sindicalista y el senador de San Lorenzo, Armando Traferri, comprometido con la causa del Juego Clandestino. Algo similar ocurrió con el empresario Nahuel Caputto, dueño del diario El Litoral cuya información fue archivada bajo el nombre de "Las Empresas de Caputto", detallaron los fiscales.

En cuanto al dueño de La Capital y otros empresarios importantes de Rosario, los acusadores aseguraron que "la asociación ilícita se dedicó a obtener información, almacenar datos y producir inteligencia sobre la actividad comercial de Gustavo Scaglione, sus socios, sus empresas, las empresas de su esposa y algunos de sus empleados, por el sólo hecho de su actividad lícita y con la finalidad de influir en medios de difusión". 

"Con tal fin realizaron numerosas búsquedas en las bases de datos Sudamericadata y Nosis por medio de claves a disposición de los imputados en su carácter de funcionarios del Ministerio de Seguridad y el OI. Entre las personas físicas y jurídicas de las cuales se obtuvo información se encuentran: Multimedios La Capital; Daminato Estudiantil; Daminato Viajes y Turismo; (empresas vinculadas a Scaglione); Roberto Villavicencio y su hija Ivonne (del Grupo Oroño)", entre otras personas investigadas ilegalmente.

Otra acusación grave que le adjudicaron a Sain es por abuso de autoridad, torturas y vejaciones a través de órdenes ilegales a la policía como en el caso de Juan Maidana, detenido sospechado del homicidio de Tomás Carlovich, a quien el entonces Ministro le ordena al Jefe policial Maximiliano Bertolotti que le de "leña, bolsa" y luego le ordenó "un toquecito" a través de un grupo de WhatsApp del que formaban parte también Mariana Olivieri (Directora Provincial de Asuntos Internos) y Nadia Schujman quien también es abogada y militantes de HIJOS, la agrupación de Derechos Humanos.

 Otro caso ocurrió el 7 de febrero del año pasado cuando llegó al Ministerio averiguaciones del abogado Fausto Yrure porque le había informado que su cliente, Dylan Cantero (uno de los menores dee la familia de Los Monos), estaba siendo golpeado por personal policial "Ni se te ocurra intervenir. Y si intervienen, háganse los boludos", ordenó Sain a Schujman.

Ahora, la imputación dará inicio al procesamiento de los acusados en otra causa de gran impacto político e institucional para la provincia de Santa Fe. De hecho, en la defensa consideran que se trata de un contraataque por la causa del juego clandestino que comprometió a altos funcionarios judiciales y políticos.