En 2018, un detallado informe de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) dejó en notable evidencia las "omisiones conscientes" que 19 integrantes del Mercado de Valores del Litoral (MVL) le concedieron entre 2003 y 2012 a Mario Rossini, titular de la firma Bolsafe Valores, para que ejecutara una de las megaestafas más grande en la historia del país.

El informe fue realizado por pedido expreso del fiscal federal Walter Rodríguez -a cargo de la causa-, cansado de la negativa del juez federal Francisco Miño de conceder el llamado a indagatoria para estos ex directivos y presuntos implicados en la estafa, por considerar que no había pruebas suficientes para ello.

 El Mercado de Valores del Litoral conocía que Rossini era accionista y presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos

Pero en su documento, la Procelac demostró punto por punto lo contrario para concluir: "El Mercado de Valores del Litoral conocía que Rossini era accionista y presidente tanto de Bolsafe como de BV Emprendimientos (firma satélite del contador) y que esta última desarrollaba la prohibida operatoria de alquiler de títulos".

Allí los cotitulares de la Procelac, Gabriel Pérez Barbará y María Laura Roteta, dieron un detallado croquis de cómo se ejecutaron las estafas mediante la utilización de un esquema Ponzi similar al popularizado internacionalmente por Bernie Madoff. "Las pruebas son tan precisas y evidentes que al verlas no quedan dudas de quiénes hicieron lo que hicieron", explicó en una reciente entrevista el abogado defensor Enrique Muller a LPO.

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No obstante, y pese a la evidencia, fue poco lo que avanzó la causa en estos casi diez años. La defensa de los damnificados siempre cuestionaron las trabas judiciales que paralizaron el proceso, y luego de una reiterada presión el fiscal Rodriguez logró que Marcelo Bailaque -reemplazante de Miño, quien planchó el proceso hasta jubilarse- los llamara finalmente a indagatoria para inicios de este año, luego por "motivos sanitarios" aplazado.

Por eso, la concreción de las indagatorias para 12 de los ex integrantes del Mercado de Valores del Litoral fue tomado como un "avance muy importante" para la defensa de los damnificados.

Durante las últimas dos semanas, se presentaron ante el juez Bailaque los ex directivos Marcelo Fink, José Néstor Tabares, Pablo Guillermo Tabares, José Luis Renzulli, Luis Ángel Puig, Alfio Martín Re, María Soledad Platino, Alex Castelví, José María Candioti, Alfredo César Calabrese, Juan Luis Catuogno y Walter Fabian Bernacchi, según contó Aire Digital.

Son 12 de las 19 ex integrantes del MVL que, lejos de auditar las maniobras de Rossini, habrían incurrido en una "convergencia de voluntades dirigida a la consecución de objetivos delictivos comunes, compatible con un aporte a título de complicidad".

Lo interesante es que entre los indagados sobresalen algunas figuras de peso político, como es el caso de Pablo Tabares, ex funcionario municipal del actual candidato a senador José Corral, de quien fue secretario de Producción y director de la Agencia de Comercio Exterior.

En 2014, cuando el nombre de Tabares había saltado en la causa, el por entonces intendente Corral decía: "Confiamos en que el contador Tabares no tiene vínculo con esta defraudación que afectó a muchas personas".

También sobresale José María Candiotti, durante cuatro meses ministro de Economía de Carlos Reutemann, y el contador Germán Huber, ex vocal del Tribunal de Cuentas de la provincia entre 2011 y 2018 en los mandatos de los socialistas Hermes Binner, Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz. Luis Puig, en tanto, fue directivo del banco Bica.

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Debe señalarse finalmente que Mario Rossini, su hermano Omar y siete de sus empleadas ya están siendo enjuiciados desde agosto pasado en los tribunales santafesinos, acusados de estafar a 408 ahorristas por montos estimados en 250 millones de pesos, a valor de 2016.

  Mario Rossini, su hermano Omar y siete de sus empleadas ya están siendo enjuiciados desde agosto pasado en los tribunales santafesinos, acusados de estafar a 408 ahorristas por montos estimados en 250 millones de pesos, a valor de 2016

En un segunda etapa se busca juzgar la intervención de la sucursal santafesina del Banco Galicia, entidad bancaria que permitió el traslado ilegal de bonos desde Bolsafe hacia BV Emprendimientos y Valfinsa SA, firmas paralelas de Rossini.

El tercer tramo de la investigación se centra en las actuaciones del Mercado de Valores del Litoral, entidad encargada de fiscalizar la actividad financiera y bursátil de las firmas involucradas.

"Existen elementos suficientes para que ese grupo de personas también comparezca a prestar declaración indagatoria", había dicho en 2014 el fiscal Rodríguez sobre los imputados del MVL. Siete años después -y con la asistencia de la Procelac mediante- finalmente obtuvo su primera respuesta.