d Las expectativas del campo con un retroceso del gobierno en la decisión de aumentar retenciones a los derivados de la soja, maÃz y trigo se esfumaron este jueves cuando el ministro de EconomÃa, Luis Caputo, y el mismo presidente salieron con los tapones de punta contra los gobernadores y a defender las reformas de la ley ómnibus desoyendo muchas de las modificaciones acordadas en el plenario de comisiones de Diputados.
Esta situación generó incertidumbre en la cadena productiva más redituable para el paÃs en las puertas de la cosecha gruesa, aunque hay poca liquidación de granos debido a la brecha cambiaria que presiona al gobierno con una nueva devaluación.
En consecuencia, Caputo se las agarró contra las cerealeras a quienes acusa de no exportar y de hacerle temblar el acuerdo con el Fondo Monetario, a lo que se le suma los pasos en falso con China que imposibilita a Argentina recibir fondos del swap para cumplir con el próximo vencimiento.
Lo cierto es que Caputo está empecinado en no tocar una letra de las reformas económicas y en esa tozudez arrastró a Milei y el tema retenciones es un capÃtulo cerrado para el oficialismo que este jueves volvió a la carga contra los gobernadores como el santafesino Pullaro que se opone al gravamen porque es una de las provincias más perjudicadas.
Ante esto, las entidades agrÃcolas reafirmaron su posición contra el aumento de retenciones: "de ninguna manera vamos a avalar esta medida", dijeron fuentes del Consejo Agroindustrial Argentino, que hablaron con LPO. El miércoles, terminada la plenaria de comisiones, el CAA emitió un documento pidiéndole a los diputados que rechacen la suba.
Por otro lado, la Mesa de Enlace volvió a crujir. Tras la reunión con funcionarios nacionales, la Federación Agraria mantuvo su rechazo a la suba de retenciones a los derivados de la soja, maÃz y trigo mientras que la Sociedad Rural expresó una crÃtica tibia que terminó avalando la insistencia de Caputo:
"En tanto los funcionarios manifestaron su compromiso de que, una vez pasada la emergencia, los impuestos bajarán", se conformaron desde la SRA con la promesa que le habrÃa hecho el ministro de EconomÃa para convencerlos.
En paralelo, se cuecen otras broncas. En el polo agroindustrial del Gran Rosario, que disputa con Nueva Orleans el primer puesto del ranking de complejos portuarios fluviales, apuntaron contra el abogado Nicolás Mayoraz cuyo estudio jurÃdico maneja los hilos del Sindicato de Empleados Portuarios de Argentina (SUPA) desde que fue apartado el patriarca Herme Juárez.
Mayoraz entró en la Cámara de Diputados en la lista de Milei y como presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, fue uno de los responsables para que el gobierno consiguiese dictamen para la ley ómnibus con aumento de retenciones incluidas.
Como adelantó en su momento LPO, durante la campaña ya habÃa generado polémica su incidencia en los puertos porque fue el garante de que los servicios de estiba estén en manos de pocas empresas impidiendo la libre competencia, una de las banderas libertarias.
Por ello, fuentes del ámbito portuario le pasaron factura al doble rol de Mayoraz: "sus ingresos vienen del estudio jurÃdico que asesora a proveedores de los puertos y fábricas de molienda de soja en Santa Fe y defiende la polÃticas del gobierno que va a castigar la actividad exportadora de esa zona", dijeron con furia.
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Pero bueno es lo que hay.