En estos días de julio del año 1996, pasado ya un cuarto de siglo, el presidente Carlos Saúl Menem maduraba el pedido de renuncia de Domingo Felipe Cavallo, el funcionario más poderoso de su gobierno que venía ocupando el ministerio de Economía desde el mes de marzo de 1991. El despido del creador de la ley de Convertibilidad se produciría finalmente el día viernes 26 de julio.

Con 50 años recién cumplidos, el economista y contador público cordobés, doctorado en la Universidad de Harvard en 1970 con sólo 24 años, ponía fin a varios de meses de ásperas disputas políticas con el mandatario justicialista que en 1995 había obtenido su reelección con casi el 50 por ciento de los votos.

Cavallo inició su carrera como diputado nacional por su provincia en 1987 a instancias del fallecido exgobernador justicialista de Córdoba, José Manuel De la Sota. Esas elecciones parlamentarias, junto al triunfo de Antonio Cafiero por la gobernación de la provincia de Buenos Aires, marcaron el principio del fin de la primavera alfonsinista. En julio de 1989, tras la victoria de la fórmula peronista integrada por Carlos Menem y Eduardo Duhalde con el 47,5 por ciento de los votos sobre la dupla radical Angeloz - Casella, Cavallo fue designado al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto por sus amplios vínculos con centros del poder y de las finanzas internacionales.

Además de la salida de Cavallo del Palacio de Hacienda, durante el año 1996, el presidente Menem produjo una fuerte sorpresa política a principios de marzo cuando designó al hasta entonces ministro de Educación, Jorge Rodríguez (un ingeniero agrónomo de la provincia de La Pampa), al frente de la jefatura de gabinete de ministros en reemplazo del mendocino Eduardo Bauzá.

Por esos días hubo muchas especulaciones sobre los reales motivos del cambio político en el organismo creado a partir de la reforma constitucional de 1994 a instancias del expresidente Raúl Alfonsín. La introducción de un ministro coordinador en la órbita del Poder Ejecutivo había sido fruto de las negociaciones políticas operadas entre el radicalismo y el menemismo a fines de 1993 en el llamado Pacto de Olivos. Este acuerdo permitió la reelección presidencial, acortando el mandato a cuatro años. También se dejó de lado la elección presidencial indirecta a través del colegio electoral y se introdujo, además, la modalidad del ballotage o segunda vuelta electoral.

La renuncia de Eduardo Bauzá, uno de los dirigentes de mayor confianza personal del presidente Menem desde sus épocas como gobernador de La Rioja, fue justificada por el supuesto agravamiento de su salud. Pero al poco tiempo comenzó a trascender desde la Casa Rosada que el verdadero motivo del recambio fue una declaración pública de Bauzá anticipando su apoyo a Eduardo Duhalde para la carrera presidencial de 1999.

A criterio de Menem este sorpresivo e inconsulto anuncio, a un año de las cruciales elecciones parlamentarias de 1997 que marcarían el ocaso del menemismo, significaba una decisión política intolerable, producida en medio del agravamiento de la situación económica provocada por el llamado "Efecto Tequila" ocurrido a partir de una fuerte devaluación del peso mexicano, durante el mandato del presidente Ernesto Zedillo.

En los inicios de la gestión de Carlos Menem el gabinete de ministros y secretarios de Estado estaba dividido en dos bandos: los Celestes y los Rojo Punzó. El primer grupo lo encabezaban Eduardo Menem, por entonces senador riojano, Eduardo Bauzá y el ascendente secretario Legal y Técnico, Carlos Corach. En el equipo de los Rojo Punzó sobresalían Alberto Kohan, Raúl Granillo Ocampo y el titular de la Side, Hugo Anzorreguy.

Por su parte, Domingo Cavallo surfeaba políticamente entre ambos grupos de la interna menemista gracias a una gran autonomía ejecutiva amparada en la designación de casi un centenar de funcionarios, la mayoría de ellos pertenecientes a la cordobesa Fundación Mediterránea. Formaban un homogéneo equipo técnico distribuido en secretarías, subsecretarías y organismos descentralizados desplegado con el aval y respaldo político de Menem en el ministerio de Economía y Finanzas y en el área de Obras Públicas. Con su salida del Palacio de Hacienda la mayoría de ellos regresó a la actividad privada, y desde entonces hasta el día de hoy, la autonomía funcional y decisoria que detentaban secretarios y subsecretarios de Estado nunca volvió a ser la misma en el gerenciamiento público.

La ruptura política y personal entre Menem y Cavallo tuvo en la persona del cuestionado empresario postal Alfredo Yabrán su factor desencadenante. La relación entre el caudillo riojano y el economista de Harvard resultó muy redituable y determinó el triunfo del justicialismo en las elecciones parlamentarias de 1991 y 1993, y en la reelección presidencial de 1995 por una amplia mayoría de votos. Varios gobernadores e intendentes de esos años solicitaban la presencia del ministro de Economía como figura central para sus campañas proselitistas.

En el mes de agosto de 1995 Cavallo había concurrido a la Cámara de Diputados para denunciar durante trece horas las supuestas prácticas mafiosas que el empresario Alfredo Yabrán desplegaba en el sector postal. Lo acusó de defraudación fiscal a través de decenas de compañías cuyo control directo o indirecto detentaba, entre las que se destacaban Ocasa, Andreani, Oca, Edcadassa, Interbaires e Intercargo. Días después de esa denuncia, los legisladores decidieron la creación de una Comisión Antimafia, que al poco tiempo pasó al olvido con escasos resultados judiciales en la recopilación de supuestos hechos delictivos. Algo similar ocurrió pocos años después con la Comisión Antilavado creada durante la presidencia de Fernando de la Rúa.

En el balance de la gestión económica de Cavallo existen blancos y negros, destacándose la derrota de la inflación operada a partir de la ley de Convertibilidad sancionada en abril de 1991. A su vez, con la privatización de las deficitarias empresas públicas, a lo que se sumaría una profunda reforma administrativa del sector público y un estratégico decreto de desregulación de actividades productivas y comerciales en áreas clave del estado, se logró el ingreso de millonarias inversiones extranjeras al país, como hacía muchas décadas que no ocurría.

Las reformas modernizadoras y la aplicación de una realpolitik en materia de política exterior resultaban imprescindibles como consecuencia de la hiperinflación ocurrida al final de la gestión presidencial de Raúl Alfonsín y del realineamiento del gobierno menemista con los Estados Unidos derivado de la caída del Muro Berlín en 1989, y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas entre 1990 y 1991. Pero la administración peronista no pudo o no supo desarrollar en simultáneo un plan sustentable de capacitación y reconversión laboral dirigido a compensar el profundo plan de racionalización aplicado con las privatizaciones de servicios públicos que tuvieron como consecuencia un fuerte aumento de desocupación. Tampoco pudo lograrse una mayor productividad del gasto social a pesar de la casi nula inflación de la década.

Números al canto, entre fin de 1989 y 1995 el salario real aumentó un 29 por ciento, siendo el salario real de 1994 el máximo de los últimos 25 años. Las bondades de la convertibilidad eran un canto de sirena en materia de estabilidad económica, pero los efectos negativos de un creciente déficit en la política comercial y la balanza exterior se amplificaron como consecuencia de las devaluaciones de las monedas de los socios del Mercosur primero, y de los graves efectos derivados de la crisis del sudeste asiático de 1997, después.

Despedido Cavallo, Menem designó al frente del ministerio de Economía al economista Roque Fernández, tras la negativa para ocupar ese cargo que manifestaron Roberto Alemann y Miguel Angel Broda. Fernández, un economista doctorado en 1975 en la Universidad de Chicago, se venía desempeñando como presidente del Banco Central, y su lugar fue ocupado por el mendocino Pedro Pou. Este último junto a Fernández habían creado en 1978 el Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina (CEMA), posteriormente convertido en universidad privada bajo la dirección académica de Carlos Rodríguez, a quien Fernández designara como secretario de Política Económica (viceministro) de su gestión.

Tras su salida del gabinete de Menem, Cavallo fundó su propio partido político con el nombre de Acción por la República. En las elecciones parlamentarias de 1997 ocupó el tercer lugar a nivel nacional, logrando tres bancas en la Cámara de Diputados. En las elecciones presidenciales de 1999 Acción por la República volvió a ocupar el tercer lugar con poco más del 10 por ciento de los votos, detrás de la fórmula de la Alianza encabezada por Fernando de la Rúa y Chacho Alvarez con el 48,5 por ciento, y del candidato justicialista Eduardo Alberto Duhalde con el 38,3 por ciento.

En el año 2000 Cavallo se presentó en las elecciones para jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, siendo derrotado por la fórmula de la Alianza encabezada por Aníbal Ibarra. Como éste no obtuvo el 50 por ciento de los votos debía realizarse una segunda vuelta electoral, pero finalmente Cavallo desistió de presentarse.

Para las elecciones de 1999 se había formado una alianza política entre el radicalismo encabezado por Fernando de la Rúa y el FrePaSo liderado por Chacho Alvarez, que había emergido con fuerza a partir del triunfo en las parlamentarias de 1997. Eduardo Duhalde, derrotado por la Alianza en 1999, venía solicitando la salida de la convertibilidad desde 1996 con una devaluación que favoreciera al sector exportador. Paradójicamente tanto De la Rúa como Chacho Alvarez, junto al entonces ministro de Economía José Luis Machinea, eran fuertes defensores de la convertibilidad que anclaba el valor del peso con el dólar norteamericano.

En medio de ásperas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (un salvataje del orden de los 40 mil millones de dólares), junto a una actividad económica que no terminaba de arrancar, De la Rúa designa el 5 de marzo de 2001 como ministro de Economía a Ricardo López Murphy, que hasta ese momento ocupaba la cartera de Defensa.

Otros dos economistas de renombre y peso político, Adalberto Rodríguez Giavarini y Juan José Llach (que había sido viceministro de Cavallo y uno de los arquitectos del plan de Convertibilidad), se desempeñaban, respectivamente, en el ministerio de Relaciones Exteriores y en el de Educación.

López Murphy sólo duró dos semanas al frente de Hacienda. Su cabeza fue solicitada por el ala alfonsinista de la Alianza encabezada por Leopoldo Moreau, fundamentalmente tras su anuncio de un fuerte ajuste fiscal en el sector público y en las jubilaciones, como así también en la reducción de determinadas partidas del presupuesto educativo entre el 5 y el 10 por ciento. Tras la devaluación con pesificación asimétrica decretada por el presidente Eduardo Duhalde en enero de 2002, López Murphy afirmó que esa medida implicó una reducción total del presupuesto educativo superior al 60 por ciento, seis veces mayor al planeado por él.

Renunciado López Murphy, el presidente De la Rúa designa nuevamente al frente del ministerio de Economía a Domingo Cavallo, quien contaba con el acuerdo político del FrePaSo, y en especial de su entonces líder, Chacho Alvarez. Este llegó a sugerirle a De la Rúa la posibilidad de elevarlo a Cavallo a la jefatura de gabinete de ministros. Como viceministro y a cargo de la renegociación del llamado Megacanje de la deuda externa, Cavallo designó a Federico Sturzenegger, quien durante la presidencia de Mauricio Macri ocuparía la presidencia del Banco Central entre 2015 y 2018.

Al inicio de su gestión Cavallo intentó rebajar impuestos distorsivos para reactivar el sector industrial a través de diversos planes de competitividad que no encontraron apoyo parlamentario en la coalición oficialista. La fuerte oposición política contra los planes del ministro comenzó a preocupar a los mercados y a los organismos multilaterales de crédito, que no veían con buenos ojos la falta de liderazgo político del presidente De la Rúa. En el mes de julio de 2001 Cavallo anunció un plan bautizado de "Déficit Cero", el cual contemplaba un fuerte ajuste en las cuentas públicas y en las finanzas provinciales, medidas compartidas por la entonces ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.

Pero la suerte del gobierno de la Alianza ya estaba echada. A fines de noviembre la creciente fuga de divisas y una desconfianza en aumento sobre los depósitos bancarios, llevaron a Cavallo a instaurar el 1° de diciembre el llamado corralito financiero. Sólo se permitió el retiro de 250 pesos semanales en efectivo, junto a la prohibición de enviar dinero al exterior del país y la obligación de realizar la mayor parte de las operaciones comerciales mediante cheques, tarjetas de crédito o de débito.

En ese contexto comenzó el desenlace del gobierno de De la Rúa. El mandatario radical ordenó, sin estar convencido de ello, el estado de sitio el 20 de diciembre (lo levantaría el día después en uno de sus últimas resoluciones firmadas como titular del Poder Ejecutivo) en medio de un creciente estallido social que había comenzado en varias zonas del conurbano bonaerense y se trasladó a las puertas de la Casa Rosada y del Congreso de la Nación. El sindicalismo en todas sus representaciones (CGT, CTA y Camioneros) llamó a un paro general. La represión a los disturbios sociales provocaría la muerte de 39 personas y centenares de heridos.

La historia siguiente con la sucesión de cinco presidentes en once días y la asunción de Eduardo Duhalde es conocida. También la irracional forma elegida para abandonar el régimen de convertibilidad que terminó favoreciendo a poderosos grupos empresarios. La brutal devaluación con pesificación asimétrica resultó funcional a la licuación de pasivos del sector privado, trasladando centenares de millones de deudas corporativas a las exhaustas arcas del estado nacional y a sus contribuyentes.

Asimismo, como efecto negativo de esas medidas dispuestas a principio de enero de 2002 y que afectaron severamente la seguridad jurídica del país, se produjeron millonarias rupturas contractuales derivadas en su mayoría de las privatizaciones de principios de los 90, las que hasta el día de hoy tienen al estado argentino como importante deudor en tribunales internacionales.

El relato oficial (político y comunicacional) de esos días culpaba a la política económica del menemismo, no modificada por el gobierno de la Alianza, de todos los males de la República. El propio Domingo Cavallo no lo hizo en simultáneo a la pesificación asimétrica, pero años después afirmó y escribió, tal vez con poco eco político y mediático, los inconvenientes económicos y financieros que trajo aparejada la forma en que el presidente Eduardo Duhalde resolvió la salida de la convertibilidad.

Para finalizar es válido reflexionar junto al fallecido politólogo norteamericano Murray Edelman, que en su excelente ensayo "La construcción de espectáculo político", escribió: "Sabemos que los líderes políticos deben seguir a sus seguidores, que lo típico es que la clave del éxito para lograr y conservar un alto puesto público sea la conformidad con una ideología ampliamente compartida, y que la originalidad es riesgosa. La historia y la teoría sugieren que los seguidores crean a los líderes, y no lo inverso".

La Argentina se enfrenta a una trascendental contienda electoral el próximo mes de noviembre, la que seguramente obrará como balanza definitoria para la batalla presidencial de 2023. Pandemia y crisis económica mediante, cabe preguntarse si el oficialismo ya ha tomado la debida conciencia de lo que implica una alta inflación para los sectores desprotegidos de la población, núcleo esencial de su masa electoral. La misma nota que debiera tomar la oposición, cualquiera sea, sobre el fracaso electoral que supuso a los gobiernos de la Alianza y de Cambiemos no implementar las medidas económicas imprescindibles para lograr el crecimiento sustentable con equidad social en medio de una puja distributiva edulcorada por un populismo de riesgosa originalidad. Esta turbia atmósfera socioeconómica es la que deberán despejar los líderes políticos en el corto plazo. Caso contrario, sus seguidores no tardarán en cuestionar las bases mismas del sistema republicano violentado, como hemos descripto precedentemente, hace tan sólo dos décadas.

Por Ricardo H Bloch.

Director de RHB Consultores