Guillermo Francos dijo este jueves que el gobierno podría cobrar de forma retroactiva el impuesto a las ganancias a los trabajadores eximidos por un decreto impulsado por Sergio Massa en plena campaña electoral.

En diálogo con radio Rivadavia, el ministro del Interior dijo que "el Poder Ejecutivo, por decreto, dice 'no le retengan los últimos tres meses del año', pero hasta que no haya una ley que lo refrende la obligación con el Estado existe, más allá de que la AFIP no la haya cobrado".

Francos antepuso la solución a ese tema el apoyo de los legisladores a la ley ómnibus, lo que en la oposición toman como una extorsión.

Desde un despacho opositor contestaron que, con ese criterio, el DNU 70/23 no debería tener vigencia. "Demuestra absoluto desconocimiento de las leyes y su aplicación o es una simple extorsión", explicaron.

Francos argumentó que "hubo un decreto que sancionó el Gobierno de Massa, por el cual se quitó la atribución de hacer las retenciones a las empresas a los trabajadores en relación de dependencia", y agregó: "cuando se sanciona la ley (que eliminó las retenciones a la cuarta categoría de Ganancias), se sanciona para el período fiscal siguiente, para 2024".

Bajo ese razonamiento, indicó que no hay eximición para los últimos meses de 2023. "Toda esa gente que quedó en esa situación, si no se soluciona con esta Ley (ómnibus) el tema, van a quedar sujetos a pagar por ese trimestre de 2023, porque eso es el período fiscal 2023, y la ley lo planteó para el 2024. Es un tema que hay que solucionar", explicó.

A través de su cuenta en Twitter, la Confederación General del Trabajo (CGT) le salió al cruce. "El ministro @GAFrancosOk pretende seguir ajustando a los trabajadores. Ese derecho logrado no lo entregaremos para su brutal ajuste fiscal. Quizás sería bueno que comience a aportar parte del salario mensual de U$D 20.000 como funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo durante el anterior gobierno", chicaneó el community manager de la central.

Desde la CTA de los Trabajadores adelantaron a LPO que evaluaban una iniciativa parlamentaria para que tributen más alto las empresas alcanzadas por la segunda categoría del impuesto. "Con eso se puede compensar a las provincias", estimaron.