El secretario de Asuntos Estratégicos y titular del Consejo Económico y Social (CES), Gustavo Béliz, anunció un plan para "desintoxicar" las redes sociales, y en el gobierno se vieron obligados a aclarar que no se trata de una iniciativa para regularlas ni tampoco hay ninguna en estudio.

Béliz expuso durante la presentación de los principales ejes ha del Plan Argentina Productiva 2030 que encabezó Alberto Fernández en el CCK, y en las redes sociales hubo revuelo por la frase del funcionario sobre los planes para las redes.

"Vamos a profundizar los lineamientos centrales del uso de las redes sociales para el bien común", dijo Béliz. "Estamos trabajando con un estudio pionero que marca y propone un pacto para el buen uso de las redes sociales y que dejen de intoxicar el espíritu de nuestra democracia", explicó. "No lo estamos haciendo solos, hemos convocado a 40 universidades de toda la Argentina para pensar y proponer estas iniciativas", completó el titular del CES.

Fuentes del gobierno nacional aclararon a LPO que Béliz no habló en términos de regulación de las redes sociales ni hay ningún proyecto al respecto, como se apuraron a denunciar algunos dirigentes de la oposición como Jorge Macri.

El secretario hacía referencia a la iniciativa "Redes para el bien común" que trabaja el CES desde el año pasado, explicaron desde la Casa Rosada. Esa iniciativa nació a partir de la adhesión de Argentina al Pacto por la Información y la Democracia y de la realización de distintos foros se desprende un "Acuerdo amplio sobre buenas prácticas en Internet".

Ese acuerdo implica un compromiso voluntario de los distintos estamentos del Estado, de la dirigencia política, sindical, empresarial y social, de las universidades, las empresas de medios de comunicación, las autoridades electorales, las plataformas de contenidos digitales y las empresas verificadoras de contenido.

Esos actores deberían comprometerse a distintas acciones para evitar la propagación de noticias falsas, la proliferación e intensificación discursos de odio y la aparición de nuevas formas de violencia, entre otras cuestiones.

En el caso de las plataformas digitales, el documento tiene propuestas destinadas a que "sus términos de servicios, sus criterios de moderación de contenidos y sus procedimientos de revisión sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos, teniendo especialmente en cuenta la protección de las minorías y grupos vulnerables".