El precio de la energía de Itaipú sigue siendo la piedra en el zapato de la gestión de Santiago Peña. El presidente pensaba que la buena sintonía con Lula da Silva le permitiría llegar a un acuerdo sin sobresaltos sobre la tarifa, que Paraguay insiste en aumentar, pero desde Itamaraty no dan señales de una reunión de alto nivel entre los mandatarios, lo que demuestra el malestar que hay en Brasil por la posición del gobierno paraguayo.

En los dos primeros meses de este año, Paraguay recibió 100 millones de dólares por la venta del excedente de energía producida por la binacional a Brasil, necesarios para nutrir el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), un instrumento que equilibra la relación entre el gobierno central y los departamentos -y que ahora está en el centro del debate por el proyecto de "Hambre cero" que impulsa Peña-, aunque en el Ejecutivo asegura que la cifra podría incrementarse si Lula acepta elevar la tarifa, incluso por debajo de las pretensiones de Paraguay.

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El canciller Rubén Ramírez Lezcano señaló que con el precio de la energía anclado en 16,71 dólares por kilowatts al mes, el país perdió unos 400 millones de dólares el año pasado, y que el gobierno espera llevarla a los 22,60 dólares, según el acuerdo al que llegaron Lula y Fernando Lugo en 2009, y que debía estar vigente al menos hasta cumplirse los 50 años de la binacional, es decir, hasta abril del año pasado.

El canciller Rubén Ramírez Lezcano. 

LPOLucas Núñez

Sin embargo, la hidroeléctrica empezó a operar en 1984, por lo que Paraguay quiere aprovechar este año, junto a la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú -que establece los términos de la contratación de la energía- para tumbar el monto que pactaron Mario Abdo Benítez y Jair Bolsonaro en 2023, que Lula defiende para resguardar los costos de la industria brasileña y los consumidores de su país.

El gobierno de Lula sostiene que el interés de Paraguay es inflar la tarifa para aumentar la recaudación, si bien Brasil tampoco escapa a esta lógica

"Algunos podrán criticar que el Gobierno paraguayo solamente quiere buscar lucro y rentabilidad con una tarifa alta, pero la verdad es que necesitamos de esos recursos para poder hacer ese cambio de modelo", dijo Lezcano el fin de semana, en alusión a la estrategia de Peña de incentivar la llegada de capitales extranjeros volcados a la producción. Para Brasil, en cambio, se trata de un escenario hipotético, ya que en las últimas cinco décadas, el consumo paraguayo de la energía de Itaipú nunca superó el 10% del total producido.

El canciller les respondía a las voces más duras del lado brasileño, como la de Enio Verri, director de Itaipú en el país vecino, que en febrero acusó a Paraguay de "radicalizarse" en vez de "continuar con la vida normal de la empresa". El gobierno de Lula sostiene que el interés de Paraguay es inflar la tarifa para aumentar la recaudación, si bien Brasil tampoco escapa a esta lógica.

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El Comité de Estudios para la Evaluación del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (Cecuse) determinó que una vez saldada la deuda por la construcción de la hidroeléctrica, en febrero del año pasado, la tarifa tendría que haber bajado hasta los 10,77 dólares por kilowatts al mes, pero que ambos países la mantienen por encima de ese valor (un 55% más, en base a los 16,71 dólares actuales). Los recursos de la binacional son usados para distribuir las regalías entre las zonas afectadas por la construcción de la represa y financiar proyectos de infraestructura en Brasil y gastos ordinarios en Paraguay, como el almuerzo escolar.

Peña viene jugando con la idea de vender el excedente paraguayo a precio de mercado, lo que implicaría modificar el Anexo C, una cuestión que perjudicaría a Brasil. El gobierno usa esta carta para subir la tarifa -fuentes del Ejecutivo deslizaron a LPO que Lula no aceptará retrotraerla a 22,60 dólares, y que habrá que rebajar la ambición- y apurar a los brasileños por el lado de no comprometer ni el presupuesto ni la estabilidad de la entidad. Mientras las negociaciones no avanzan, Lula saca provecho del monto vigente del costo de la energía.