A un mes de la tragedia del Parque Independencia, donde dos nenas perdieron la vida luego que un carro de la “Vuelta al Mundo” cayera por desperfectos mecánicos, la intendenta Mónica Fein separó de sus cargos a los directores de Inspección municipal, Gregorio Ramírez, y de Concesiones, Hilda Gontín, luego de ser citados por la justicia a indagatoria.

La intendenta de Rosario decidió apartar a dos de los funcionarios cuestionados para tratar de alivianar el pesado ambiente político que vive Rosario, a poco más de un mes de las elecciones generales.

Luego de una larga saga de cruces entre el socialismo y la oposición por la falta de controles y sospechas de irregularidades en las concesiones públicas, Fein tomó la decisión de modificar su gabinete al enterarse que la justicia había llamado a declaración indagatoria a los funcionarios comprometidos. Sin embargo, ya era tarde para frenar el escándalo.

Hasta la citación judicial, la gestión socialista se venía negando a dar despacho a una convocatoria al Concejo Municipal del Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado (ver aparte), junto a los funcionarios requeridos por el Juez, para que den explicaciones de las presuntas irregularidades en el otorgamiento de la concesión del Parque y, sobre todo, sobre las deficiencias en el mecanismo de control que el Estado debía ejercer.

A partir de la investigación iniciada por concejales de la oposición, se constató que, según figura en el pliego, el apoderado de la firma, el ingeniero civil Adrián Francisco Osella, era el mismo profesional encargado de realizar los controles e informar al ejecutivo municipal.

“El ingeniero civil que firma informes técnicos es a su vez uno de los apoderados de la firma International Park. En el pliego constan fojas donde el mismo apoderado de la firma se designa para realizar los informes", denunció la concejala radical María Eugenia Schmuck a medios locales.

Tal como había adelantado LPO, el procedimiento de control consistía en informes periódicos a cargo de técnicos contratados por la concesionaria que luego el municipio los aprobaba o no, sin ninguna otra constatación técnica.

Escándalo en el Concejo

A dos semanas de la catástrofe, la concejala radical María Eugenia Schmuck presentó un proyecto para que se cite al Concejo al Secretario de Gobierno, Fernando Asegurado, junto al Subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Baita, al director de Inspección Municipal, Gregorio Ramírez, y de Concesiones, Hilda Gontín, para que diesen explicaciones sobre la concesión y la falta de controles que debía ejercer el municipio.

El primer intento de la oposición para darle despacho fracasó ya que el concejal del PRO, Roy López Molina, estaba ausente y no se constituyó quórum. A la semana siguiente, el despacho obtuvo tres de las cuatro firmas necesarias para aprobarse. López Molina se negó a avalar la cita a Fernando Asegurado.

A pesar de no prosperar la citación, el jueves, previo a la sesión, se convocó a otra reunión de la Comisión de Gobierno: “Cuando veo el expediente, faltaba el dictamen que habíamos firmado, lo habían sacado del expediente”, explicó el concejal del FPV Roberto Sukerman a LPO.

“Sorprendentemente, la presidenta de la Comisión, Daniela León (UCR, dentro del Frente Progresista) afirma haber sacado el folio argumentando que no tenía validez”, sostuvo Sukerman, quien consideró el hecho como “absolutamente irregular” y advirtió a la concejala León de denunciarla penalmente por “adulteración de documento público” si no aparecía la foja.

“La voluntad política se manifiesta en la firma de los despachos, si se reunían las cuatro firmas, iba al recinto y si no se lograban, significaba que no había voluntad para citar a los funcionarios, pero de ninguna manera se podía arrancar una hoja”, agregó.

Luego del escándalo por la falta de la foja donde constaban las firmas de los concejales Sukerman junto a la de Fernanda Gigliani del PPS y del radical Jorge Boasso, Daniela León le confirmó al denunciante que iba a reintegrar la foja. “Ahora me dijo que la había agregado. Yo voy a ver si eso está en el expediente bien, si no proseguiré con una denuncia penal”, indicó Sukerman.
“Pero el que es cómplice de todo esto es Roy López Molina, el concejal del PRO, que desbalanceó el despacho a favor del socialismo” concluyó.

Funcionarios en la mira de la oposición

Tanto Gontín como Ramírez, los funcionarios citados a indagatoria por la justicia, ya habían sido cuestionados por la oposición en el Concejo Municipal.

Gontín, quien se desempeñaba como Directora de Concesiones, había sido fuertemente cuestionada cuando el Tribunal de Cuentas publicó una resolución donde se detallaban todas las irregularidades que habían podido detectar en las distintas concesiones de los espacios públicos.

También terminó en escándalo el intento de la oposición por citar a Gontín al Concejo. “Es la primera vez en mi vida parlamentaria que planteo romper el quórum”, dijo entonces un ofuscado Cavallero y acusó al socialismo de proteger a los concesionarios.

Ramírez, director de Inspección Municipal, también estuvo envuelto en las polémicas cuando desde las fuerzas de seguridad provinciales clausuraron el sexy-bar “La Rosa” al constatarse que se ejercía la prostitución y el lugar tenía conexión directa con el hotel de alojamiento que funcionaba al lado del bar, lo cual está prohibido por la legislación local.

Desde la oposición se preguntaban cómo la justicia había logrado detectar la relación entre el hotel y el bar cuando desde Inspección Municipal afirmaban que las reiteradas inspecciones del local no detectaron ninguna irregularidad.

International Park, la concesión otorgada por Binner

Lo había adelantado este medio, el Parque donde ocurrió la tragedia había sido habilitado por Hermes Binner durante su segundo mandato a cargo de la Municipalidad de Rosario.

La adjudicación por 15 años, la hizo directamente el Ejecutivo ya que desde el comienzo de la gestión del socialista se comenzó a reinterpretar la Ley Orgánica de Municipalidades considerando que no era obligatorio que las concesiones de grandes espacios públicos tuviesen que ser aprobadas por el Concejo Municipal.

Desde entonces, la oposición ha cuestionado en innumerables oportunidades el criterio, ya que lo consideran arbitrario y no respetuoso de las instituciones.