Gigliani, del bloque del Partido del Progreso Social (PPS), asegura que se está construyendo un edificio de 67,24 metros en donde la legislación sólo permite una altura de 33 metros. “O la arquitecta María Cristina Funes (Directora de Obras Particulares) desconoce el Código Urbano, o está faltando a la verdad”, sostuvo la edil en diálogo con LPO. Además, consideró que la funcionaria debería dar un paso al costado: “Cualquiera de las dos situaciones son graves y debería renunciar”.

La construcción de la “Torre Shopping Condo Hotel”, un lujoso emprendimiento inmobiliario ubicado en la intersección de Boulevard Rondeau y J.B. Justo, generó una fuerte polémica entre la oposición y el socialismo ya que, según el Código Urbano, el edificio duplicaría la altura máxima permitida. En este caso, se trata de una construcción de 25 pisos que dispondrá de 190 departamentos, spa, gimnasio, pileta y locales comerciales.

Desde Obras Particulares, la dependencia que debe controlar el desarrollo inmobiliario en la ciudad, a través de su directora, salieron a desmentir que haya irregularidades y alegaron que el permiso de edificación se otorgó cuando aún regía el viejo Código Urbano, que permitía que las construcciones tuviesen como altura máxima el doble del ancho de la calle. En este caso, según explicó Funes, por el ancho de Rondeau podrían construirse hasta 103 metros de altura.

Sin embargo, para Gigliani, el viejo Código (que fue reemplazado hace 20 días por uno nuevo que es aún más restrictivo), en su apartado 7mo, es claro a la hora de fijar las alturas máximas: “Ninguna edificación puede superar los 36 metros cuando el ancho de calle sea mayor de los 18 metros, por lo tanto, el Código es categórico en el máximo, más allá de que Rondeau tenga un ancho mayor de 50 metros”.

“Estamos en presencia de una funcionaria que por acción u omisión ha permitido que estas y más irregularidades que seguiremos demostrando, se den dentro del área a su cargo. Esto reviste gravedad, más aún en momentos donde la ciudad atraviesa un proceso de cambio en sus normativas y una intensa actividad de la construcción con fuertes acciones especulativas”, prosiguió Gigliani.

La construcción de la “Torre Shopping” ya había despertado la inquietud de los vecinos, entre ellos algunos arquitectos, que desde el comienzo de la obra, en abril del 2012, advirtieron que se estaban transgrediendo las normas urbanísticas. Con la preocupación de no contar con la información mínima obligatoria en el cartel de obra donde debía indicar la altura máxima del edificio, acudieron al Concejo Municipal solicitando dicha información.

El bloque del PPS, que preside Héctor Cavallero, presentó un pedido de informes en agosto del 2012. Frente a la falta de respuesta, fue reiterado a principios de este año, sin tampoco recibir ninguna contestación de parte del municipio.

Frente a la falta de respuestas de los informes solicitados por la oposición, la Directora de Obras Particulares deslindó responsabilidades de su área y se las atribuyó a los las oficinas descentralizadas de la Municipalidad, precisamente al Distrito Norte donde está instalado el edificio.

“La concejala no se acuerda que estamos descentralizados y nosotros no tenemos los permisos de edificación de los seis distritos. En realidad tendría que preguntarle al Distrito Norte porqué no respondió en tiempo y forma”, se defendió la funcionaria Funes en una entrevista radial.

Los otros casos

En Moreno al 400, zona céntrica de Rosario, también hay una construcción que está violando el permiso de obra, con el agravante de que la titular de Obras Particulares fue advertida por una empleada de la repartición sobre las irregularidades. Sin embargo, la arquitecta Funes desautorizó a la empleada y permitió que continuasen las tareas.

El otro caso se observa en barrio Pichincha, reconocido como “La Chicago Argentina” a principios del siglo XX por la proliferación de prostíbulos y el accionar de la mafia, y donde hoy esa zona se ha convertido en un importante centro turístico de la ciudad donde hay numerosos emprendimientos edilicios de alta gama.

En la esquina de Santiago y Güemes, se terminó una edificación que supera los 30 metros de altura, cuando el tope máximo que imponía la norma era de 27,7 metros. “Estos casos reflejan la falta controles y negligencia en el poder de policía que debe ejercer el Estado municipal que, en la mayoría de los casos, opera a través del hecho consumado, permitiendo que las obras se realicen violando el Código Urbano y luego, deba ser el Concejo Municipal el que tenga que dar la excepción o tomar la decisión de derribar las construcciones excedentes”, afirmó Gigliani, quien solicitó la renuncia de la Directora de Obras Particulares.