El jueves fue un día de pésimas noticias para el Gobierno nacional en el ámbito judicial. Por un lado, el juez Daniel Rafecas ordenó avanzar en una denuncia contra Mariano Recalde por enriquecimiento. Por otro, la Sala I de la Cámara Federal volvió a fojas cero la causa por las viviendas de la fundación Madres de Plaza de Mayo y lo apartó a Norberto Oyarbide, el juez favorito de la Casa Rosada. Además, los camaristas rechazaron un pedido de sobreseimiento de Amado Boudou.

Aunque quizá esto no haya resultado una sorpresa para el Gobierno, teniendo en cuenta que ya desde hace tiempo ha perdido el control de los jueces federales, un ámbito en el que supo tener todo ordenado.

La cumbre de jueces y fiscales que reveló LPO hace dos semanas fue otra señal de la progresiva rebelión. Allí, cuatro jueces y dos fiscales acordaron hacerle frente a la avanzada del gobierno. “Puede ser que nos lleven puestos, pero antes nos vamos a defender”, sintetizó uno de los asistentes.

La forma de hacerle frente a medidas como la reforma judicial y al retiro de fondos al fuero federal, es comenzar a movilizar las causas contra funcionarios. No casualmente uno de los asistentes fue el juez Claudio Bonadío, que ordenó la prisión de Ricardo Jaime. También estuvo el fiscal Guillermo Marijuán, que activó la investigación contra Lázaro Báez y se plantó ante Alejandra Gils Carbó, a quien imputó por el nombramiento irregular de fiscales.

Recalde complicado

El presidente de Aerolíneas Argentinas sufrió ayer un duro revés en una causa que estaba paralizada desde hace meses. Según informó La Nación, el juez Rafecas ordenó levantar el secreto bancario y fiscal sobre los movimientos del camporista para investigarlo por enriquecimiento ilícito.

Esta medida había sido solicitada hace seis meses por el fiscal Jorge Di Lello, uno de los que también se menciona como asistente a la cumbre secreta. Di Lello es un viejo militante de la izquierda peronista, donde en los 70 tejió una amistad con el ex Procurador general Esteban Righi, desplazado por pedido de Amado Boudou. Justamente ayer, la Cámara Federal le pidió al fiscal que acelere la investigación contra el vicepresidente por el caso Ciccone.

Di Lello también había pedido un informe a la Sindicatura General de la Nación (Sigen) para que se expida respecto de la viabilidad en el desempeño simultáneo de múltiples cargos por parte de Recalde, que recibe tres sueldos, pese a que no puede tener más de un cargo remunerado del Poder Ejecutivo.

Según la denuncia de Graciela Ocaña, Recalde muestra "groseras inconsistencias" en sus declaraciones juradas y un "extraordinario crecimiento patrimonial". Además, hizo sospechosos préstamos a su padre, el diputado Héctor Recalde, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez.

De acuerdo a la denuncia, los bienes declarados de Recalde -que además de sus tres salarios oficiales, percibe haberes como docente y abogado- crecieron un 75% en dos años y medio: en 2009 dijo ser titular de $ 1.961.617 y US$ 155.049, y en 2011, de $ 3.477.333 y US$ 91.498, según reseñó La Nación.

Según una versión que circula en el mundo político, este tipo de situaciones estaría provocando un cierto desencanto de Cristina Kirchner con algunos sectores de La Cámpora, a los que les estaría bajando el pulgar. Ésta quizás sea la razón por la cual los camporistas participan poco y nada de la campaña (la reunión del miércoles en El Mangrullo tuvo una notoria ausencia de integrantes de la agrupación).

De Vido en la mira

La vuelta a fojas cero de la causa por desvío de dinero en la construcción de viviendas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo podría generarle nuevos problemas a Julio de Vido. La decisión de la Sala I de la Cámara Federal incluyó el apartamiento del juez Norberto Oyarbide y la unificación junto con una causa sobre la actuación de los funcionarios que entregaron fondos, entre los que aparece el ministro de Planificación.

Ahora, el encargado de investigar es Marcelo Martínez de Giorgi, un magistrado que ha fallado a favor del Gobierno en algunas causas, pero es considerado “independiente” en los Tribunales.

El fallo de ayer de la Cámara Federal cuestionó duramente el accionar de Oyarbide y ordenó una nueva investigación desde cero, con lo que el magistrado deberá rastrear nuevamente los vínculos entre los funcionarios que aportaron los fondos y quienes los recibieron.

Los camaristas resaltaron que la investigación no determinó "cuánto dinero habría recibido la Fundación, qué parte del mismo habría sido desviado", ni tampoco sobre "cuál ha sido su destino final", al tiempo que "no constan los nombres de la totalidad de las personas que habrían formado parte de la asociación ilícita".

"La pesquisa llevada a cabo en este sumario de ningún modo puede escindirse de la investigación tendiente a determinar la posible responsabilidad de los funcionarios públicos que intervinieron en las correspondientes contrataciones y que debían controlar la ejecución de las obras encomendadas a la Fundación", concluyeron.