Durante todo el día funcionarios del Gobierno porteño y legisladores de la oposición intercambiaron versiones acerca de la situación judicial de la causa por la construcción del Centro Cívico en los terrenos del hospital Borda.

Desde la administración macrista, María Eugenia Vidal sostuvo que "en todos los casos" la Justicia le dio la razón al gobierno de la Ciudad. "Hay dos fallos judiciales de primera instancia que avalaron que esta obra se inicie", indicó la vicejefa de gobierno. En el mismo sentido, Horacio Rodríguez Larreta insistió con los dos fallos y calificó como una "denuncia mentirosa" la de los delegados de ATE que sostienen lo contrario. El ministro de Seguridad, Guillermo Montenegro, indicó que “la demolición estaba prevista en el amparo, se iniciaron una serie de instancias judiciales que le dieron la razón al gobierno porteño”.

Del otro lado, el legislador Aníbal Ibarra calificó como "ilegítima" la acción de la Policía Metropolitana porque en la Cámara “no hay ninguna resolución”. María Elena Naddeo, Virginia González Gass y otros legisladores que realizaron la presentación judicial reafirmaron que ese tribunal aún debe resolver la acción de amparo para frenar las obras.

El abogado de ATE, Lucas Arakaki, le dijo a LPO que esta mañana no tenían ninguna información sobre resolución alguna de la Cámara. También indicó que el jefe del operativo de la Policía Metropolitana reconoció que no tenían orden judicial sino una decisión administrativa del ministerio de Desarrollo Urbano, que comanda Daniel Chaín.

Por la tarde, Vidal reconoció que la administración macrista no tenía ninguna orden judicial para desalojar el predio del Borda, pero sí tenían el aval para avanzar con las obras en el Taller Protegido n° 19. Se basan en un fallo de la jueza Andrea Danas que avaló el cumplimiento de los requisitos que se le habían exigido al gobierno porteño para continuar con la construcción del Centro Cívico.

Ese fallo levantó las medidas cautelares que había ratificado la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo tras las presentaciones del dirigente de ATE Marcelo “Nono” Frondizi y de un grupo de legisladores encabezados por Naddeo y que habían paralizado los trabajos.

Sin embargo, tras el fallo adverso de Danas, este grupo presentó una nueva acción de amparo ante la Cámara ya que consideran que los requisitos no fueron cumplidos. Según explicó a este medio Andrea Plotquin, la abogada de Naddeo, la Cámara todavía tiene en estudio la resolución de esa presentación.

La letrada considera que mientras que eso no suceda las obras deben estar paralizadas y acusa al gobierno porteño de no respetar los efectos suspensivos del amparo, que se otorga por la naturaleza de la causa, ya que si la construcción se realiza el reclamo ya no tendrá razón de ser.