El violento accionar de “soldaditos” del narcotráfico que en barrio Ludueña de Rosario terminó con la vida de Mercedes Delgado y un saldo de tres jóvenes heridos en Nuevo Alberdi, profundizó la crisis institucional y política en la provincia de Santa Fe.

Los sangrientos hechos, acaecidos en la semana, evidenciaron insuficiencias en las políticas sociales y una vez más, sospechas de connivencia policial. El socialismo le reclama a la Nación mayor compromiso mientras que desde el kirchnerismo acusan al gobierno “de entregar Rosario al narcotráfico”

“No tengo porqué conocer lo que está pasando en cada uno de los barrios de Rosario” dijo Bonfatti frente a los hechos que conmocionan a la ciudad, dejando margen suficiente para las críticas de todo el arco político y obligándolo a retractarse y ensayar una mejor explicación.

A partir del caso Tognoli, en octubre del año pasado, donde se investiga al ex jefe de la policía provincial por conexiones con el narcotráfico, se ha hecho visible, a nivel nacional, una problemática que afecta, sobre todo, a las ciudades más importantes de Santa Fe: la instalación de fábricas y centros de distribución de drogas que reclutan a jóvenes provenientes de los sectores más marginados. Es secreto a voces que estos grupos actúan en complicidad con la policía y la proliferación de los mismos han derivado en una violenta lucha por el territorio.

Sin embargo, unos meses antes de la explosión mediática por la encarcelación de Hugo Tognoli, el entonces ministro de Seguridad, Leandro Corti, quien en un intento por depurar a la policía había puesto en disponibilidad a varios agentes y cambiado a 150 jefes de seccionales, debió renunciar tras la polémica suscitada por la organización de un partido de fútbol.

Según Corti, el partido por el B Nacional entre Rosario Central y Patronato de Entre Ríos no reunía las condiciones de seguridad para que se desarrollara en la cancha de Colón. No obstante las advertencias del ministro, el gobernador Bonfatti habilitó para que el partido se jugase en Santa Fe y Corti renunció.

Según trascendidos, el temor de Corti era que la policía, en represalia a lo actuado, generase hechos de violencia para perjudicarlo. La confirmación del partido por parte del gobernador lo ubicaba en una situación de debilidad para seguir ejerciendo el plan previsto. En su lugar fue nombrado, provisoriamente, Marcos Escajadillo, un hombre de confianza de Binner que ocupó cargos en Defensa Civil y la Guardia Urbana de Rosario hasta el nombramiento de Raúl Lamberto.

La detención y posterior liberación de Tognoli generó un entramado que al día de hoy no ha podido esclarecerse. En su reemplazo fue nombrado el comisario Cristian Solá, segundo de Tognoli, y José Luis Romiti, ambos sospechados de enriquecimiento ilícito. Dichas sospechas fueron confirmadas por el mismo Lamberto en la histórica interpelación que la Cámara de Diputados le hizo al ministro el 21 de noviembre pasado. A pesar de ello, Lamberto decidió mantenerlo en sus funciones a la espera de los resultados de las investigaciones y confirmó lo realizado por Leandro Corti.

Mientras tanto, son investigados 50 agentes policiales de los cuales 21 provienen del ex Departamento de Drogas Peligrosas.

Políticas sociales en la mira

La falta de políticas públicas en los barrios más carenciados de la ciudad se pusieron al descubierto con el asesinado de Mercedes Delgado, quien coordinaba un comedor comunitario en el populoso barrio Ludueña y, al día siguiente, el tiroteo en Nuevo Alberdi que hirió a tres jóvenes del Movimiento Evita.

Frente a lo sucedido, la directora de Salud Mental de Rosario, Débora Daniele, consideró, en medios locales, que “hubo un retroceso del Estado que dejó a los equipos sanitarios en completa soledad y totalmente excedidos por la conflictividad social”.

La funcionaria sostuvo que “con la refuncionalización de los Centros Crecer se perdió capacidad de intervención en los barrios” en referencia a los 32 Centros insertos en las zonas carenciadas donde se coordinaban y desarrollaban políticas sociales y de contención los cuales fueron transformados en Centros Territoriales de Referencia (CTR).

“Tengo la responsabilidad de plantear que el 2012 fue un año muy complicado porque no hubo mucha presencia estatal” concluyó Daniele.

En tanto, la intendenta Mónica Fein salió al cruce de las declaraciones y sostuvo que “El municipio de Rosario tiene 11.500 trabajadores y 8 mil están en el área social, trabajando en la inclusión, en la salud, en la cultura, promoción social y vivienda”.

Según trabajadores de Promoción Social, consultados por LPO, afirmaron que el trabajo social en los barrios no es suficiente y que no cuentan con los recursos necesarios para afrontar las complejidades que la realidad presenta.