El Grupo Clarín emitió un comunicado en respuesta a “las amenazas” del titular de la AFSCA Martín Sabbatella, quien hoy advirtió que el organismo que dirige "va a actuar de oficio después del 7 de diciembre" y "organizará la adecuación" a la ley de medios.

"La amenaza del titular de AFSCA de avanzar de oficio sobre licencias audiovisuales del Grupo Clarín, implica un desafío al estado de derecho y constituye un desconocimiento de la propia ley y del fallo de la Corte Suprema de Justicia, que establece que el artículo 161 de la ley de medios está totalmente suspendido para el Grupo Clarín por su presunción de inconstitucionalidad", arranca el comunicado emitido por Clarín.

"Lejos de negarse a cumplir la ley, los medios audiovisuales del Grupo han sido los primeros en cumplirla en todos sus puntos vigentes. Pero el artículo 161 está suspendido judicialmente, y por eso el AFSCA, como organismo estatal, sabe que no puede exigirle al Grupo Clarín ningún paso administrativo respecto de ese artículo. En otras palabras, no se trata de que el Grupo Clarín quiera o no presentarse. Se trata de respetar el orden jurídico, y ese orden jurídico indica que ese artículo no está vigente para el Grupo", agrega.

Además, advierte que "por el contrario, las reuniones que según el titular de AFSCA ha mantenido con otros grupos mediáticos, sí implican un desconocimiento a la ley y la Justicia, ya que dichos grupos deberían haberse adecuado -según dijo la Corte Suprema- como máximo el 28 de diciembre de 2011. Con lo cual, al mantener estas reuniones un año después, el AFSCA está reconociendo que incumple dicho fallo y la propia ley de medios".

El texto también advierte que "aunque el Gobierno intente confundir, el plazo de un año previsto por el artículo 161 recién comienza a correr para el Grupo Clarín a partir del día en que entre en vigencia dicho artículo. De lo contrario, se daría la paradoja de que quienes no litigaron, no acudieron a los tribunales y no obtuvieron tres fallos a favor en distintas instancias -incluyendo la Corte Suprema- estarían más beneficiados que los que sí lo hicieron".

Por último, el comunicado agrega que la amenaza de Sabbatella "confirma lo que el Grupo Clarín viene manifestando desde hace meses. Se trata de una ley dictada con nombre y apellido, que quiere avanzar sobre las pocas voces independientes que quedan en el mundo audiovisual, y que busca seguir colonizando las radios y los canales de TV de la Argentina".

Asimismo, el Grupo detalla puntualiza otros aspectos de los dichos de Sabbatella que resultan no menos arbitrarias y discrecionales:

"El funcionario desconoció que tras la fusión de Cablevisión, el Grupo Clarín devolvió al ex COMFER todas las licencias que excedían la cantidad de una por localidad, como marca la ley. Pero como al organismo pareciera no interesarle que se cumpla la ley, sino estigmatizar al Grupo Clarín, jamás contestó esa devolución, pese a que esas licencias se dejaron de explotar hace 4 años".

"Sabbatella habló también de índices de participación de mercado, los cuales están desmentidos por datos unánimemente aceptados y hasta por las propias estadísticas oficiales. Por otro lado, Sabbatella no explicó cómo construyó esos indicadores que benefician a medios cercanos al Gobierno".

"Fue muy grave asimismo la mención de que el Gobierno pretende apoderarse no sólo de las licencias sino también de los bienes, infraestructura y equipos que se utilizan para su explotación y en los que se ha invertido. Esta sería una nueva y flagrante confiscación, prohibida por la Constitución Nacional".

"Preocupa además el trato discriminatorio del titular del AFSCA a los distintos grupos mediáticos, lo que no hace más que confirmar la aplicación selectiva de la ley que el Gobierno está haciendo desde hace 3 años con el objetivo de premiar a los medios aliados y castigar a los independientes.

Por último el comunicado remarca cinco puntos en los que les llama la atención:

1) "Que se haya pasado por alto la incompatibilidad de quien resulta ser el principal licenciatario de servicios de televisión abierta, por ser su titular el principal operador del servicio público de telefonía, y de capital extranjero".

2) "Que no se haya mencionado la situación de otro canal de televisión, propiedad de accionistas extranjeros, prohibidos por la ley".

3) "La imprecisión respecto de la cantidad de licencias del segundo cableoperador del país, del que se mencionaron 49 licencias pese a que su titular manifestó públicamente poseer más de 90".

4) "Que se haya avalado una reciente transferencia de medios audiovisuales que viola expresamente la ley de medios, en favor de un empresario aliado al Gobierno".

5) "Que no se haya mencionado la situación de un grupo de radios de un ex banquero menemista, que excede claramente el número de licencias".